Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
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| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
UES inaugura sala de lactancia materna para estudiantes y empleados
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La Universidad de El Salvador (UES) inauguró una nueva sala de lactancia materna ubicada en el sótano del edificio principal de la Facultad de Medicina. Esta iniciativa cumple con las leyes Nacer con Cariño, Amor Convertido en Alimento y Crecer Juntos, garantizando condiciones dignas para que docentes, empleadas y estudiantes en período de lactancia puedan hacerlo dentro de las instalaciones de la universidad.
«Estamos trabajando para que las condiciones de desarrollo y crecimiento de los hijos de nuestros estudiantes, docentes y trabajadores sean dignas. Acompañamos estos procesos que son importantes para el desarrollo de nuestro país», mencionó el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla.
La universidad había abierto un espacio para las madres en 2021, pero tuvo que cerrarse debido a la pandemia de la COVID-19. Ahora, con un marco normativo que respalda este tipo de iniciativas, la sala cuenta con todos los equipos necesarios para que las madres y sus bebés puedan desarrollarse adecuadamente.
El decano de la Facultad de Medicina, Saúl Díaz, expresó que la nueva sala de lactancia dignifica la maternidad y garantiza el derecho a amamantar. «El beneficio es grande. Ya tenemos las primeras usuarias y estamos cumpliendo con una necesidad que se tenía. Esto es para toda la comunidad universitaria y ojalá que cada facultad de la UES pueda tener una sala de lactancia materna. El 70% del estudiantado son mujeres y muchas pueden llegar a ser madres, por lo tanto, necesitarán estos espacios», agregó.
Además, la UES ha creado su propio Comité de Lactancia Materna, compuesto por representantes de nueve de las once carreras que la Facultad de Medicina imparte. Este comité garantizará el funcionamiento óptimo de la sala, promoverá su uso ante la comunidad educativa y gestionará que las jefaturas y diferentes autoridades brinden el tiempo necesario para que las madres alimenten a sus hijos.
También se ha habilitado un espacio para que las madres puedan extraerse la leche y guardarla para alimentar a sus hijos en otro momento, permitiendo su uso durante la jornada laboral o estudiantil. El marco jurídico en El Salvador establece que todas las instituciones públicas y privadas deben garantizar espacios de lactancia para las madres y sus bebés, respetando el tiempo necesario y estableciendo condiciones adecuadas para la lactancia.
Centroamérica
Capturan a pandillero deportado de EE.UU. por vínculos con la MS-13
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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la detención de Néstor Romero Rubí, alias «El Insaciable,» integrante de la Mara Salvatrucha. Romero Rubí, quien había huido a Estados Unidos para evitar la guerra contra las pandillas en El Salvador, fue identificado y fichado por el FBI debido a su historial criminal.
Según el ministro Villatoro, Romero Rubí, con categoría de homeboy en la Mara Salvatrucha, intentó refugiarse en Estados Unidos. Sin embargo, gracias a la cooperación con las autoridades estadounidenses, se logró localizarlo y deportarlo. A su llegada al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, agentes policiales ya estaban informados de su historial delictivo y lo detuvieron inmediatamente.
Romero Rubí tiene un extenso récord criminal desde 2018, conocido tanto por las autoridades salvadoreñas como por el FBI. El ministro Villatoro advirtió a los criminales que se esconden para evitar ser arrestados en la guerra contra las pandillas: «No importa dónde se escondan, tenemos los recursos para encontrarlos y hacer que paguen por todo el daño que han causado a nuestra sociedad.»
Centroamérica
Iniciativas económicas benefician a 200 familias con apoyo español en El Salvador
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La organización Ayuda en Acción y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) presentaron ayer los resultados de un programa de reactivación económica destinado a las familias de los distritos de Citalá, en el departamento de Chalatenango, y Masahuat, en Santa Ana. Este programa benefició a 200 familias, en su mayoría lideradas por mujeres, a través de 24 iniciativas de emprendimiento.
Los proyectos abarcaron la producción apícola, hortícola y biocultural, proporcionando recursos e insumos, asistencia técnica y un sitio web para la promoción de los productos. Marcela Martínez, subdirectora de Financiación Externa de Ayuda en Acción, explicó que el objetivo es transformar la vida de estas familias, dotándolas de las herramientas necesarias para mejorar sus emprendimientos y aumentar sus ventas.
Pilar Montero, responsable de proyectos de Aecid, destacó la importancia de apoyar iniciativas que transforman la calidad de vida de la población, subrayando el impacto positivo que estos proyectos tienen en las comunidades de Citalá y Masahuat.
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