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El poder político en un Perú ensimismado, incapaz de resolver sus problemas
30 de enero | Por AFP | Gonzalo Ruiz |
Perú está entrampado en un marcado deterioro de su clase política, incapaz de dar respuestas y conectar con un país fracturado que ha visto morir a 48 personas en enfrentamientos directos desde el 7 de diciembre, coincidieron expertos consultados por la AFP.
Aunque la rechazada propuesta de adelantar las elecciones generales para este año aún tiene una oportunidad con la reconsideración que se presentará el lunes en el Congreso, algunos politólogos son escépticos de que se logren avances.
«Este es un Congreso tóxico: Es rechazado por 88 % de la población, según encuestas; es tildado por (la asociación civil) Proética como la institución más corrupta, es el Legislativo más desprestigiado de la región en el Latinobarómetro», recordó Alonso Cárdenas, de la London School of Economics.
«El Congreso, como casi toda la clase política del Perú, vive de espaldas al país, no lo comprende», añadió Roger Santa Cruz, de la universidad jesuita limeña Antonio Ruiz de Montoya.
La madrugada del sábado, tras más de siete horas de debate con reproches, el Parlamento rechazó la propuesta de Hernando Guerra García, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), para que las elecciones ya no fueran en abril de 2024, como se prevé, sino en octubre de este año, de manera que la presidenta y los parlamentarios se vayan en diciembre próximo.
La propuesta de Guerra García, de quien sus adversarios dicen que cumplía órdenes de la líder de FP, Keiko Fujimori, era a la vez una respuesta a la presidenta Dina Boluarte, quien instó el viernes en anticipar los comicios para salir del «atolladero».
Según Santa Cruz, las dudas de los rivales al fujimorismo son razonables: «Fuerza Popular tiene bases a lo largo y ancho del país. Tiene más capacidad para una campaña corta. Lo suyo es cálculo político», señaló.
Los partidos Renovación Popular y Avanza País, que comparten con el fujimorismo el espacio más a la derecha en el espectro ideológico del Congreso, se apartaron de su aliado y barrieron con el proyecto de Guerra García.
Razones «mediocres»
«La alianza que respalda a Boluarte se está resquebrajando», advirtió Cárdenas.
La hoy mandataria fue elegida vicepresidenta por el partido izquierdista Perú Libre, pero desde que sucedió el 7 de diciembre al destituido Pedro Castillo, su apoyo se basa en las bancadas conservadoras.
La izquierda también tiene su cuota de responsabilidad en esta falta de acuerdo político para salir de la crisis, porque condiciona su voto al adelanto de elecciones a un referéndum por una Asamblea Constituyente, posibilidad rechazada por amplios sectores del poder.
«La izquierda sabe que su propuesta no va a tener nunca apoyo de la derecha», señaló Cárdenas, para quien el tema se usa como pretexto para negociar beneficios menores.
«Son razones bastante mediocres (de parte y parte). No ideológicas, ni de modelo de país. Son temas como aferrarse a los cargos por unos meses más», añadió.
Los expertos también destacaron entre las debilidades del Congreso actual, el hecho de que esté fraccionado en más de diez fuerzas políticas, además de congresistas independientes, sin liderazgos fuertes ni personalidades que generen consenso.
Por eso, según Cárdenas y Santa Cruz, la eventual renuncia de Boluarte no necesariamente aliviaría tensiones porque no han surgido figuras de «personalidades democráticas, vinculadas a los derechos humanos, concertadores, con experiencia» como lo fue tras la salida de Alberto Fujimori (1990-2000) Valentín Paniagua o Francisco Sagasti en 2020 tras la caìda del gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020).
Seis años de Congresos rebeldes
Perú ha tenido seis presidentes desde 2018, de derecha, de centro, de izquierda. Un incendio al que la clase política aporta más fuego que agua y en el que el Congreso pareciera limitar su función a pelearse con el Ejecutivo.
Todo comenzó en 2016 con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que pese a ser de derecha, fue blanco de la bancada fujimorista hasta 2018, cuando consiguió destituirlo por haber derrotado a su líder, Keiko Fujimori.
Su reemplazo, Martín Vizcarra, corrió la misma suerte, y a su sucesor impuesto por el Congreso, Manuel Merino, lo sacó en 2020 una revuelta de cinco días en las calles de Lima.
La historia continuó con Castillo, quien libró una guerra contra el Congreso que acabó con su destitución, producida además después de que intentara cerrar al Legislativo y gobernar por decreto. Ahí empezó la historia de Boluarte.
En medio de la convulsión actual, más dura en el relegado sur andino, no hay garantía de que de las elecciones en 2023 o en 2024 salgan mejores autoridades, concluyeron ambos politólogos.
«La salida política está en una reforma política, pero esa reforma la tienen que hacer estos políticos», ironizó Cárdenas.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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