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Presidenta de Perú instala su gabinete en medio de protestas

Foto: Cris Bouroncle / AFP

| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, presentó éste sábado a su gobierno, con perfil independiente, mientras que en las calles los reclamos por nuevas elecciones adquirían matices violentos tras la destitución del exmandatario de izquierda Pedro Castillo, luego de su fallido golpe de Estado.

Boluarte, vicepresidenta hasta la destitución de Castillo, designó a un exfiscal anticorrupción y abogado, Pedro Angulo, como jefe del gabinete conformado por 19 ministros, ocho mujeres entre ellos. 

La incorporación de ministros con más perfil técnico que político, como reclamaba el Congreso, puede abrir espacio a la tregua que pidió Boluarte quien debe hacer frente al reclamo de nuevas elecciones.     

«La consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país, es la línea esencial de mi gobierno», dijo Boluarte en su primer discurso como presidenta.

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Asumió la presidencia luego que el Congreso destituyó el miércoles a Castillo quien había ordenado disolver la legislatura y gobernar por decreto; lo cual fue ignorado por los parlamentarios que inmediatamente lo destituyeron.

Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preliminar por siete días. La fiscalía lo acusa de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.

Para irritación de Lima, el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Castillo, dijo que fue víctima de un golpe blando y ofreció asilarlo. Este sábado su canciller Marcelo Ebrard dijo que ofrecer asilo es parte de la tradición diplomática de México. 

Protestas y 20 heridos

En el interior de Perú las protestas tomaron un rumbo violento con 20 heridos por choques entre miles de manifestantes y policías en la ciudad surandina de Andahuaylas, en la región Apurímac cuna de Boluarte.

«Enfrentamiento entre población y Policía deja 16 personas y 4 policías heridas/os, hasta el momento», informó la Defensoría del Pueblo a través de Twitter.  

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Los heridos estaban siendo trasladados al hospital, agregó la institución sin precisar el estado de salud. Los manifestantes usaron hondas y piedras para atacar el local de la fiscalía de la ciudad, mientras que la policía repelió el ataque con gases lacrimógenos. 

Los dos policías que fueron retenidos por horas como rehenes ya están libres, indicó la Defensoría. 

«Hacemos un llamado a la calma ante los hechos que se vienen registrando en Andahuaylas. Pedimos respeto y tranquilidad a la población que hace uso de su derecho a protestar. Rechazamos cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad del ser humano», tuiteó horas antes la Policía Nacional.

En Arequipa, unos 1.000 km al sur de Lima, grupos de mineros informales marchaban hacia la capital peruana.  

En Lima cientos marcharon por el centro histórico de la capital  hacia el Congreso convocados por colectivos de izquierda en una manifestación que congregó menos gente que en días previos.   

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«Estamos protestando porque tienen a nuestro presidente secuestrado, queremos su libertad», dijo a la AFP Rosa Gutierrez, de 60 años.

«Esta señora es una usurpadora, está ocupando el lugar del presidente Castillo, por ambición (lo) traicionó», expresó por su parte Ruth Orihuela, de 46 años. 

En el resto del país, los bloqueos de carreteras continuaban por tercer día en las zonas surandinas donde Castillo goza del mayor apoyo. Sin embargo, los manifestantes no han crecido en número.  

En las regiones Ica y Arequipa continuaban bloqueados varios tramos de la Panamericana, la principal carretera que atraviesa el país de norte a sur, dejando decenas de buses y camiones de carga varados.

Los sucesos provocaron que la policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta «nueva orden». 

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Por su parte, la fiscalía continuó interrogando este sábado a los exministros de Castillo por el presunto delito de rebelión.

El exjefe de Gabinete de Castillo, Aníbal Vásquez, anunció su «paso a la clandestinidad» por haber sido denunciado también por rebelión.

En la base policial donde el expresidente está detenido por orden judicial, decenas de simpatizantes de Castillo realizaban una vigilia y olla común en solidaridad y reclaman su liberación.

Tres días de negociaciones –

Boluarte mantuvo tres días de negociaciones con líderes de las bancadas de partidos de derecha presentes en el Congreso, ante la defección de la izquierda a sumarse a las conversaciones.  

La decisión de gobernar hasta el fin del mandato de Castillo, el 28 de julio de 2026, está en el origen de los nuevos problemas de Boluarte. 

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La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de peruanos desaprueba al parlamento.

Boluarte no descartó el viernes llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población.

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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.

El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.

Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.

Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.

Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.

El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.

Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.

De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.

Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.

Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.

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Centroamérica

Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.

“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.

El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.

Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.

Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.

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Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.

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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele

Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.

La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.

En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.

Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.

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