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Claves para entender el apoyo y rechazo al depuesto Castillo en Perú
| Por AFP | Moisés Ávila |
Unos protestan en los Andes para exigir, incluso con violencia, su libertad. Otros apoyan que los militares contengan las manifestaciones a tiros ¿Por qué el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, genera pasiones extremas?
Cuando Castillo, un humilde maestro rural de izquierda, trató de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre, la aprobación a su gestión llegaba al 31 %. Su gobierno «fue sumamente caótico, contradictorio lleno de marchas y contramarchas y de gestión pública tuvo prácticamente nada», dice a la AFP Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya.
En el año y medio que llevaba en el poder, de los cinco del mandato, tanto él como su entorno estaban señalados de corrupción. Castillo justificó su intento de golpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas. Pero fue preso por rebelión y destituido por el Congreso.
1. Identificación
«Castillo ha sido vacado injustamente, quien nos representaba era él. Este Congreso enquistado en Lima ha vulnerado nuestros derechos», dice Freddy Quispe (45), agricultor en la sureña Abancay, Apurímac, mientras bloquea una vía bajo la atenta mirada policial.
Más de la mitad de los 33 millones de peruanos se considera mestizo y una cuarta parte indígena, según el censo de 2017.
A Castillo lo respaldan sectores rurales, empobrecidos, postergados. Allí fue donde obtuvo más alta votación.
«Todos nuestros recursos están en manos de los privados. Apurímac es zona minera y tenemos problemas económicos, raciales, los de Lima nos tratan como cholos, como indios, como brutos», considera Juan Ochicua (53), agricultor en esta ciudad, epicentro de las protestas.
Castillo «buscó generar una identificación con el uso del sombrero, el uso del poncho, reivindicando su origen campesino, su vínculo con las comunidades», dice a la AFP la antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Quienes lo apoyan consideran que la obstrucción lo forzó a hacer lo que hizo y reflexionan: «Castillo ha sido tan maltratado como nosotros lo somos habitualmente», agrega.
Intentó «dar un autogolpe, cosa poco democrática, pero eso se esfuma en la desconfianza de un sector que no cree que sea así y sale a defender a alguien que ‘es como yo’», sostiene Aldo Panfichi, profesor principal de Ciencias Sociales en la PUCP.
2. Repudio al Congreso
Al Congreso le iba peor que a Castillo, con más de 80% de desaprobación. Varios de sus miembros han sido señalados por corrupción y hasta violación sexual.
Quien perdió la elección, la derechista Keiko Fujimori, no reconoció el triunfo de Castillo y denunció fraude. Pero logró suficientes escaños para hacerle contrapeso.
Keiko, quien estuvo prisión preventiva en el marco de la pesquisa por el caso Oderbrecht, es hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes contra los derechos humanos.
«Yo creo el factor más gravitante es el repudio que se tiene al Congreso (…) el factor que más ha encendido la situación», sostiene Cárdenas.
Castillo «ha tenido una serie de falencias, pero ha ejercido en las condiciones más duras, con hostilidades desde antes de que asumiera, con un Congreso obstruccionista», detalla Ilizarbe.
3. Racismo
«Perú es un país sumamente racista y sumamente discriminador, tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta», explica Cárdenas, que cita una encuesta de 2020 del ministerio de Cultura.
Originario de Chota, Cajamarca, en la sierra norte, Castillo habla con acento andino, motivo de discriminación. A veces le cuesta transmitir las ideas y lo llaman «burro» para significar falta de inteligencia.
Panfichi recuerda que hay un tema de clasismo y «temor a perder los años de crecimiento económico. Se aspira a un modelo más occidental y miran a Castillo y dicen: no me representa».
4. «Terrucos»
La policía dice que entre los agitadores de las protestas hay personas vinculadas al proscrito Sendero Luminoso, grupo maoísta considerado terrorista que le declaró la guerra al Estado entre 1980 y 2000.
Reclutaban campesinos forzosamente, que quedaron atrapados en el fuego cruzado de senderistas y militares.
Tras la derrota de Sendero, mucha población indígena quedó estigmatizada bajo el apelativo de «terruco», calificativo que en el Parlamento o redes sociales se aplica a quienes impulsan propuestas de izquierda.
«Todos los sectores empobrecidos del país son potencialmente terrucos, ese es el imaginario», comenta Ilizarbe.
Para Panfichi, esos ataques suelen venir de un sector conservador que en Perú tiene «un pensamiento poco elaborado, básico y autoritario». Aunque estima que es un tema generacional. Ciudadanos emergentes o gente exitosa en los negocios integra las nuevas élites: «ya no se puede asociar dinero con color de piel».
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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