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Centroamérica

Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala

Foto: Johan Oordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |

Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.

Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».

«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.

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La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años. 

Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.

«No más persecución»

Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».

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El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.

Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.

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Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval. 

Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.

«Persona non grata»

Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019. 

Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.

Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.

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«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.

«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.

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Centroamérica

Levi Stanley Ticas: Orgullo salvadoreño en concurso internacional de cuentos

Levi Stanley Ticas, un joven salvadoreño de 13 años, ha sido reconocido como uno de los 20 ganadores del concurso Macondo sí Tiene Quien le Escriba, organizado por la Fundación Gabo y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Levi fue el único representante centroamericano entre más de 2,000 participantes de toda la región. Su relato, inspirado en la activista salvadoreña Prudencia Ayala, será publicado en un libro antológico junto con los otros relatos premiados.

Como parte de su premio, Levi viajará a Colombia para ser galardonado y visitar los lugares emblemáticos relacionados con Gabriel García Márquez. Su cuento, titulado «La sibila heroica», destaca la valentía de Prudencia Ayala en la promoción de los derechos de la mujer.

Este logro llena de orgullo a Levi y lo motiva a seguir representando a El Salvador en concursos internacionales. Además, su historia destaca el valor de la identidad, autonomía e integración de la región iberoamericana y el Caribe, según lo resaltó el jurado del concurso.

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Centroamérica

Fiscalía pide extinción de dominio de 9 bienes de exministro

El Tribunal Especializado de Extinción de Dominio concluyó este viernes la etapa de alegatos finales en la audiencia contra el exministro de Defensa David Munguía Payés y su familia, donde la Fiscalía busca que 9 inmuebles de su propiedad pasen a favor del Estado. Según la acusación, Munguía Payés habría movilizado $4,638,164.91 de dinero público entre 2014 y 2019 para comprar bienes e inversiones. El resultado de este proceso será anunciado el próximo 24 de mayo.

La Fiscalía General de la República ha presentado evidencias que sustentan las acusaciones, solicitando al tribunal que los 9 inmuebles, incluido un lujoso rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo, sean administrados por el Estado.

Durante su testimonio como testigo de descargo el pasado 19 de marzo, Munguía Payés admitió haber proporcionado ayuda económica a su hija en forma de depósitos bancarios y transferencias de propiedades, mientras fungía como ministro. Los depósitos mensuales, gestionados por un empleado a su cargo, ascendieron a montos significativos, alcanzando un total de aproximadamente $14,000.

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Centroamérica

Bomberos intensifica inspecciones en gasolineras para garantizar seguridad

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador ha intensificado las inspecciones en gasolineras a nivel nacional como parte de un plan piloto destinado a detectar y corregir posibles riesgos que podrían desencadenar emergencias.

Estas acciones forman parte del Plan Piloto de Inspecciones para la Certificación de Inmuebles, implementado por la institución desde mediados de abril en todo el territorio salvadoreño. El director de Bomberos, Baltazar Solano, ha destacado la importancia de enfocarse en áreas críticas como el manejo de combustibles y cilindros de gas, especialmente en lugares como centros educativos, de salud privados, industrias textiles y centros nocturnos.

Las inspecciones se llevan a cabo con el objetivo de garantizar que las gasolineras cumplan con los requisitos de seguridad establecidos, alineándose con las regulaciones establecidas en el Decreto 520 de la Ley Bomberos. Más de 80 inspectores están dedicados a verificar que los inmuebles estén en cumplimiento con las normativas de seguridad, lo que no solo protege el patrimonio, sino que también salva vidas.

Bomberos hace un llamado a los propietarios y administradores de inmuebles para que colaboren activamente en este proceso, cumpliendo con las normativas de seguridad y realizando las correcciones necesarias cuando sea requerido para garantizar la seguridad de todos.

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