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Manifestantes toman aeropuerto de Arequipa pese a anuncio de elecciones anticipadas en Perú
| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |
Con piedras, palos quemados y neumáticos en llamas cientos de manifestantes bloquean la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad de Perú, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese a su anuncio de que intentará adelantar elecciones para abril de 2024.
«La pista de aterrizaje del aeropuerto ha sido bloqueada con piedras, palos y neumáticos», dijo un fotógrafo de la AFP en el lugar.
La iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida y el aeropuerto fue cerrado. La policía enfrenta a los manifestantes con gases lacrimógenos, constató la AFP.
El anuncio de la presidenta de que presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no ha calmado a los manifestantes, que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, el cese del parlamento y nuevos comicios ya.
Las carreteras de acceso a varias ciudades del país permanecían bloqueadas el lunes en el norte y sur del país, entre ellas en Arequipa, Trujillo y Cusco.
Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado del pasado miércoles y posterior destitución por parte del Congreso. Fue reemplazado en la jefatura de Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Boluarte dijo en la madrugada del lunes que intentará «lograr un acuerdo con el Congreso» para adelantar las elecciones a abril de 2024.
También anunció que declaraba el estado de emergencia en las zonas donde se registran protestas violentas.
Protestas en aumento
Las movilizaciones tomaron amplitud desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.
En la ciudad sur andina de Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y una veintena de heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.
El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado, reportó la radio RPP.
Miles de personas se movilizaron el fin de semana por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.
En Lima, la policía dispersó la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron al Congreso gritando lemas como «¡Castillo no estás solo, el pueblo te respalda!», y con pancartas que leían «Dina y Congreso la misma porquería» o «Ratas corruptas».
Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
«Paro indefinido»
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas agitan los tambores anunciando un «paro indefinido» a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la «inmediata libertad» de Castillo.
Según el Frente Agrario, Castillo «no perpetró ningún golpe de Estado» cuando el miércoles anunció la disolución del Congreso, la intervención de los poderes públicos y dijo que gobernaría por decreto.
El Congreso, dominado por la derecha, aprobó en la madrugada de este lunes una norma que permite acelerar un juicio penal contra Castillo.
Castillo fue detenido el miércoles por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.
Elecciones anticipadas
La atención está puesta este lunes en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones generales anticipadas, pues implica también que ellos recorten su mandato en dos años.
Para recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.
«Tiene que haber una negociación política para que el Congreso haga las reformas políticas básicas que se necesita para unas nuevas elecciones», dijo a la AFP la analista política Giovanna Peñaflor.
Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, un 86 % de los peruanos desaprueban al parlamento.
Mientras tanto, crecía la polémica en torno a la versión de un exjefe de gabinete y del abogado de Castillo de que el expresidente estaba dopado al leer el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.
En una carta que habría redactado en prisión, Castillo sostiene que un médico y enfermeras «camuflados» y una fiscal «sin rostro» lo «obligaron» a sacarse muestras de sangre el viernes y sábado, pero dijo que se negó porque temía por su seguridad.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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