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Internacionales

Boluarte toma decisiones drásticas: Cambios en el gabinete ministerial de Perú para enfrentar desaprobación ciudadana

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cambió este martes al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien fue reemplazado por el economista José Arista, y a los ministros de Defensa, Ambiente y Energía y Minas.

La salida de Contreras, quien ejerció ese cargo desde el 10 de diciembre de 2022, se produjo en medio de las críticas que recibió por el manejo de la economía nacional, después de que el país entrara en recesión durante el año pasado.

En un mensaje publicado en la red social X, Contreras se despidió del cargo y señaló que “el año 2023 fue particularmente retador, pero valió la pena el esfuerzo”, puesto que “la economía pudo salir de la recesión y ha entrado en un proceso de expansión que es fundamental mantener y acelerar”.

Añadió que “la agenda de mediano plazo debe continuar”, con el impulso a la infraestructura con un enfoque regional, a la industria naval, al desarrollo de la Amazonía y la consolidación de Perú como el hub (centro logístico) portuario como prioridades.

“Considero que es fundamental y necesario reorientar la agenda del país hacia una reforma política que permita generar un entorno de mayor estabilidad”, sostuvo antes de agradecer “la confianza” que le brindaron Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola.

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Perfil del nuevo ministro de Economía

Arista, por su parte, ya ocupó ese despacho durante el breve Gobierno de Manuel Merino, en noviembre de 2020, y antes fue ministro de Agricultura y Riego durante el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El nuevo ministro estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y en la Universidad Católica de Chile.

Ingresó al servicio público en 1990, cuando ocupó el cargo de director nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y también participó en la creación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, fue gobernador de la región selvática de Amazonas durante el período 2011-2014, y fue director del Banco de la Nación, gobernador alterno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y director de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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Otros cambios en el gabinete de ministros

Boluarte también reemplazó en el Ministerio de Defensa a Jorge Chávez por el general retirado del Ejército Walter Astudillo; en el Ministerio del Ambiente, a Albina Ruiz por el biólogo Juan Carlos Castro, y en Energía y Minas a Óscar Vera por el ingeniero Rómulo Mucho, quien fue viceministro de ese despacho durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La presidenta de Perú hizo estos cambios en su gabinete de ministros dos días después de que una encuesta señalara que el 83 % de los peruanos desaprueba su gestión y un 75 % la del primer ministro Otárola.

El sondeo, realizado por la empresa privada Datum y publicado por el diario El Comercio, indicó que Boluarte solo recibe un 10 % de aprobación y Otárola un 8 %, en este caso la más baja desde que asumió el cargo.

La encuesta también consultó sobre la gestión de Contreras en Economía, quien recibió una desaprobación de 63 % y una aprobación de 15 % de la ciudadanía.

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En medio de un escenario en el que el 86 % de los peruanos también desaprobó al Congreso, el analista político Pedro Tenorio consideró, al comentar el sondeo, que una eventual remodelación del gabinete no le garantiza a Boluarte que pueda cambiar “la tendencia de pobre aprobación que la acompaña”.

Tenorio enfatizó que la ciudadanía peruana “exige acciones concretas y resultados” en las políticas gubernamentales, principalmente en temas de seguridad ciudadana y economía.

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Centroamérica

Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones

La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.

En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.

“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.

Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.

La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

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Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.

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Centroamérica

Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas

El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.

Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.

Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.

Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.

“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.

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Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.

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Centroamérica

Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.

Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.

Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.

De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.

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El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.

Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.

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