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Internacionales

El Congreso de Perú destituye al presidente Castillo tras ignorar orden de disolución

Foto: Cris Bouroncle / AFP

| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |

El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral» y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.

Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, bajo detención policial por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento.

Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció el miércoles que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.

Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.

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La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.

Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que «hay una comisión de un hecho en flagrancia» y que Castillo «está en calidad de detenido».

Una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que Castillo es investigado por el delito de «rebelión».

El presidente caído fue trasladado a una base policial en el este de Lima desde la Prefectura donde permanecía detenido. En ese lugar cumple su condena a prisión el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En simultáneo, la fiscalía ingresó la noche del miércoles a la sede de palacio de gobierno y ministerios para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción.

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«¡No era presidente; era un delincuente!», gritaban opositores frente a la sede policial.

Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.

La salida del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.

Tras su destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.

Autogolpe

Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.

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«Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional», dijo Boluarte en Twitter.

«Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico», dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional».

Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es «un autogolpe».  

«El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», dijo a la AFP.

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Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.

«Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte», dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.

«No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia», señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.

«Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien», pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de «totalmente inaceptable e inconstitucional» lo ocurrido.

Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió «respetar el voto del pueblo». 

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«Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir» que saquen a Castillo, exclamó indignada.

Ola de renuncias

Después de que Castillo anunciara que disolvería el Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales presentaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a «la ruptura (…) del orden constitucional».

«A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores», dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

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Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.

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Cruce de acusaciones entre Colombia y Ecuador por bombardeos en zona fronteriza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que bombardeos registrados en la zona fronteriza con Ecuador dejaron 27 cuerpos calcinados, en medio de versiones encontradas entre ambos gobiernos.

A través de la red social X, Petro aseguró que no autorizó dichas operaciones y descartó la participación de las fuerzas de seguridad colombianas. “Yo no he dado esa orden”, escribió el mandatario, al tiempo que señaló que los ataques no fueron ejecutados por su país.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano y sostuvo que las acciones militares se desarrollan dentro del territorio ecuatoriano.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, publicó Noboa también en X, en respuesta a los señalamientos realizados por Petro la noche del lunes, cuando sugirió que Ecuador había llevado a cabo los bombardeos.

El mandatario ecuatoriano añadió que su gobierno mantiene operaciones contra grupos vinculados al narcotráfico, en el marco de su estrategia de seguridad interna.

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Argentina oficializa su salida de la OMS tras cumplirse el plazo legal de un año

El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud, un año después de haber notificado oficialmente su decisión.

La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, donde explicó que el retiro se hace efectivo al cumplirse el plazo estipulado tras la notificación presentada el 17 de marzo de 2025 ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

Según detalló Quirno, la medida se enmarca en lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contempla un periodo de un año para la entrada en vigor de este tipo de decisiones.

A pesar de la salida del organismo internacional, el Gobierno argentino aseguró que continuará impulsando la cooperación en materia de salud mediante acuerdos bilaterales y mecanismos regionales, con el objetivo de preservar su soberanía en la toma de decisiones sanitarias.

La decisión fue justificada previamente por Milei como una respuesta a las “profundas diferencias” con la OMS durante la gestión de la pandemia de COVID-19. El mandatario ha sido crítico del organismo, al que calificó como “nefasto” y lo vinculó con lo que considera un “experimento de control social”.

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El anuncio ha generado cuestionamientos por parte de expertos en salud, quienes calificaron la medida como perjudicial desde el punto de vista sanitario. No obstante, el Ejecutivo sostiene que la salida permitirá mayor flexibilidad y autonomía en la implementación de políticas públicas en el sector.

La postura del Gobierno argentino también refleja afinidades con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el pasado ha impulsado decisiones similares respecto a la OMS.

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EE. UU. dialoga con Japón y Corea del Sur sobre seguridad en el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Japóny Corea del Sur, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio y tras el llamado del presidente Donald Trump a desplegar buques militares en el estrecho de Ormuz.

Las llamadas, realizadas la noche del lunes, incluyeron al canciller japonés, Toshimitsu Motegi, y al ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, quienes destacaron la importancia de garantizar la seguridad marítima en esta ruta estratégica para el suministro energético mundial.

Aunque ambos funcionarios evitaron pronunciarse directamente sobre la solicitud de Washington de enviar embarcaciones militares, coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad en la zona, dada su relevancia para el comercio global de petróleo.

Previamente, Trump reiteró su petición a Japón y Corea del Sur para que contribuyan a la protección del estrecho de Ormuz, subrayando que Estados Unidos mantiene presencia militar en ambos países como parte de su esquema de “protección”.

El mandatario también enfatizó que ambas naciones dependen en gran medida de las importaciones de petróleo provenientes de Oriente Medio, lo que refuerza la importancia estratégica de la ruta marítima.

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Por su parte, el Gobierno japonés señaló que no existen planes inmediatos para desplegar fuerzas en la zona, argumentando la ausencia de una solicitud formal y la necesidad de evaluar la legalidad de la propuesta.

En tanto, Corea del Sur indicó que mantiene un diálogo cercano con Washington y que adoptará una “decisión cuidadosa” respecto a la petición.

Durante la conversación con Rubio, Motegi condenó las acciones de Irán, incluidos ataques a infraestructura civil y energética en países del Golfo, y ambas partes acordaron mantener una comunicación constante sobre la evolución de la crisis.

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