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Internacionales

Congreso de Perú admite denuncia de fiscalía contra presidente Castillo

Foto: Palacio Legislativo de Perú

| Por AFP |

Una comisión del Congreso de Perú aprobó este miércoles tramitar una denuncia de la fiscalía para someter a juicio político al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal.

«La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría», anunció la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

El documento contra Castillo y dos exministros de su gobierno, fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides.

La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra. La sesión y debate previo lo transmitió el canal de televisión del Congreso.   

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Según la fiscalía, todos los denunciados son «presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario».

La imputación al presidente peruano se basa en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales.

La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede acabar con la salida de Castillo del poder.  

«Es el inicio de todo un proceso», declaró a la radio RPP el exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume.

Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.

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La subcomisión debe evaluar la denuncia y si la declara procedente remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno.   

El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026. 

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en funciones de Perú. 

Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e ya intentó destituirlo en dos ocasiones.

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Castillo, maestro rural de 53 años, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

La denuncia es la segunda contra Castillo en el Congreso. Una previa, le imputa traición a la patria al considerar un posible referendo popular para conceder una salida al mar a Bolivia. 

La acusación de traición aún debe ser debatida por la Comisión Permanente, lo que puede ocurrir este viernes. 

Dicha acusación pide que se le imponga «la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública».

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Internacionales

Criminólogo advierte que Maduro podría contemplar el suicidio si es condenado en EE.UU.

El criminólogo Ricardo Sosa afirmó que una de las proyecciones que ha realizado sobre la situación judicial del exmandatario venezolano Nicolás Maduro es la posibilidad de que este contemple el suicidio como una salida, en caso de ser condenado por una corte de Estados Unidos.

Sosa explicó que esta evaluación se basa en el perfil criminológico del detenido y en el análisis de sus recientes apariciones públicas difundidas por medios de comunicación.

“Lo tengo que decir como una proyección: si Nicolás Maduro vislumbra que será condenado podría, incluso, intentar suicidarse, quitarse la vida. Nicolás Maduro tiene ese perfil criminológico para hacerlo”, señaló el especialista durante una entrevista concedida a radio Fuego.

Según el criminólogo, la pérdida del poder político sería un factor determinante que podría desencadenar este comportamiento. En ese contexto, sostuvo que Maduro aún no habría asimilado su nueva situación tras su captura.

“Los juegos que tuvo con las cámaras, con esa persona que se acerca y le grita una frase, y Nicolás Maduro se detiene y le dice que era el presidente constitucional de Venezuela, manifiestan que todavía está en el proceso de duelo y que no ha aceptado la situación en la que se encuentra”, afirmó Sosa.

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Internacionales

Cuba confirma la muerte de 32 militares en ataque de EE. UU. en Caracas

El Gobierno de Cuba publicó este martes los nombres de 32 militares cubanos fallecidos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 3 de enero. El anuncio se produce un día después de que el Ejército de Venezuela difundiera esquelas fúnebres de 23 uniformados venezolanos muertos en la misma operación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos se encuentran actualmente en Nueva York, donde se declararon no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, según informaron autoridades estadounidenses.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció el domingo que la custodia presidencial de Maduro fue asesinada “a sangre fría” durante la incursión de tropas estadounidenses, que incluyó bombardeos en Caracas y en al menos otros tres estados del país.

Medios oficiales cubanos detallaron que, de los 32 militares fallecidos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles y un teniente coronel. Los 11 restantes formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en su mayoría soldados.

Por su parte, el Ejército venezolano publicó el lunes en su cuenta oficial de Instagram 23 esquelas correspondientes a uniformados caídos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

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Cuba y Venezuela mantienen desde hace décadas una estrecha relación de cooperación en áreas estratégicas como defensa, salud y educación, lo que explica la presencia de personal cubano en territorio venezolano al momento del ataque.

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Centroamérica

OEA y BID destacan avances de El Salvador en legislación y estrategia de ciberseguridad

Costa Rica reitera importancia del uso de herramientas jurídicas y técnicas contra el ciberdelito

El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.

El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.

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Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.

En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.

Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

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