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Crece el descontento en Perú mientras sucesora de Castillo negocia nuevo gobierno
| Por AFP | Carlos Mandujano y Ernesto Tovar |
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, negocia el viernes la formación de un nuevo gobierno tras la destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de una intentona golpista, pero el descontento crece en las calles, donde seguidores del exmandatario exigieron su liberación y la convocatoria a elecciones.
Dos días después del fracaso de su tentativa de golpe de Estado, el expresidente izquierdista comparte centro de reclusión con el exmandatario Alberto Fujimori en la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima.
La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó siete días de prisión preliminar en su contra.
En las calles, en tanto, las manifestaciones crecen y atizan la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir el miércoles.
En Lima, una protesta de cerca de un millar de personas marchó el jueves hacia el Parlamento, donde fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos y donde se produjo la detención de al menos tres manifestantes, constató la AFP.
Manifestantes bloquearon el jueves la carretera Panamericana Sur utilizando piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso.
En Ica, a unos 300 km de Lima, varias decenas de manifestantes paralizaron el transporte de pasajeros y vehículos de carga, según un reporte del canal Latina. En Arequipa, a 1.000 km al sur de Lima, también se produjeron bloqueos en la Panamericana sur.
Movilizaciones callejeras también se reportaron en otros puntos del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado «a toda la ciudadanía a la tranquilidad y la responsabilidad». «El uso de medios violentos durante las movilizaciones de protesta están prohibidos», indicó en un mensaje en Twitter.
Las miradas están puestas también este viernes en una ceremonia del ejército peruano por el 198º aniversario de la Batalla de Ayacucho, que selló el fin de la dominación colonial de España en América Latina.
Boluarte debe asistir al evento y pronunciar un discurso ante los militares, que jugaron un rol clave en la caída de Castillo al no respaldar el régimen de excepción que propuso.
Castillo intentó disolver el legislativo y gobernar por decreto, pero sus órdenes fueron desacatadas por las Fuerzas Armadas y el Congreso.
«No lo han dejado trabajar»
Miles de manifestantes exigieron el jueves la renuncia de la flamante presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú y a quien algunos izquierdistas tildan de «traidora» por haber asumido el cargo.
«Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo. Desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar», dijo a la AFP Mery Colque, una manifestante en Lima.
«Vivimos en un golpe de Estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones», cuestionó Ana Zevallos, otra simpatizante de Castillos que participó en la protesta.
Rebelión
Castillo, un maestro rural de 53 años lejano a las élites peruanas, lució abrumado y con el rostro desencajado en una audiencia judicial celebrada el jueves. Vestía la misma casaca azul que llevaba cuando fue detenido.
Visiblemente nervioso, declinó hacer uso de su derecho a defensa para replicar las imputaciones, y cedió la palabra a sus abogados.
«Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión» porque este no se concretó, alegó su defensa.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años de prisión.
Tras anunciar la disolución de los poderes y declarar el estado de excepción el miércoles, Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México en Lima a solicitar asilo político.
El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, su férreo defensor, dijo que realiza consultas con el nuevo gobierno peruano para otorgarle el asilo, informó el canciller Marcelo Ebrard.
Durante la seguidilla de eventos que desembocaron en su destitución, Estados Unidos y otros países de la región, así como España, condenaron su intento de romper el orden constitucional y llamaron a respetar el Estado de derecho en Perú.
Pero López Obrador, el venezolano Nicolás Maduro y el colombiano Gustavo Petro responsabilizaron a las élites peruanas de arrinconar a Castillo desde su llegada al poder.
Presidenta sin gobierno
En su primer día como presidencia, Boluarte, una abogada de 60 años, recibió a líderes de las bancadas derechistas en el Congreso en busca de un consenso para formar un nuevo gobierno.
Perú lleva dos días sin gabinete ministerial dado que todos los ministros de Castillo renunciaron en cascada en rechazo a lo que consideraron un autogolpe.
Aunque inicialmente dijo que pensaba gobernar hasta completar el mandato en julio de 2026, el jueves se mostró más cauta y no descartó del todo la posibilidad de llamar a elecciones generales en medio de la incertidumbre sobre el porvenir del país.
«Hay algunas voces que indican adelanto de elecciones, creo que la asunción a la presidencia es para reorientar lo que sucede en el país. Más adelante, en coordinaciones con otras organizaciones, estaremos viendo alternativas de (cómo) mejor reorientar los destinos del país», dijo a la prensa al ser consultada sobre si evalúa convocar elecciones a corto plazo.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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