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Presidenta Boluarte pide diálogo para poner fin a protestas en Perú

6 de enero | Por AFP|
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, llamó al diálogo a quienes este jueves bloqueaban vías en varias regiones del país, exigiendo su renuncia.
Las protestas contra el nuevo gobierno se reiniciaron el miércoles tras un receso por las fiestas de fin de año. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, quien asumió hace casi un mes, además del cierre del Congreso y el adelanto inmediato de elecciones.
«Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón, nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen a la casa de gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar y, de una vez, pongámosle fin a estas marchas de protesta», dijo Boluarte en conferencia de prensa en Lima.
Boluarte criticó los bloqueos de carreteras que se extienden por segundo día consecutivo, complicando las actividades económicas y turismo. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo el jueves por la tarde, se registran movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país.
«El derecho a la protesta pacífica termina cuando se violentan los otros derechos, y eso implica el bloqueo de caminos y el no dejar que las personas transiten libremente en espacios que se han ido bloqueando», indicó Boluarte.
Esperan disminución
Las protestas ocurren en las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios (sureste) Ica (suroeste), Apurímac (centro sur), Moquegua, Tacna (sur), Huánuco, Junín (centro) y Cajamarca (norte). Son sectores donde Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene apoyo.
En Ica, pobladores bloquearon la carretera Panamericana Sur, principal vía que llega hasta la región Tacna (frontera con Chile).
Los bloqueos con neumáticos incendiados y piedras impiden el paso de decenas de buses de pasajeros y vehículos de carga.
En Puerto Maldonado, región amazónica de Madre de Dios, manifestantes mantienen bloqueado un tramo de la vía Interoceánica, que une Perú y Brasil.
«En la región del sur se ha concentrado un mayor registro de protestas», declaró el ministro del Interior, Víctor Rojas.
«Espero que en las próximas horas o días se vayan diluyendo las protestas como se están llevando. Nos mantenemos tolerantes para continuar con el respeto de todas las personas en su derecho de protesta», agregó.
Como prevención, el tren entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu, joya del turismo de Perú, sigue suspendido para evitar contratiempos a los visitantes.
En las protestas de fines de 2022, miles de turistas quedaron varados en Machu Picchu y en el Cusco, ante la interrupción de la vía férrea y el cierre del aeropuerto, tras una tentativa de toma por parte de los manifestantes.
«Injerencia» de Evo Morales
El miércoles, la presidenta Boluarte pidió al exmandatario de Bolivia Evo Morales dejar de «intervenir» en los asuntos internos del país y dijo que las autoridades migratorias evalúan si le permiten entrar al territorio.
El izquierdista Morales, aliado del destituido Castillo, es acusado por sectores de derecha de azuzar las manifestaciones en contra de la nueva presidenta, principalmente en Puno, región fronteriza con Bolivia, donde el líder indígena cocalero ha realizado actividades el año pasado.
«El Perú rechaza cualquier intento injerencista en nuestros asuntos internos», insistió este jueves el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola.
El jueves, el legislador y almirante en retiro Jorge Montoya presentó en Lima una denuncia penal contra Morales por presuntamente atentar contra la seguridad nacional y lo calificó como un «enemigo declarado del Perú».
Por su parte, Morales pidió a través de Twitter «parar las masacres y las detenciones ilegales» y sostuvo que ofrecerá «la otra mejilla» si le impiden entrar a Perú.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, reiteró que se «han detectado» a cinco ciudadanos bolivianos participando en las manifestaciones en Puno.
En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido y acusado de rebelión.
Tras la caída de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el exgobernante tiene más adeptos.
Policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.
El gobierno se comprometió a colaborar con las investigaciones de esos hechos, ante cuestionamientos sobre un uso excesivo de la fuerza.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024.
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Detienen a sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk en Utah

Las autoridades estadounidenses detuvieron a un sospechoso vinculado con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, ocurrido en una universidad de Utah, informó el miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.
En su cuenta de X, Patel escribió que el sospechoso del tiroteo que cobró la vida de Kirk está bajo custodia, y aseguró que se ofrecerán actualizaciones a medida que se disponga de más información.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un «asesinato político» y subrayó la gravedad del ataque, señalando que se trata de un día trágico para el estado y para la nación.
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Nayib Bukele confirma decomiso de droga valorada en $35 millones

La Marina Nacional de El Salvador logró incautar 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en $35 millones de dólares, según confirmó el presidente Nayib Bukele.
El decomiso se realizó a 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, donde se localizaron bultos de cocaína flotando en altamar, que serían recogidos por estructuras criminales.
«Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional», destacó el mandatario.
Con esta incautación, la cantidad total de cocaína decomisada entre 2024 y lo que va de 2025 asciende a 37.2 toneladas, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares.
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Tribunal de San Salvador evalúa caso de siete guatemaltecos acusados de tráfico de drogas

En el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se determinará la situación jurídica de siete ciudadanos guatemaltecos acusados por la Fiscalía General de la República de dedicarse al tráfico de drogas.
La audiencia no pudo continuar debido a que se informó al tribunal sobre la intención de los imputados de optar por un procedimiento abreviado, solicitado por sus defensas y que debe ser evaluado antes de ser aprobado.
Los acusados son Pablo Andrés Girón Barrios, Erroll Ricardo Ayala Zacarías, Walter Geovani Flores Díaz, Andrés Fernando Vásquez Morales, Vanessa Joselyn Mendoza Gil, Ronald Vinicio López Mayén y Mynor Alberto Arias Pineda.
Estos fueron detenidos el 25 de agosto de 2023 en la residencial Capistrano, colonia Escalón, San Salvador, en un operativo realizado por agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). La Fiscalía los señala por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.
La captura se dio luego de que los agentes recibieran información sobre la posible actividad delictiva y se trasladaran a la zona para realizar las diligencias correspondientes.
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