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Crece presión política en Perú con marchas extendidas a Lima

Foto: Diego Ramos / AFP

13 de enero | Por AFP | Luis Jaime Cisneros |

Los llamados al cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte se extienden este viernes en Perú, donde las protestas abarcaron Lima y los bloqueos persisten en el sur andino, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.

Este viernes Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones, y amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada al no tener comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.

La jornada registró también nuevas marchas en Tacna, a 1.224 km al sureste de Lima, fronteriza con Chile, país vecino que tuvo que cerrar temporalmente su paso el jueves «debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa», informaron las autoridades chilenas.

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Gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de que la presidenta Boluarte renuncie.

«¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana», dijo a la prensa el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco y 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó en una entrevista de radio que la renuncia de Boluarte «se está madurando» y aseguró que la dimisión el jueves el ministro de Trabajo, Eduardo García, «es el principio del fin».

El bloqueo de varias carreteras por manifestantes, en especial en el sur del país, también se han extendido a zonas de la selva. En la región amazónica Madre de Dios, frontera con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras causando algunos destrozos a la casa de un congresista el jueves por la noche.

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Demandas políticas

«Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución», «Dina, asesina, renuncia enemiga», son consignas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos en varias regiones del sur del país, históricamente marginado, y que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.

Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.

A ello se suman los reclamos de la población y familiares de víctimas de justicia y sanción para los responsables de las más de 40 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde hace un mes.

Además de 42 muertos, hay 531 heridos -355 civiles y 176 agentes de la policía- y 329 detenidos, según la fiscalía que esta semana pidió una investigación por «genocidio» contra Boluarte y miembros de su gabinete.

Cusco, el turismo paralizado

En una crisis intensa, sin luces de resolverse por ahora, en el Cusco, meca del turismo, las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.

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El saldo trágico de 42 muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la «moderación» a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Hasta ahora las regiones del norte de Perú, donde están asentadas gran parte de las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.

¿Hay salida?

Después de una tregua a finales de diciembre, las protestas se reanudaron la semana pasada, con un giro en las demandas en las calles que en diciembre pedían la liberación de Castillo. Mantienen además el reclamo de instalación de una Asamblea Constituyente.

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Sin embargo, ahora hay un contundente llamado al cierre del Congreso, institución a la que se culpan de haber hecho oídos sordos al pedido popular de elecciones anticipadas, que resolvieron fijar para abril 2024 y descartaron la fecha de diciembre 2023 que apoyaba también Boluarte.

El gobierno culpa de la situación a «azuzadores profesionales financiados por dinero ilegal». El primer ministro, Alberto Otárola, ha descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie.

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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.

El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.

Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.

Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.

Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.

El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.

Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.

De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.

Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.

Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.

Centroamérica

Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.

“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.

El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.

Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.

Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.

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Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.

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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele

Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.

La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.

En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.

Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.