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Castillo quedó bajo condiciones de reclusión legales en Perú

Foto: DW

| Por AFP |

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas en una cárcel de Lima, dijo el viernes la Defensoría del Pueblo.

«Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal», informó en Twitter la defensoría, quien entró a la prisiónjuev junto a un equipo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Según el Instituto Nacional Penitenciario, el encuentro entre Castillo y las delegaciones se realizó en privado el jueves por la mañana.

Sin complicaciones

El jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, dijo a la AFP que Castillo les manifestó que se encuentra «en una situación estable (…) Sin ninguna complicación en la parte física».

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Fernández detalló que la celda de Castillo tiene un área para dormir y una sala, donde puede recibir la visitas. Se trata de una celda propia, sin restricciones de salida a un patio privado, donde puede realizar actividades o un taller.

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.

La prisión cuenta con tres celdas separadas. Una de ellas ya está ocupada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condena por crímenes de corrupción y lesa humanidad. La tercera está vacía.

Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido intento de dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre, y su posterior destitución por parte del Congreso.

La delegación de la CIDH está en Perú en el marco de una visita de trabajo que investiga las violentas protestas que dejaron al menos 22 muertos desde la caída de Castillo.

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Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional.

La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.

El jueves, a través de la cuenta de Twitter del exmandatario, su abogado, Wilfredo Robles, había escrito que «solicitó una reunión» entre su defendido y la misión CIDH que desde el lunes se encuentra en el país.

En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar «privado arbitrariamente» de sus derechos.

Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter «especial atención» a la salud de su esposo.

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«Que haya justicia»

Los familiares de Castillo fueron recibidos la tarde del jueves por la delegación de la CIDH en un hotel de Lima.

«Se está cometiendo una injusticia. Que haya justicia y que sea muy transparente para todos», dijo al salir de la reunión Vilma Vásquez, sobrina del expresidente.

La misión de la CIDH se reunió también con autoridades de Ayacucho (sur), donde fallecieron al menos 10 personas en enfrentamientos con militares. Otro grupo visitó Lima y Cusco (sureste).

En su visita a Perú, conversaron también con «organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional», dijo en redes sociales la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad.

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Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.

En un comunicado este jueves, Human Rights Watch pidió a las autoridades de Perú «realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes» sobre el «asesinato» de manifestantes.

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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.

El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.

Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.

Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.

Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.

El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.

Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.

De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.

Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.

Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.

Centroamérica

Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.

“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.

El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.

Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.

Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.

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Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.

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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele

Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.

La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.

En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.

Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.