Internacionales
El Congreso de Perú destituye al presidente Castillo tras ignorar orden de disolución

| Por AFP | Carlos Mandujano y Luis Jaime Cisneros |
El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo por «incapacidad moral» y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.
Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, bajo detención policial por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento.
Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció el miércoles que era blanco de «un ataque sin cuartel» por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, y el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, fue juramentada como jefa de Estado y dijo que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.
Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, anunció que «hay una comisión de un hecho en flagrancia» y que Castillo «está en calidad de detenido».
Una fuente de la fiscalía dijo a la AFP que Castillo es investigado por el delito de «rebelión».
El presidente caído fue trasladado a una base policial en el este de Lima desde la Prefectura donde permanecía detenido. En ese lugar cumple su condena a prisión el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En simultáneo, la fiscalía ingresó la noche del miércoles a la sede de palacio de gobierno y ministerios para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción.
«¡No era presidente; era un delincuente!», gritaban opositores frente a la sede policial.
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta «organización criminal» que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La salida del izquierdista, que tenía un rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.
Tras su destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de «expresidente» y estimó que los congresistas peruanos tomaron «medidas correctivas» de acuerdo con las reglas democráticas.
Autogolpe
Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.
«Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional», dijo Boluarte en Twitter.
«Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico», dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su «rechazo de manera enfática» a «todo quebrantamiento del orden constitucional».
Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es «un autogolpe».
«El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe», dijo a la AFP.
Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.
«Ya estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que estaba robando desde el primer día. Ahora toca (sacar a) Dina Boluarte», dijo a la AFP Johana Salazar, una trabajadora de 51 años.
«No puede disolver el Congreso, lo ha cerrado sin ningún motivo, se va a ir a la cárcel. Lo siento por él y su familia», señaló la comerciante Roxana Torres, de 48 años.
«Que la vicepresidenta Boluarte trabaje bien, que se rodee de gente que la asesore bien», pidió por su lado Ricardo Palomino, un ingeniero en sistemas de 50 años que calificó de «totalmente inaceptable e inconstitucional» lo ocurrido.
Pero Sissy, una obrera municipal de 50 años que no quiso dar su apellido, pidió «respetar el voto del pueblo».
«Desde que entró el presidente lo han humillado, no han aceptado a un presidente de provincias, el pueblo no es Lima, es todo el Perú, por eso no vamos a permitir» que saquen a Castillo, exclamó indignada.
Ola de renuncias
Después de que Castillo anunciara que disolvería el Congreso varios ministros y funcionarios de organismos internacionales presentaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.
El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a «la ruptura (…) del orden constitucional».
«A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores», dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.
Internacionales
Violencia en México repunta: sube la tasa de homicidios tras tres años de descensos

La tasa de homicidios en México cerró 2024 en 25,6 por cada 100.000 habitantes, rompiendo una racha de tres años consecutivos de descensos y marcando los últimos nueve meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El índice fue superior al de 24 por cada 100.000 reportado en 2023, aunque se mantuvo por debajo de las cifras de 2022 (26), 2021 (28) y de los años 2018, 2019 y 2020, cuando alcanzó 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.
El Inegi reportó además un aumento anual del 6,7 % en el número absoluto de asesinatos, con 33.241 casos en 2024, frente a los 31.062 del año anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo ligeramente inferior a los 33.287 homicidios de 2022 y está por debajo de los picos registrados en 2020 (36.773), 2019 (36.661) y 2018 (36.685).
En total, México acumuló 206.724 homicidios en los últimos seis años, la mayoría durante el sexenio de López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, cuando fue sucedida por Claudia Sheinbaum.
A diferencia de los datos del Gobierno, que se basan en carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi provienen de registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.
Internacionales
Trump concede a México 90 días más antes de la nueva subida arancelaria

México obtuvo un respiro luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aplazamiento de 90 días en la subida de aranceles, a pocas horas de que venciera el plazo para negociar acuerdos comerciales con Washington.
Mientras economías como Brasil e India no lograron pactar con la Casa Blanca para evitar los nuevos gravámenes, Trump optó por dar un margen a México tras lo que calificó como una “conversación telefónica muy exitosa” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.
“Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo, con miras a firmar un trato dentro de ese plazo, o incluso más”, escribió el mandatario en su red Truth Social.
Pese a la prórroga, México continuará pagando el 25 % de arancel que Trump impuso como medida de presión para combatir el tráfico de fentanilo, así como el 25 % a los automóviles y autopartes que no se produzcan en EE. UU., el 50 % al acero y aluminio y, a partir de este viernes, un 50 % al cobre.
Trump, de 79 años, advirtió que la nueva fecha límite, el 1.º de agosto, será “inaplazable”, aunque dejó abierta la posibilidad de un acuerdo “dentro o incluso después” de los 90 días, con la mira puesta en imponer un “nuevo orden comercial mundial”.
Centroamérica
Cancillería firma acuerdo con Labormex para ampliar empleos temporales en EE. UU.

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmó un acuerdo con la reclutadora estadounidense Labormex para ampliar las oportunidades laborales de los salvadoreños en el exterior a través del programa de Movilidad Laboral, que impulsa el Gobierno salvadoreño en colaboración con Estados Unidos.
Con esta alianza, la empresa seleccionará a personas con diferentes talentos y experiencias registradas en el programa, de acuerdo con la demanda de compañías estadounidenses que visiten el país en busca de trabajadores calificados.
El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Asocio Estratégico de Labormex, Brian Gannon, destacó que la iniciativa es “un avance enorme en la forma en que los gobiernos pueden apoyar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, resolver los desafíos laborales para los empleadores internacionales”.
Por su parte, la ministra Hill Tinoco afirmó que este esfuerzo refuerza el compromiso de El Salvador con una migración segura, ordenada y regular, en beneficio de la población.
Desde su creación en 2021, el programa de Movilidad Laboral ha permitido la contratación temporal en Estados Unidos de más de 17,500 salvadoreños en sectores como pesca, construcción, hostelería, servicios al cliente y agricultura.
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