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Centroamérica

Expresidente panameño Martinelli irá a un segundo juicio en 2023

| Por AFP |

Un juzgado de Panamá ordenó este viernes llevar a juicio al expresidente Ricardo Martinelli por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editorial, el segundo proceso que enfrentará en 2023.

La magistrada Baloisa Marquínez ordenó juzgar a Martinelli (2009-2014) argumentando que los fondos usados para comprar en 2010 la empresa editora Epasa por empresarios vinculados al exmandatario supuestamente «tenían procedencia ilícita».

Las audiencias del juicio contra el exmandatario de 70 años fueron programadas del 17 al 28 de abril.

La fiscalía panameña afirma que en 2010 se realizaron 18 transacciones, por casi 40 millones de dólares, a la sociedad New Business para adquirir varias empresas, utilizando 12 bancos de Panamá, Estados Unidos, Suiza y China.

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Pero el exmandatario y dueño de una cadena de supermercados asegura que nunca recibió «ningún real mal habido» y que todo se trata de «un circo político» para evitar que sea nuevamente candidato a la presidencia en mayo de 2024.

El 8 de noviembre, la misma jueza ordenó juzgar a Martinelli y al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

Este juicio tendrá lugar del 1 al 18 de agosto de 2023.

Según la fiscalía, Martinelli y Varela habrían recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero, en un escándalo que salpicó también a otros gobernantes latinoamericanos.

En los últimos cuatro años se han abierto en Panamá cerca de 30 casos por corrupción, pero no ha habido condenas contra altos funcionarios o los casos se han caído por fallas en los procesos.

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Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, están en prisión en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en comisiones de Odebrecht mientras su padre era presidente.

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Centroamérica

Reforma impulsada por Ortega plantea más años de gobierno y cambios al sistema electoral

Nicaragua cancela personería jurídica de cinco ONGs y aprueba cierre "voluntario" de otras diez

La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años y establecer nuevas restricciones para la participación de sectores opositores en los procesos electorales, según informó este martes la Asamblea Nacional.

El proyecto fue recibido por el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, y está previsto que sea aprobado a inicios de septiembre junto con otras modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló al presentar la iniciativa que el nuevo modelo de gobierno plantea un período presidencial de siete años con posibilidad de renovación.

“Propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables”, expresó Porras al leer parte del documento, cuyo contenido completo aún no ha sido divulgado.

Según el legislador oficialista, la ampliación del mandato permitiría garantizar continuidad en los planes de gobierno y responder a los desafíos del país.

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La iniciativa también plantea impedir la participación electoral de sectores identificados por el gobierno como “vendepatrias” y “golpistas”, términos utilizados por Ortega y sus aliados para referirse a sus opositores políticos.

La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, afirmó que el proyecto fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y aseguró que antes de su aprobación se realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

La nueva propuesta se suma a una reforma constitucional aprobada en 2024, que ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.
Esa modificación también retrasó hasta noviembre de 2027 las elecciones generales que estaban previstas originalmente para finales de 2026.

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Centroamérica

Perú y Honduras retoman diálogo bilateral tras restablecer relaciones diplomáticas

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, destacaron este martes el fortalecimiento del diálogo bilateral entre ambos países tras la reciente restitución de embajadores.

Los mandatarios sostuvieron un encuentro en Lima, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, previo a la ceremonia de toma de mando de Fujimori en el Palacio Legislativo.

Durante la reunión, en la que también participó el canciller peruano designado, Carlos Espá, se resaltó el nuevo impulso de la relación diplomática entre Perú y Honduras luego de que ambos gobiernos otorgaran en marzo pasado el beneplácito para reactivar la representación diplomática a nivel de embajadores.

Las relaciones entre ambos países habían atravesado un período de tensión desde 2023, cuando Perú retiró a su representante diplomático en Honduras tras cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.

La Cancillería peruana informó que los dos países también acordaron compartir experiencias relacionadas con la gestión portuaria, como parte de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral.

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Asfura llegó a Lima para participar en la investidura de Fujimori y aprovechar su visita para fortalecer vínculos con Perú y otros países de la región. Según informó el Gobierno hondureño, su agenda incluyó reuniones con empresarios, autoridades y representantes internacionales para impulsar nuevas oportunidades de cooperación.
A su llegada a la capital peruana, el mandatario hondureño y la canciller Mireya Agüero fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en Lima, Vania García Morales.

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Centroamérica

Régimen de excepción continuará vigente hasta agosto tras nueva aprobación legislativa

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga número 53 del régimen de excepción, una medida vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y que continuará aplicándose durante un mes más en todo el territorio nacional.

La extensión recibió 57 votos favorables durante la sesión plenaria y tendrá vigencia desde el 30 de julio hasta el próximo 28 de agosto. La aprobación contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

La solicitud fue presentada por el Consejo de Ministros, que argumentó ante los legisladores que la medida ha contribuido a fortalecer las acciones de seguridad pública, reducir los homicidios, capturar integrantes de estructuras criminales y recuperar zonas que anteriormente estaban bajo control de pandillas.

Durante la discusión legislativa, los diputados que apoyaron la prórroga destacaron los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad del Gobierno y señalaron que el régimen de excepción ha sido una herramienta clave en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra de la extensión. Por su parte, la fracción de ARENA no contó con asistencia completa durante la votación; sus diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira ingresaron al Salón Azul después de que finalizara el proceso nominal y público.

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Los legisladores que aprobaron la medida resaltaron que El Salvador acumula 1,167 días sin homicidios y que durante 2026 se han registrado 179 jornadas sin muertes violentas. Además, señalaron que en la administración del presidente Nayib Bukele el país suma 1,281 días sin asesinatos.

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