Centroamérica
La minería cambia ecosistemas, afirma opositor a explotar oro en Guatemala
AFP | por Edgar CALDERON
Oliver Corado votó como muchos de sus vecinos este domingo en contra de la explotación de una mina de oro de la canadiense Bluestone Resources por considerar que destruirá el ecosistema del municipio de Asunción Mita en donde nació y se crió.
A sus 23 años, Corado es uno de 28 mil ciudadanos de Asunción Mita, cerca de la frontera con El Salvador, llamados a pronunciarse sobre un proyecto minero rechazado unánimemente por ambientalistas.
«Se trata de una mina a cielo abierto, el proceso es remover capas de tierra, entonces aunque digan que pueden restaurar nuevamente el ecosistema, allí ya lo alteraron mucho», dijo a la AFP Corado tras votar.
Bluestone Resources le compró en 2017 a la también minera canadiense Goldcorp el proyecto Cerro Blanco por 18 millones de dólares más acciones valuadas en cerca de 9,9 % del capital de Bluestone.
La mina no ha iniciado sus operaciones debido al cambio de extracción subterránea por una de cielo abierto.
Protegido por una mascarilla por el coronavirus Corado dice que votó «por el gran impacto ambiental que tiene» la explotación del yacimiento.
«Puede ocasionar un impacto negativo en el ambiente» por «la contaminación del agua por el hierro o cianuro», puntualizó.
Contaminación del agua
La iglesia católica local y ambientalistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se oponen al proyecto por la potencial contaminación del agua y los bosques del lugar.
Los más afectados serían el lago de Güija, que comparten El Salvador y Guatemala, y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.
El lago es un gran manto de agua dulce rodeado de una frondosa vegetación y sobre la cordillera instalaron aspas para generar energía con el viento (eólica).
El río Lempa, que nace en Guatemala, sirve a miles de campesinos guatemaltecos y salvadoreños para la agricultura y ganadería. Ademas, decenas de pescadores del lago temen una escasez o desaparición de los peces.
Aunque el rechazo a las extracciones es fuerte, existen comunidades que la apoyan a la mina ante el desarrollo y empleo que pueda pueda generar.
«Si gana el «No» seguiremos atrasados otros 20 años, si gana el «Sí» hay muchas opciones de trabajo y desarrollo» que ayudarán a la educación de los niños y jóvenes, comentó a la AFP Marcelino Nájera, quien por el desempleo en Guatemala emigró a Estados Unidos.
«Desgraciadamente me tocó emigrar porque en nuestro país no hay fuentes de trabajo», afirmó, tras precisar que vivió durante 28 años en esa nación norteamericana.
Minería satanizada
A pesar de las críticas, el supervisor ambiental de la mina, Fredy García, descartó esas preocupaciones. Aseguró a la AFP que la empresa cuenta con plantas de tratamiento para eliminar los residuos tóxicos antes de descargar líquidos al rio Ostúa, tributario de la laguna de Güija y el río Lempa.
«La minería tristemente se ha satanizado», afirma en alusión que los mantos de agua ya están contaminados y tildan esa actividad como la responsable.
Aunque reconoce que utilizarán unos tres mil galones de agua por hora para el proceso, la misma no será de ríos sino termal que estar ubicada en una cadena volcánica.
Según García, el cambio de subterránea a cielo abierto obedece a que en los túneles las aguas termales alcanzan hasta los 70 grados centígrados y además existen la filtración que ponía en peligro la vida de los trabajadores.
La mina tiene previsto operar durante 11 años, en los cuales extraer unos 2.2 millones de onzas de oro y una mayor cantidad de plata.
Sin ganadores
Para el equipo legal de la subsidiaria local Elevar Resources la consulta tiene irregularidades y por ello impugnarán el resultado ante los tribunales guatemaltecos si es rechazada.
En tanto, Nelly Rivera de la Asociación Ambientalista de El Salvador denunció una serie de irregularidades en el proceso de la consulta como el pago en efectivo para apoyar a la minera y la falta de un registro de habilitados para emitir el sufragio.
«Si gana el Sí nos vamos a todas las instancias internacionales porque esta minería no va», sentenció Rivera a la AFP.
Centroamérica
El Salvador impulsa reforma del SICA para avanzar hacia una Unión Centroamericana
El Salvador impulsa una reforma integral del Protocolo de Tegucigalpa, tratado que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo de fortalecer la integración regional, modernizar sus instituciones y avanzar hacia una mayor cooperación entre los países del istmo.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó que la propuesta busca transformar el funcionamiento del sistema para avanzar hacia una Unión Centroamericana con personalidad jurídica propia, respetando la soberanía y el orden constitucional de cada Estado miembro.
Según Ulloa, la reforma permitiría contar con instituciones regionales más eficientes, con mayores estándares de legalidad, participación, transparencia y cumplimiento de acuerdos.
El planteamiento surge en un contexto de dificultades dentro del SICA, que recientemente atravesó un período sin una persona al frente de su Secretaría General, situación que, de acuerdo con el vicepresidente, refleja una crisis integracionista que requiere una revisión profunda del modelo actual.
«Nosotros en El Salvador lo vemos como una oportunidad esta crisis que vive el sistema, para superar los obstáculos y dar un salto de calidad en una revisión integral del Protocolo de Tegucigalpa de 1991», afirmó Ulloa.
El funcionario señaló que la propuesta salvadoreña plantea una «reingeniería» institucional con una visión adaptada a los desafíos del siglo XXI, incluyendo temas como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, el cambio climático y los nuevos retos económicos globales.
Ulloa también mencionó que organismos regionales como la Corte Centroamericana de Justicia han dejado de operar plenamente y que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) enfrenta un proceso de debilitamiento, por lo que considera necesario un reordenamiento del sistema.
El vicepresidente indicó que ya sostuvo reuniones con la nueva secretaria general del SICA, Lina Ajoy, representante de Costa Rica, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 8 de agosto. El objetivo es incorporar la revisión del protocolo dentro de la agenda de trabajo del organismo regional.
Ulloa destacó el potencial económico y estratégico de Centroamérica debido a su ubicación geográfica y al peso conjunto de las ocho economías que integran la región.
«Todas esas ventajas quisiéramos que se aprovecharan, que los líderes de los países vieran que estando unidos podemos sacar más ventaja que estando divididos y fraccionados», señaló.
La iniciativa salvadoreña plantea una nueva etapa para la integración regional, con el propósito de fortalecer la cooperación y aprovechar de manera conjunta las oportunidades económicas, tecnológicas y sociales del istmo.
Centroamérica
EE. UU. destaca a El Salvador por su lucha contra el narcotráfico marítimo
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este lunes el trabajo de las unidades antidrogas de El Salvador y la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico internacional de drogas por vía marítima.
A través de sus redes sociales, la institución estadounidense señaló que la colaboración con la Policía Costera salvadoreña representa una estrategia efectiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
«El Salvador haciendo olas una vez más. Para los narcotraficantes, la colaboración de EE. UU. con la Policía Costera de El Salvador es la TORMENTA perfecta. Sus oficiales abordan valientemente las embarcaciones narco y cierran rutas marítimas, estableciendo el estándar de oro para la región», publicó la INL.
La oficina, que asesora al presidente y al secretario de Estado de Estados Unidos en políticas y programas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional, resaltó las capacidades operativas de las autoridades salvadoreñas.
La publicación fue compartida posteriormente por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por la Embajada de Estados Unidos en el país. El mandatario destacó el reconocimiento al trabajo de las instituciones salvadoreñas en el combate al crimen organizado transnacional.
El pronunciamiento ocurre días después de la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Cart Weiland, a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de San Salvador, donde conoció sus instalaciones y participó en actividades del Curso Avanzado Antipandillas.
El programa reunió a 40 participantes de Bahamas, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
Durante su visita, Weiland sostuvo un encuentro con el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, para abordar los esfuerzos conjuntos entre ambos países en el fortalecimiento de capacidades policiales y tecnológicas.
«Juntos apoyaremos el combate a organizaciones terroristas designadas como tales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la región y fortaleceremos las capacidades humanas y tecnológicas de nuestra Policía», afirmó Villatoro.
La ILEA San Salvador, creada en 2005 mediante un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, funciona como un centro internacional de capacitación para policías, fiscales y operadores de justicia de América Latina y el Caribe.
Entre las operaciones recientes destacadas por las autoridades salvadoreñas se encuentra la incautación de 375 kilogramos de cocaína realizada en enero por unidades STORM, con un valor estimado de $9.4 millones. El cargamento fue localizado en una embarcación intervenida en la bocana del río Jiboa, entre San Vicente y La Paz.
Durante ese operativo fueron capturados dos hombres: Ubaldo Reyes Juárez, salvadoreño, y Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca.
Centroamérica
Presidenta de Costa Rica impulsa ampliar extradición de nacionales por delitos vinculados al crimen organizado
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses, como parte de su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Actualmente, la legislación del país permite la extradición de nacionales únicamente por delitos relacionados con narcotráfico internacional y terrorismo, pero la propuesta del Gobierno busca incorporar nuevas categorías de delitos graves.
Fernández informó que el proyecto será presentado el próximo 3 de agosto y explicó que la reforma pretende incluir delitos como financiación del narcotráfico y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y órganos, sicariato, homicidios vinculados al crimen organizado, cibercrimen y ciberterrorismo.
«Vamos a ampliar las causales de extradición para delitos graves», afirmó la mandataria durante la presentación de varias iniciativas en materia de seguridad ante la Asamblea Legislativa.
Fernández, aliada del presidente estadounidense Donald Trump, asumió el cargo en mayo pasado con la promesa de endurecer las medidas contra el narcotráfico, al que responsabiliza por el incremento de la violencia en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de la región.
«No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado ni en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico», señaló la presidenta.
La iniciativa deberá conseguir respaldo legislativo, ya que para modificar la Constitución se requieren 38 votos de los 57 diputados. El oficialismo cuenta actualmente con 31 curules.
El Gobierno sostiene que Costa Rica enfrenta un nuevo escenario de seguridad debido al fortalecimiento de estructuras criminales. Según datos oficiales, alrededor de siete de cada diez homicidios estarían relacionados con el narcotráfico, mientras que la tasa de asesinatos alcanzó 17 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, frente a los 11.2 registrados en 2019.
«Las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa», afirmó Fernández al justificar la necesidad de modificar las herramientas legales del Estado.
La discusión sobre extradición tomó mayor relevancia luego de que Costa Rica realizara el pasado 20 de marzo su primera extradición de nacionales, enviando a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico, junto con su presunto socio Edwin López Vega, conocido como «Pecho de Rata».
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