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Tres claves para comprender el descontento social en Perú

Photo: Ivan Flores / AFP

20 de enero | Por AFP | Luis Jaime Cisneros |

El descontento en los Andes del Sur de Perú, que estalló en diciembre pasado en la región donde hace siglos nació el imperio inca, ha provocado las mayores movilizaciones sociales del siglo XXI en este país sudamericano, dejando al menos 44 muertes.

¿Qué ha encendido la cólera de miles de indígenas?

El detonante fue el rechazo a la destitución fulminante el 7 de diciembre en el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado con el cual intentó cerrar el Parlamento, de mayoría derechista, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.

La destitución ocurrió horas antes de que el Legislativo votara una moción para separar a Castillo, a quien la fiscalía investigaba por corrupción. Luego un juez lo condenó a 18 meses de prisión preventiva por delito de rebelión en flagrancia.

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La vicepresidenta Dina Boluarte que estaba distanciada de Castillo lo reemplazó, de acuerdo a ley. Pero el repudio popular a la sangrienta represión de las protestas relegó a Castillo a un segundo plano, potenciando el pedido de renuncia de la nueva presidenta y el cierre del Congreso.

Las protestas empezaron en el «Perú profundo» las zonas andinas del sur peruano y se han extendido hasta Lima.

Racismo

Uno de los factores fundamentales son el sentimiento de discriminación y la mala calidad de vida diaria, afirma a la AFP el analista político Mirko Lauer.

“Es un descontento antiguo, complejo. Estas son personas que traen las furias y las penas de haber sido víctimas del sistema feudal, de haber tenido que separarse de sus familias por migraciones internas (en busca de mejores condiciones de vida), de haber sido víctimas de radicalismos y reaccionarismos. El descontento no funciona como programa político sino como un grito de cólera desde el corazón», acota Lauer.

El historiador Antonio Zapata considera que cuestiones de «identidad» explican también en buena medida las protestas. Los campesinos imaginaban tener a «uno de los suyos» en el poder con Castillo, un maestro rural y líder sindical de origen andino.

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«Él representaba al Perú rural…(las protestas) están diciendo nos han sacado nuestra oportunidad histórica», sostiene Zapata en el diario La República.

Ese sector del campesinado reclama además el cierre del Parlamento porque estima que «no dejó gobernar» al destituido presidente. «Esa población juzga que no es justo que gobiernen los que han fregado al profesor Castillo», reflexiona Zapata.

A ello se suma la demanda de una Asamblea Constituyente que elabore una Carta Magna que reemplace a la de 1993, que consagra a la economía de mercado como eje del desarrollo, raíz de las desigualdades sociales desde su punto de vista. Esa era la principal promesa electoral de Castillo.

La polarización

“La polarización es una de las causas de las protestas; no es ideológica: es la del ‘establishment limeño’» versus las provicias pobres del sur, señala a la AFP Carlos Meléndez, politólogo y profesor de la universidad Diego Portales en Chile.

Esto se explica por el centralismo de Perú, donde las regiones andinas o amazónicas fueron las menos beneficiadas del ‘boom’ económico de los últimos 30 años.

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Del lado del ‘establishment’ está la economía formal, partidos de derecha, las fuerzas del orden, las corporaciones de medios, las clases altas y medias altas, y la costa norte industrializada del país.

En el otro lado hay una coalición «que tiene sus propios poderes como la economía ilegal (contrabando, nacortráfico, minería), que se imbrincan con radicalismos de izquierda, sindicatos y el brazo político de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso», explica Meléndez.

A ello se suma «la fragmentación y multiplicación de minipartidos, sin sustento de base social, creando la ausencia de interlocutores».

La pobreza

“Hemos tenido una importante etapa de crecimiento que empezó a terminar en 2016, en coincidencia con la turbulencia política que se desata ese año con la guerra entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, luego vino la pandemia y la pobreza creció en 10 puntos», describió a la AFP el economista y analista Augusto Alvarez Rodrich.

«Eso exarcebó la situación (en las regiones andinas) y es lo que expresa la desazón que existe en el país, donde tenemos una protesta sin rostro, sin liderazgo», añade.

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Durante la bonanza económica, la pobreza disminuyó de más del 40% a un 10% en tres décadas antes de dispararse al actual 26% de 2022.

Las protestas andinas tienen un elemento globalizador: el descontento con las élites. Y el populismo en boga, de izquierda o derecha, está construido sobre el odio a las élites, reflexiona Lauer.

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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.

El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.

Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.

Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.

Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.

El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.

Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.

De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.

Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.

Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.

Centroamérica

Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.

“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.

El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.

Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.

Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.

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Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.

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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele

Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.

La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.

En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.

Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.