Internacionales
Perú, el país de la crisis perenne desde 2000
| Por AFP |
Perú, cuyo presidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido el miércoles por el Congreso por «incapacidad moral», ha encadenado una crisis política tras otra desde la destitución de Alberto Fujimori en 2000.
Destitución de Fujimori
El 21 de noviembre de 2000, tras un escándalo de corrupción, el Parlamento destituyó por «incapacidad moral permanente» a Fujimori, presidente desde 1990, quien había presentado su renuncia el día antes desde Japón, adonde había huido.
Detenido en 2007 en Chile y extraditado, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El octogenario expresidente gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto que posteriormente la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anularon.
Se encuentra purgando su condena en Lima.
Crisis gubernamentales
En 2003, el presidente centrista Alejandro Toledo declaró el estado de emergencia ante una ola de descontento social. Parte de la oposición y la prensa exigieron su salida «por incompetencia». El gobierno dimitió en bloque.
En 2008, el presidente socialdemócrata Alan García aceptó la renuncia del gobierno tras descubrirse un presunto caso de corrupción a favor de la petrolera noruega Discover Petroleum.
El 6 de junio de 2011, Ollanta Humala se convirtió en el primer presidente de izquierda en 36 años. Un año después, los miembros de su gobierno, criticados por su gestión de los conflictos sociales (17 muertos), renunciaron.
En 2015, la jefa de gabinete de Humala, Ana Jara, fue apartada del cargo por una moción de censura, la primera en 50 años, tras un caso de espionaje.
Renuncia y acusación
Elegido en 2016, el presidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski pasó a ser investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht con sobornos a políticos a cambio de contratos.
El 21 de marzo de 2018, «PPK» renunció en vísperas de una probable votación parlamentaria para acusarlo formalmente de cara a un juicio de destitución. Fue puesto en prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario.
Investigado por el mismo caso, Ollanta Humala recibió prisión preventiva en 2017, acusado de haber recibido tres millones de dólares de la firma durante su campaña electoral. Acusado en 2019, ha estado en juicio, junto con su esposa, desde el 21 de febrero de 2022.
Detienen a Keiko Fujimori
La líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto, también objeto de una investigación por el caso Odebrecht, fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza en mayo de 2020.
Cuando la Fiscalía se disponía a llevarla a juicio para pedir 30 años de prisión en su contra, compitió en la carrera electoral contra Pedro Castillo, llegando a disputarse la presidencia en segunda vuelta en junio de 2021. Perdió por estrecho margen.
Suicidio de García
Sospechoso de un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con el escándalo de Odebrecht, el expresidente socialdemócrata Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando estaba por ser arrestado.
Toledo detenido
También sospechoso de corrupción en este escándalo, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y luego puesto bajo prisión domiciliaria tras estar siete meses encarcelado. La justicia estadounidense autorizó su extradición en septiembre de 2021, pero Toledo apeló y Perú está a la espera de que sea entregado.
Seguidilla de presidentes
En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento controlado por la oposición fujimorista y anunció elecciones legislativas anticipadas.
El Congreso respondió al año siguiente suspendiéndolo por un año y votando para reemplazarlo por la vicepresidente. Pero líderes militares, policías y gobernadores regionales le dieron su apoyo. El vicepresidente renunció.
En enero de 2020, los fujimoristas perdieron las elecciones legislativas. En noviembre, el Parlamento destituyó a Vizcarra por «incapacidad moral», en medio de acusaciones de supuestos sobornos recibidos mientras era gobernador en 2014.
El titular del Legislativo, Manuel Merino, asumió la presidencia pero renunció a los cinco días, presionado por movilizaciones en la calle y la clase política. Hubo dos muertos.
El ingeniero Francisco Sagasti, presidente electo del Parlamento, asumió la presidencia interina entre noviembre de 2019 y julio de 2021.
Pedro Castillo, candidato de una coalición de izquierda, ganó las presidenciales de 2021 que lo enfrentaron a Keiko Fujimori.
Destituido este miércoles, sus 16 meses en el cargo estuvieron marcados por luchas internas dentro del gobierno y ataques de la derecha radical.
Intentos de juicio político contra Castillo
En diciembre de 2021 y luego nuevamente en marzo de 2022, el Congreso, controlado por la oposición derechista, rechazó dos solicitudes de destitución por «incapacidad moral» contra Pedro Castillo, en el poder desde el 28 de julio de 2021.
En noviembre de 2022, nombró a su quinto gobierno en seis meses.
En agosto, fue objeto de un total de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, una situación sin precedentes en Perú.
El 11 de octubre, la justicia interpuso un recurso de inconstitucionalidad acusándolo del delito de organización criminal de corrupción. Esta investigación sigue en curso.
Internacionales
Captura de 12 presuntos miembros del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en Michoacán
La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.
El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.
Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.
Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.
El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.
La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.
Economía
Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto
El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.
A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.
Medidas tributarias temporales
Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.
Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.
El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
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