Centroamérica
Una fiscal anticorrupción enfrenta un polémico juicio en Guatemala
| Por AFP | Edgar Calderon y Johan Ordonez |
Un tribunal de Guatemala inició este lunes un polémico juicio contra la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, en medio de protestas de activistas que denuncian un proceso «arbitrario» y críticas de Estados Unidos.
Mientras la jueza Oly González abría la primera audiencia del proceso, activistas de organizaciones de mujeres e indígenas se manifestaban afuera del tribunal para exigir la liberación de Laparra, a quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una «presa de conciencia».
«Han sido momentos difíciles, pero mi conciencia está tranquila», dijo Laparra a los reporteros, tratando de contener las lágrimas, al ingresar esposada a la sala del tribunal.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, enfrenta cargos por supuesto «falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones». Su eventual inocencia o culpabilidad será decidida por un panel de tres jueces en un proceso que puede demorar meses e incluso años.
Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango (oeste). Fue arrestada y separada en el marco de una ola represiva contra fiscales anticorrupción, y arriesga una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
Laparra «es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueve meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
«Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal presenta serias deficiencias», agregó Guevara en un comunicado.
«No más persecución»
Los activistas colgaron un lienzo con el retrato de Laparra en la reja de la fachada del tribunal y portaban carteles que decían: «No más persecución contra ex fiscales».
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: «Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un «campeón anticorrupción» a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
«Persona non grata»
Los activistas aseguran que la campaña contra los fiscales anticorrupción comenzó en Guatemala en el anterior gobierno del presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovar el mandato de la CICIG en 2019.
Meses antes, Morales había declarado «persona non grata» al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, mientras éste se encontraba en Nueva York. Esto le impidió volver a Guatemala.
Velásquez había llevado a prisión a una veintena de prominentes políticos y empresarios, entre ellos el entonces presidente guatemalteco Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, en 2015. Ambos siguen presos mientras avanza el juicio en su contra.
«Estamos en solidaridad con la fiscal Virginia Laparra, que hoy está iniciando un juicio totalmente arbitrario en su contra», dijo a la prensa Brizna Caixa, de la organización Impunity Watch, con sede en La Haya.
«Ella está siendo criminalizada como castigo por el trabajo que ella realizaba en la FECI en Quetzaltenango, investigando casos de corrupción y crimen organizado», agregó Caixa.
Centroamérica
El Salvador envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto
El Salvador enviará 100 toneladas de insumos humanitarios a Colombia para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país suramericano el pasado lunes, informó el presidente Nayib Bukele.
La asistencia será trasladada en dos aviones de carga. El primero partió la noche del martes con parte de los suministros, mientras que el segundo será enviado este miércoles.
Bukele explicó que el Gobierno de Colombia informó que sus equipos de rescate, personal médico y cuerpos de emergencia ya se encuentran desplegados para atender la emergencia, por lo que en esta etapa no es necesaria la presencia de personal salvadoreño.
Ante esta situación, las autoridades colombianas solicitaron principalmente insumos para apoyar a las familias afectadas por el sismo.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció la ayuda enviada por El Salvador y destacó la solidaridad del pueblo salvadoreño ante la emergencia.
“En nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, expresó el mandatario colombiano.
El Salvador mantiene disposición de apoyar
Desde que ocurrió el terremoto, Bukele ha expresado su solidaridad con Colombia y manifestó la disposición de su Gobierno para brindar asistencia de acuerdo con las necesidades que fueran identificadas.
Según los datos proporcionados en el reporte, el terremoto dejó 240 personas fallecidas y más de 1,300 heridas.
“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, señaló Bukele.
El mandatario también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseos de recuperación para los heridos.
Antecedentes de asistencia internacional
El Salvador ha participado en los últimos años en diferentes operaciones de asistencia humanitaria fuera de sus fronteras, con el envío de insumos y equipos de apoyo a países como Guatemala, Honduras, Turquía, Costa Rica y Jamaica.
Más recientemente, el país brindó asistencia a Venezuela después de que esa nación registrara dos terremotos consecutivos en junio pasado.
Durante un acto de condecoración al contingente salvadoreño que participó en las labores de asistencia y rescate en Venezuela, Bukele destacó la disposición de El Salvador para apoyar a otros países ante situaciones de emergencia.
“No ayuda el que puede, ayuda el que quiere”, afirmó el mandatario en aquella ocasión.
Centroamérica
TSE cerrará en agosto tres actividades clave del calendario electoral
Tres actividades contempladas en el calendario de las próximas elecciones generales de El Salvador finalizarán durante agosto, de acuerdo con la agenda establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una de ellas corresponde al período para actualizar el Documento Único de Identidad (DUI) de los salvadoreños residentes en el territorio nacional, cuyo plazo vence el 27 de agosto.
El TSE hizo un llamado a los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio para que actualicen la dirección registrada en su DUI, con el objetivo de que puedan ejercer el voto en un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.
Para facilitar el trámite, se ampliaron los horarios de atención en cinco duicentros ubicados en Galerías, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y Santa Tecla. La actualización también puede realizarse a través de la plataforma en línea dui.sv.
Inscripción de partidos y coaliciones
Otra de las actividades que concluirá este mes es la presentación de solicitudes para la inscripción de nuevos partidos políticos, cuyo plazo para la admisión de solicitudes vence el 31 de agosto.
En esa misma fecha finalizará el período para la admisión de solicitudes de inscripción de pactos de coalición entre partidos políticos.
El artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos establece que la inscripción de coaliciones debe concluir 120 días hábiles antes de la fecha de las elecciones. La normativa también establece que este plazo es improrrogable.
Según el calendario electoral, una vez recibidas las solicitudes de coalición, el TSE deberá resolverlas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación.
De acuerdo con las fechas establecidas, el Tribunal deberá notificar a los partidos políticos sobre las resoluciones correspondientes el 3 de septiembre.
La notificación final relacionada con la inscripción de las coaliciones está prevista entre el 7 y el 11 de septiembre, conforme al calendario electoral.
Con estos plazos, agosto se convierte en un mes clave para la organización del proceso electoral, tanto para los ciudadanos que necesiten actualizar sus datos de identidad como para las organizaciones políticas que busquen participar en las próximas elecciones.
Centroamérica
Más de 170,000 salvadoreños enfrentan incertidumbre ante el vencimiento del TPS en EE. UU.
Más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan una carrera contrarreloj ante el vencimiento del beneficio, previsto para el próximo 9 de septiembre.
La finalización del programa dejaría a los beneficiarios sin autorización de trabajo y los expondría a procesos de deportación, salvo que puedan acogerse a otra protección migratoria o regularizar su situación por una vía distinta.
«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», afirmó a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que ha promovido durante años las renovaciones del programa otorgado a El Salvador en febrero de 2001, después de los terremotos que azotaron al país ese año.
Tejada explicó que en los últimos días la organización ha recibido numerosas llamadas de salvadoreños que buscan orientación ante la posibilidad de perder la protección migratoria.
La ofensiva de Trump contra el TPS
Las perspectivas para una nueva extensión del programa no son alentadoras. El abogado de inmigración Fernando Romo consideró que «no es probable» que el TPS para El Salvador sea prorrogado, debido a las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump contra este mecanismo de protección.
Durante el primer mandato de Trump, en enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del TPS para El Salvador. En ese momento, unos 180,000 salvadoreños estaban protegidos por el programa y se les otorgó un período para buscar otras alternativas migratorias o abandonar Estados Unidos.
La decisión fue posteriormente bloqueada por los tribunales tras una demanda presentada por beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses, quienes argumentaron que la Administración había actuado por motivos discriminatorios y racistas.
Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó las medidas contra el TPS y eliminó la protección para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela y Haití. Beneficiarios de esos programas también recurrieron a los tribunales.
En esta ocasión, la Administración obtuvo un respaldo de la Corte Suprema, que determinó que el Ejecutivo tenía autoridad para revocar el TPS.
Riesgo de perder el permiso de trabajo
En el caso de El Salvador, el Gobierno estadounidense podría dejar expirar el programa para aproximadamente 170,000 beneficiarios, de acuerdo con datos citados por The National Immigration Forum.
La pérdida del TPS implicaría también la expiración de los permisos de trabajo vinculados al programa y del estatus de protección temporal que permite a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.
Para quienes no cuenten con otra vía de protección migratoria, el vencimiento del beneficio supondría un riesgo de deportación.
«Es una situación muy complicada», señaló Romo al referirse al escenario que enfrentan los salvadoreños protegidos por el TPS mientras se acerca la fecha límite del programa.
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