Internacionales
El Congreso de Perú destituye al presidente Castillo tras ignorar orden de disolución
| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |
El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral» y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.
Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, bajo detención policial por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento.
Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció el miércoles que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.
Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que «hay una comisión de un hecho en flagrancia» y que Castillo «está en calidad de detenido».
Una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que Castillo es investigado por el delito de «rebelión».
El presidente caído fue trasladado a una base policial en el este de Lima desde la Prefectura donde permanecía detenido. En ese lugar cumple su condena a prisión el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En simultáneo, la fiscalía ingresó la noche del miércoles a la sede de palacio de gobierno y ministerios para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción.
«¡No era presidente; era un delincuente!», gritaban opositores frente a la sede policial.
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La salida del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.
Tras su destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.
Autogolpe
Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.
«Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional», dijo Boluarte en Twitter.
«Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico», dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional».
Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es «un autogolpe».
«El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», dijo a la AFP.
Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.
«Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte», dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.
«No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia», señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.
«Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien», pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de «totalmente inaceptable e inconstitucional» lo ocurrido.
Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió «respetar el voto del pueblo».
«Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir» que saquen a Castillo, exclamó indignada.
Ola de renuncias
Después de que Castillo anunciara que disolvería el Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales presentaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.
El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a «la ruptura (…) del orden constitucional».
«A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores», dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.
Centroamérica
Bukele ofrece a Chile la experiencia de El Salvador en seguridad durante visita de Kast
El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que El Salvador está en disposición de compartir su experiencia en el combate a la inseguridad con Chile, durante la visita del presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien valoró las “decisiones duras, pero necesarias” adoptadas por el país centroamericano.
Kast y su esposa, María Pía Adriasola, fueron recibidos este jueves en Casa Presidencial por el mandatario salvadoreño y la primera dama, Gabriela de Bukele, como parte de una agenda orientada a conocer de primera mano las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.
“Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo”, expresó Bukele durante el encuentro.
El presidente salvadoreño reconoció que Chile enfrenta actualmente retos en materia de seguridad y señaló que El Salvador puede aportar su experiencia, aunque aclaró que existen diferencias importantes entre ambas realidades. “Sabemos que hay muchas diferencias en temas legales y en el tamaño del problema, que no se compara con el que tuvimos nosotros”, puntualizó.
Bukele también destacó los avances de Chile en áreas como educación y civismo, subrayando que su gobierno está abierto a aprender de esas experiencias. No obstante, reafirmó los resultados alcanzados en seguridad pública. “Pasamos de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del continente y, primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo”, afirmó.
Por su parte, Kast señaló que Chile atraviesa un momento complejo y que es clave identificar referentes claros. “Chile va en un rumbo contrario al progreso; lo importante es encontrar un faro. Ustedes como nación son la esperanza de muchas naciones. Han tomado decisiones duras, pero necesarias”, manifestó el presidente electo.
El encuentro refuerza el acercamiento entre ambos gobiernos y abre la puerta a un eventual intercambio de experiencias, especialmente en el ámbito de la seguridad pública.
Centroamérica
El Salvador comparte su experiencia en seguridad con el futuro gobierno de Chile
El presidente de la república, Nayib Bukele, y la primera dama, Gabriela de Bukele, recibieron este jueves en Casa Presidencial al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, y a su esposa, María Pía Adriasola, como parte de una visita oficial a El Salvador.
El encuentro tuvo como propósito principal conocer de primera mano el modelo de seguridad implementado por el Gobierno salvadoreño. Tras una reunión privada, ambos mandatarios ofrecieron un pronunciamiento ante medios de comunicación nacionales e internacionales.
A través de la red social X, la Presidencia de El Salvador señaló que el encuentro “consolida la visión compartida de trabajo por la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de ambas naciones”.
Durante la conferencia de prensa, el presidente Bukele destacó que, aunque existen diferencias entre las realidades de ambos países, El Salvador puede aportar su experiencia en materia de seguridad pública y en otras áreas que el futuro gobierno chileno considere oportunas.
“Presidente Kast, cuente con nosotros como sus amigos, estamos aquí para servirle. Sabemos que ha visitado varios países para conocer distintas experiencias y nos parece acertado. Estamos haciendo votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile”, expresó el mandatario.
Por su parte, Kast, líder del Partido Republicano de Chile y quien asumirá la Presidencia el próximo 11 de marzo, agradeció la hospitalidad del Gobierno salvadoreño y elogió las políticas impulsadas por Bukele. “Ustedes como nación hoy en día son un faro de esperanza para muchos países. Han tomado decisiones duras, pero necesarias, para cambiar la realidad de su país”, afirmó.
El presidente electo chileno ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a las estrategias de seguridad de El Salvador, al considerar que han “devuelto la libertad” a millones de ciudadanos que vivían bajo el control de las pandillas. Según ha adelantado, su administración mantendrá una política de mano dura contra el crimen organizado y la migración irregular.
Como parte de su agenda en el país, Kast visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acompañado de la futura ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert, y de funcionarios del Gabinete de Seguridad de El Salvador.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
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