Centroamérica

TSE cerrará en agosto tres actividades clave del calendario electoral

Tres actividades contempladas en el calendario de las próximas elecciones generales de El Salvador finalizarán durante agosto, de acuerdo con la agenda establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Una de ellas corresponde al período para actualizar el Documento Único de Identidad (DUI) de los salvadoreños residentes en el territorio nacional, cuyo plazo vence el 27 de agosto.

El TSE hizo un llamado a los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio para que actualicen la dirección registrada en su DUI, con el objetivo de que puedan ejercer el voto en un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.

Para facilitar el trámite, se ampliaron los horarios de atención en cinco duicentros ubicados en Galerías, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y Santa Tecla. La actualización también puede realizarse a través de la plataforma en línea dui.sv.

Inscripción de partidos y coaliciones

Otra de las actividades que concluirá este mes es la presentación de solicitudes para la inscripción de nuevos partidos políticos, cuyo plazo para la admisión de solicitudes vence el 31 de agosto.

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En esa misma fecha finalizará el período para la admisión de solicitudes de inscripción de pactos de coalición entre partidos políticos.

El artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos establece que la inscripción de coaliciones debe concluir 120 días hábiles antes de la fecha de las elecciones. La normativa también establece que este plazo es improrrogable.

Según el calendario electoral, una vez recibidas las solicitudes de coalición, el TSE deberá resolverlas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación.

De acuerdo con las fechas establecidas, el Tribunal deberá notificar a los partidos políticos sobre las resoluciones correspondientes el 3 de septiembre.

La notificación final relacionada con la inscripción de las coaliciones está prevista entre el 7 y el 11 de septiembre, conforme al calendario electoral.

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Con estos plazos, agosto se convierte en un mes clave para la organización del proceso electoral, tanto para los ciudadanos que necesiten actualizar sus datos de identidad como para las organizaciones políticas que busquen participar en las próximas elecciones.

Centroamérica

El Salvador envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

El Salvador enviará 100 toneladas de insumos humanitarios a Colombia para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país suramericano el pasado lunes, informó el presidente Nayib Bukele.

La asistencia será trasladada en dos aviones de carga. El primero partió la noche del martes con parte de los suministros, mientras que el segundo será enviado este miércoles.

Bukele explicó que el Gobierno de Colombia informó que sus equipos de rescate, personal médico y cuerpos de emergencia ya se encuentran desplegados para atender la emergencia, por lo que en esta etapa no es necesaria la presencia de personal salvadoreño.

Ante esta situación, las autoridades colombianas solicitaron principalmente insumos para apoyar a las familias afectadas por el sismo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció la ayuda enviada por El Salvador y destacó la solidaridad del pueblo salvadoreño ante la emergencia.

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“En nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, expresó el mandatario colombiano.

El Salvador mantiene disposición de apoyar

Desde que ocurrió el terremoto, Bukele ha expresado su solidaridad con Colombia y manifestó la disposición de su Gobierno para brindar asistencia de acuerdo con las necesidades que fueran identificadas.

Según los datos proporcionados en el reporte, el terremoto dejó 240 personas fallecidas y más de 1,300 heridas.

“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, señaló Bukele.

El mandatario también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseos de recuperación para los heridos.

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Antecedentes de asistencia internacional

El Salvador ha participado en los últimos años en diferentes operaciones de asistencia humanitaria fuera de sus fronteras, con el envío de insumos y equipos de apoyo a países como Guatemala, Honduras, Turquía, Costa Rica y Jamaica.

Más recientemente, el país brindó asistencia a Venezuela después de que esa nación registrara dos terremotos consecutivos en junio pasado.

Durante un acto de condecoración al contingente salvadoreño que participó en las labores de asistencia y rescate en Venezuela, Bukele destacó la disposición de El Salvador para apoyar a otros países ante situaciones de emergencia.

“No ayuda el que puede, ayuda el que quiere”, afirmó el mandatario en aquella ocasión.

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Centroamérica

Más de 170,000 salvadoreños enfrentan incertidumbre ante el vencimiento del TPS en EE. UU.

Más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan una carrera contrarreloj ante el vencimiento del beneficio, previsto para el próximo 9 de septiembre.

La finalización del programa dejaría a los beneficiarios sin autorización de trabajo y los expondría a procesos de deportación, salvo que puedan acogerse a otra protección migratoria o regularizar su situación por una vía distinta.

«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», afirmó a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que ha promovido durante años las renovaciones del programa otorgado a El Salvador en febrero de 2001, después de los terremotos que azotaron al país ese año.

Tejada explicó que en los últimos días la organización ha recibido numerosas llamadas de salvadoreños que buscan orientación ante la posibilidad de perder la protección migratoria.

La ofensiva de Trump contra el TPS

Las perspectivas para una nueva extensión del programa no son alentadoras. El abogado de inmigración Fernando Romo consideró que «no es probable» que el TPS para El Salvador sea prorrogado, debido a las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump contra este mecanismo de protección.

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Durante el primer mandato de Trump, en enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del TPS para El Salvador. En ese momento, unos 180,000 salvadoreños estaban protegidos por el programa y se les otorgó un período para buscar otras alternativas migratorias o abandonar Estados Unidos.

La decisión fue posteriormente bloqueada por los tribunales tras una demanda presentada por beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses, quienes argumentaron que la Administración había actuado por motivos discriminatorios y racistas.

Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó las medidas contra el TPS y eliminó la protección para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela y Haití. Beneficiarios de esos programas también recurrieron a los tribunales.

En esta ocasión, la Administración obtuvo un respaldo de la Corte Suprema, que determinó que el Ejecutivo tenía autoridad para revocar el TPS.

Riesgo de perder el permiso de trabajo

En el caso de El Salvador, el Gobierno estadounidense podría dejar expirar el programa para aproximadamente 170,000 beneficiarios, de acuerdo con datos citados por The National Immigration Forum.

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La pérdida del TPS implicaría también la expiración de los permisos de trabajo vinculados al programa y del estatus de protección temporal que permite a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.

Para quienes no cuenten con otra vía de protección migratoria, el vencimiento del beneficio supondría un riesgo de deportación.

«Es una situación muy complicada», señaló Romo al referirse al escenario que enfrentan los salvadoreños protegidos por el TPS mientras se acerca la fecha límite del programa.

Centroamérica

Costa Rica declara “secreto de Estado” información sobre seguridad ante avance del crimen organizado

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, declaró este lunes como «secreto de Estado» la información relacionada con las entidades responsables de la seguridad pública, argumentando que existe un riesgo creciente de infiltración por parte del crimen organizado y un aumento de la violencia en el país.

La medida se adopta en medio de una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como tras la filtración de un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional que identificó a 116 policías presuntamente vinculados con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

Fernández, quien asumió la Presidencia en mayo, también impulsa una reforma del sistema de justicia, al que acusa de no responder de manera efectiva al avance de la violencia asociada con el crimen organizado.

El decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta, establece como «secretos de Estado» la información, documentos y archivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el grupo interinstitucional denominado «Fuerza Élite».

La disposición también incluye cualquier otra coordinación relacionada con la seguridad y defensa del Estado que sea dirigida por la Presidencia de la República.

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Entre la información protegida se encuentran datos relacionados con operaciones contra la delincuencia organizada, estrategias policiales de prospección y despliegue, capacidades operativas, procedimientos especiales y recursos tecnológicos, entre otros aspectos.

El Gobierno argumenta que la restricción busca proteger la estrategia nacional de seguridad y evitar que información sensible llegue a manos de organizaciones criminales.

Según el decreto, la divulgación de estos datos «puede comprometer operaciones en curso o futuras», por lo que las autoridades consideran necesario limitar su acceso público.

La decisión ocurre en un contexto de creciente preocupación por la penetración del crimen organizado en instituciones públicas y mientras el Gobierno busca fortalecer sus mecanismos de seguridad frente al aumento de la violencia.