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Internacionales

Congreso de Perú admite denuncia de fiscalía contra presidente Castillo

Foto: Palacio Legislativo de Perú

| Por AFP |

Una comisión del Congreso de Perú aprobó este miércoles tramitar una denuncia de la fiscalía para someter a juicio político al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.

«La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría», anunció la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

El documento contra Castillo y dos exministros de su gobierno, fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides.

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La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra. La sesión y debate previo lo transmitió el canal de televisión del Congreso.   

Según la fiscalía, todos los denunciados son «presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario».

La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales.

La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida de Castillo del poder.  

«Es el inicio de todo un proceso», declaró a la radio RPP el exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume.

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Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.

La subcomisión debe evaluar la denuncia y si la declara procedente remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno.   

El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026. 

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en funciones de Perú. 

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Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e ya intentó destituirlo en dos ocasiones.

Castillo, maestro rural de 53 años, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

La denuncia es la segunda contra Castillo en el Congreso. Una previa, le imputa traición a la patria al considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia. 

La acusación de traición aún debe ser debatida por la Comisión Permanente, lo que puede ocurrir este viernes. 

Dicha acusación pide que se le imponga «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».

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Estados Unidos veta por tercera vez resolución de la ONU sobre alto el fuego en Gaza

Estados Unidos ha ejercido su veto por tercera vez consecutiva en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Gaza, presentada por Argelia, que pedía un «alto el fuego inmediato» en el territorio palestino.

La resolución obtuvo 13 votos a favor, una abstención por parte del Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos, pero no logró ser aprobada debido al derecho de veto que posee EE.UU. como miembro permanente del Consejo de Seguridad, junto con Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

La embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, justificó el veto argumentando que la votación en ese momento podría poner en peligro las «delicadas negociaciones» en curso. Según Thomas-Greenfield, Estados Unidos está trabajando junto con Egipto y Catar en una iniciativa propia para lograr una pausa de seis semanas en los combates, y considera que la resolución argelina podría interferir en estas negociaciones y prolongar el conflicto entre Hamás e Israel.

Es importante destacar que esta es la tercera vez que Estados Unidos veta resoluciones relacionadas con el fin del conflicto en Gaza. Anteriormente, vetó resoluciones presentadas por Brasil y Emiratos Árabes Unidos que solicitaban pausas humanitarias y un alto el fuego inmediato, respectivamente.

El embajador chino, Zhang Jun, lamentó el resultado de la votación, indicando que el veto de Estados Unidos anula el consenso del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza.

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Internacionales

Rebeldes hutíes reivindican ataques contra buques y carguero en el mar Rojo y Eilat, Israel

Los rebeldes hutíes en Yemen reclamaron la responsabilidad de varios ataques dirigidos contra buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo, la ciudad costera de Eilat en Israel y un carguero de bandera liberiana llamado «MSC Silver». Esta información fue anunciada por el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea.

Según el comunicado del portavoz, el primer ataque involucró «varios drones» dirigidos a buques de guerra de Estados Unidos en el mar Rojo y el mar Árabe. Además, se atribuyeron el lanzamiento de aviones no tripulados contra «lugares sensibles del enemigo israelí» en Eilat, al sur de Israel.

El ataque más reciente, dirigido al carguero «MSC Silver», fue realizado con «varios misiles navales» mientras la embarcación transitaba por el golfo de Adén. Sarea afirmó que el barco era de propiedad israelí.

El portavoz hutí justificó estas acciones como una respuesta a la «agresión estadounidense y británica» contra Yemen, y como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino sometido a «agresión y asedio».

Estos ataques ocurren poco después de una serie de ataques anteriores contra buques comerciales y un dron de vigilancia estadounidense MQ-9, lanzados por los hutíes, quienes designaron a Estados Unidos y al Reino Unido como «Estados hostiles».

Entre los ataques anteriores, uno de los más significativos fue contra el buque «RUBYMAR», de propiedad británica y con bandera de Belice, que fue hundido por varios misiles. La tripulación pudo abandonar el barco y está a salvo.

Los rebeldes hutíes han intensificado sus ataques contra la navegación en el mar Rojo desde que Estados Unidos designó al grupo como terrorista el pasado 17 de febrero.

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Internacionales

Justicia venezolana libera a tres familiares de Rocío San Miguel; la activista permanece detenida

Los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el pasado viernes por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios, confirmó este martes uno de sus abogados.

“El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares confirma que se decretó la privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano”, informó en X el jurista José González Taguaruco.

Indicó que el lugar de reclusión de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas.

La defensa confirmó también la privativa de libertad contra Alejandro José González Canales, expareja de la activista, cuyo centro de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, quienes también habían sido detenidos, salieron de la cárcel con “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”, según dijo el abogado.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó este martes que San Miguel se presentó la noche del lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y el MP solicitó para ella una medida privación de libertad por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.

Revelación de secretos políticos y militares

Remarcó también que se solicitó prisión “preventiva” para González Canales por la “presunta” comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Saab aseguró que tanto la activista, como sus cinco familiares, aparecen “presuntamente involucrados” en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era “atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”.

En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.

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