Internacionales
Perú declara estado de emergencia nacional y propone elecciones para 2023
| Por AFP | Luis Jaime Cisneros y Patrick Fort |
El gobierno de Dina Boluarte declaró el miércoles el estado de emergencia nacional en Perú y propuso adelantar las elecciones a 2023 para aplacar las violentas protestas que sacuden el país tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo.
«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos», anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, aunque aseguró que la policía y las fuerzas armadas controlan la situación.
Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos siete muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.
Boluarte, que hasta hace una semana se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado tras el autogolpe fallido de Castillo y su posterior destitución y detención el miércoles pasado.
Aseguró inicialmente que gobernaría hasta el fin del mandato de Castillo en julio de 2026, como prevé la Constitución.
Pero una ola de manifestaciones que exigen la liberación del exmandatario y elecciones inmediatas la llevaron a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y luego a diciembre de 2023.
«Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer, conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023», dijo el miércoles Boluarte a la prensa.
El Congreso se reunirá en pleno este jueves para debatir la propuesta de ir a las urnas a fines del año próximo.
«Sigue el atropello»
Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, es acusado de «rebelión» y «conspiración» por la fiscalía, que busca mantenerlo en prisión preventiva durante 18 meses.
El juez que debía tratar el pedido, Juan Checkley, reprogramó la audiencia para este jueves a las 08h30 (13h30 GMT) tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.
El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Castillo se negó a participar en la audiencia virtual.
«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», tuiteó.
«Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo», agregó.
Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.
Castillo permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días.
«Nos vamos a quedar acá hasta que nuestro presidente salga y vaya nuevamente al sillón presidencial de palacio de gobierno», dijo a la AFP Roxana Figueroa, una asistenta social de 59 años.
Militares en la calle
Numerosas carreteras permanecían el miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.
En Cusco, la policía dispersó el miércoles con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.
En el pueblo de Machu Picchu, vecino a la famosa ciudadela inca, unos 780 turistas de diferentes nacionalidades se encuentran también varados por la suspensión del servicio de trenes desde hace dos días, constató un fotógrafo de la AFP.
En Arequipa, segunda ciudad del país, los militares custodiaban locales públicos y el aeropuerto internacional -que los manifestantes intentaron tomar el lunes- para evitar actos de vandalismo.
En Puno, en la región aymara fronteriza con Bolivia, las autoridades cerraron el aeropuerto y el gremio de transporte se sumó a las protestas y paralizó sus actividades.
«Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte», dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.
En Apurímac, cuna de Boluarte, hubo marchas en rechazo de la violencia tanto de policías como de manifestantes.
«Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas», dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» para exigir elecciones generales.
La fiscalía de Perú también investiga desde hace meses a Castillo por liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.
Cinco exmandatarios peruanos han sido procesados por corrupción desde el año 2001.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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