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Presidenta Boluarte pide diálogo para poner fin a protestas en Perú
6 de enero | Por AFP|
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, llamó al diálogo a quienes este jueves bloqueaban vías en varias regiones del país, exigiendo su renuncia.
Las protestas contra el nuevo gobierno se reiniciaron el miércoles tras un receso por las fiestas de fin de año. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, quien asumió hace casi un mes, además del cierre del Congreso y el adelanto inmediato de elecciones.
«Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón, nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen a la casa de gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar y, de una vez, pongámosle fin a estas marchas de protesta», dijo Boluarte en conferencia de prensa en Lima.
Boluarte criticó los bloqueos de carreteras que se extienden por segundo día consecutivo, complicando las actividades económicas y turismo. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo el jueves por la tarde, se registran movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país.
«El derecho a la protesta pacífica termina cuando se violentan los otros derechos, y eso implica el bloqueo de caminos y el no dejar que las personas transiten libremente en espacios que se han ido bloqueando», indicó Boluarte.
Esperan disminución
Las protestas ocurren en las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios (sureste) Ica (suroeste), Apurímac (centro sur), Moquegua, Tacna (sur), Huánuco, Junín (centro) y Cajamarca (norte). Son sectores donde Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene apoyo.
En Ica, pobladores bloquearon la carretera Panamericana Sur, principal vía que llega hasta la región Tacna (frontera con Chile).
Los bloqueos con neumáticos incendiados y piedras impiden el paso de decenas de buses de pasajeros y vehículos de carga.
En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios, manifestantes mantienen bloqueado un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.
«En la región del sur se ha concentrado un mayor registro de protestas», declaró el ministro del Interior, Víctor Rojas.
«Espero que en las próximas horas o días se vayan diluyendo las protestas como se están llevando. Nos mantenemos tolerantes para continuar con el respeto de todas las personas en su derecho de protesta», agregó.
Como prevención, el tren entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, sigue suspendido para evitar contratiempos a los visitantes.
En las protestas de fines de 2022, miles de turistas quedaron varados en Machu Picchu y en el Cusco, ante la interrupción de la vía férrea y el cierre del aeropuerto, tras una tentativa de toma por parte de los manifestantes.
«Injerencia» de Evo Morales
El miércoles, la presidenta Boluarte pidió al exmandatario de Bolivia Evo Morales dejar de «intervenir» en los asuntos internos del país y dijo que las autoridades migratorias evalúan si le permiten entrar al territorio.
El izquierdista Morales, aliado del destituido Castillo, es acusado por sectores de derecha de azuzar las manifestaciones en contra de la nueva presidenta, principalmente en Puno, región fronteriza con Bolivia, donde el líder indígena cocalero ha realizado actividades el año pasado.
«El Perú rechaza cualquier intento injerencista en nuestros asuntos internos», insistió este jueves el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.
El jueves, el legislador y almirante en retiro Jorge Montoya presentó en Lima una denuncia penal contra Morales por presuntamente atentar contra la seguridad nacional y lo calificó como un «enemigo declarado del Perú».
Por su parte, Morales pidió a través de Twitter «parar las masacres y las detenciones ilegales» y sostuvo que ofrecerá «la otra mejilla» si le impiden entrar a Perú.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, reiteró que se «han detectado» a cinco ciudadanos bolivianos participando en las manifestaciones en Puno.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido y acusado de rebelión.
Tras la caída de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene más adeptos.
Policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.
El gobierno se comprometió a colaborar con las investigaciones de esos hechos, ante cuestionamientos sobre un uso excesivo de la fuerza.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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