Internacionales
Perú, el país de la crisis perenne desde 2000
| Por AFP |
Perú, cuyo presidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido el miércoles por el Congreso por «incapacidad moral», ha encadenado una crisis política tras otra desde la destitución de Alberto Fujimori en 2000.
Destitución de Fujimori
El 21 de noviembre de 2000, tras un escándalo de corrupción, el Parlamento destituyó por «incapacidad moral permanente» a Fujimori, presidente desde 1990, quien había presentado su renuncia el día antes desde Japón, adonde había huido.
Detenido en 2007 en Chile y extraditado, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El octogenario expresidente gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto que posteriormente la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anularon.
Se encuentra purgando su condena en Lima.
Crisis gubernamentales
En 2003, el presidente centrista Alejandro Toledo declaró el estado de emergencia ante una ola de descontento social. Parte de la oposición y la prensa exigieron su salida «por incompetencia». El gobierno dimitió en bloque.
En 2008, el presidente socialdemócrata Alan García aceptó la renuncia del gobierno tras descubrirse un presunto caso de corrupción a favor de la petrolera noruega Discover Petroleum.
El 6 de junio de 2011, Ollanta Humala se convirtió en el primer presidente de izquierda en 36 años. Un año después, los miembros de su gobierno, criticados por su gestión de los conflictos sociales (17 muertos), renunciaron.
En 2015, la jefa de gabinete de Humala, Ana Jara, fue apartada del cargo por una moción de censura, la primera en 50 años, tras un caso de espionaje.
Renuncia y acusación
Elegido en 2016, el presidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski pasó a ser investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht con sobornos a políticos a cambio de contratos.
El 21 de marzo de 2018, «PPK» renunció en vísperas de una probable votación parlamentaria para acusarlo formalmente de cara a un juicio de destitución. Fue puesto en prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario.
Investigado por el mismo caso, Ollanta Humala recibió prisión preventiva en 2017, acusado de haber recibido tres millones de dólares de la firma durante su campaña electoral. Acusado en 2019, ha estado en juicio, junto con su esposa, desde el 21 de febrero de 2022.
Detienen a Keiko Fujimori
La líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto, también objeto de una investigación por el caso Odebrecht, fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza en mayo de 2020.
Cuando la Fiscalía se disponía a llevarla a juicio para pedir 30 años de prisión en su contra, compitió en la carrera electoral contra Pedro Castillo, llegando a disputarse la presidencia en segunda vuelta en junio de 2021. Perdió por estrecho margen.
Suicidio de García
Sospechoso de un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con el escándalo de Odebrecht, el expresidente socialdemócrata Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando estaba por ser arrestado.
Toledo detenido
También sospechoso de corrupción en este escándalo, el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y luego puesto bajo prisión domiciliaria tras estar siete meses encarcelado. La justicia estadounidense autorizó su extradición en septiembre de 2021, pero Toledo apeló y Perú está a la espera de que sea entregado.
Seguidilla de presidentes
En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento controlado por la oposición fujimorista y anunció elecciones legislativas anticipadas.
El Congreso respondió al año siguiente suspendiéndolo por un año y votando para reemplazarlo por la vicepresidente. Pero líderes militares, policías y gobernadores regionales le dieron su apoyo. El vicepresidente renunció.
En enero de 2020, los fujimoristas perdieron las elecciones legislativas. En noviembre, el Parlamento destituyó a Vizcarra por «incapacidad moral», en medio de acusaciones de supuestos sobornos recibidos mientras era gobernador en 2014.
El titular del Legislativo, Manuel Merino, asumió la presidencia pero renunció a los cinco días, presionado por movilizaciones en la calle y la clase política. Hubo dos muertos.
El ingeniero Francisco Sagasti, presidente electo del Parlamento, asumió la presidencia interina entre noviembre de 2019 y julio de 2021.
Pedro Castillo, candidato de una coalición de izquierda, ganó las presidenciales de 2021 que lo enfrentaron a Keiko Fujimori.
Destituido este miércoles, sus 16 meses en el cargo estuvieron marcados por luchas internas dentro del gobierno y ataques de la derecha radical.
Intentos de juicio político contra Castillo
En diciembre de 2021 y luego nuevamente en marzo de 2022, el Congreso, controlado por la oposición derechista, rechazó dos solicitudes de destitución por «incapacidad moral» contra Pedro Castillo, en el poder desde el 28 de julio de 2021.
En noviembre de 2022, nombró a su quinto gobierno en seis meses.
En agosto, fue objeto de un total de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, una situación sin precedentes en Perú.
El 11 de octubre, la justicia interpuso un recurso de inconstitucionalidad acusándolo del delito de organización criminal de corrupción. Esta investigación sigue en curso.
Centroamérica
Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado
Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.
El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.
La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.
Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.
Deportes
Trump impone mano dura migratoria para el Mundial de Clubes
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha reforzado sus políticas migratorias de cara al Mundial de Clubes 2025, que se celebra del 14 de junio al 13 de julio. Las autoridades han lanzado un mensaje claro: los turistas son bienvenidos para disfrutar del evento, pero deberán abandonar el país al finalizar su estancia autorizada.
Desde la implementación de listas negras con miles de personas vetadas hasta la advertencia directa de deportación para quienes se queden más tiempo del permitido, el Gobierno estadounidense ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar abusos migratorios durante el torneo.
“Queremos que vengan, que celebren, que vean el partido, pero cuando se acabe, tendrán que irse a casa”, afirmó el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, el titular de la FIFA Gianni Infantino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El endurecimiento de las restricciones ha generado inquietud entre los millones de fanáticos del fútbol que llegarán al país, muchos de ellos provenientes de América Latina. En este contexto, Argentina ha brindado su apoyo al compartir con Estados Unidos una lista con más de 15.000 personas vetadas de asistir a eventos deportivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, explicó el mes pasado que esta medida busca evitar que individuos con antecedentes en violencia deportiva puedan ingresar a EE.UU. durante el torneo.
Internacionales
Gustavo Petro denuncia complot de extrema derecha en Colombia y EE.UU. para derrocarlo
El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el miércoles que «personas de extrema derecha» en Colombia y Estados Unidos estarían planeando un golpe de Estado en su contra, en medio de un contexto de violencia interna y tensiones diplomáticas.
La denuncia fue realizada durante un acto público en Cali, donde Petro retomó acusaciones similares hechas por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien señaló al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como supuesto instigador del complot. Petro mencionó que existe comunicación entre sectores extremistas colombianos y estadounidenses, y afirmó tener pruebas del plan, aunque no las presentó públicamente.
Estas declaraciones ocurren en un momento delicado, con recientes ataques violentos en Colombia y cuestionamientos sobre la renovación de la certificación de Colombia como aliado contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Además, la relación bilateral se ha visto afectada por los acercamientos de Colombia hacia China y políticas internas del gobierno de Petro.
Varios actores políticos colombianos han pedido al mandatario moderar su discurso para evitar incrementar la polarización.
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