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Centroamérica

Críticos de minera canadiense de oro en Guatemala lamentan aval del gobierno

AFP

Opositores de la explotación minera de Guatemala y El Salvador lamentaron este martes la posición del gobierno guatemalteco, que desconoció una consulta comunitaria donde rechazaron las operaciones de una firma canadiense en una zona fronteriza.

Esa postura demuestra que el Ejecutivo «se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país», afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.

El gobierno de Guatemala desconoció los resultados de una consulta de vecinos que el domingo rechazaron la operación de una minera canadiense de oro y plata en el municipio oriental de Asunción Mita, fronterizo con El Salvador.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) afirmó en un comunicado que «se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso», al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía.

El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco es propiedad del grupo Bluestone Resources de Canadá.

Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña.

Esos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.

Peligro de violencia

Para el religioso, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que «se respete su soberana decisión» del pueblo.

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De lo contrario, «podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo», advirtió.

«Están tan cegados, tan miopes que va a hacer sufrir al pueblo y el pueblo debe de estar consciente del alto riesgo que está corriendo», insistió, tras llamar a una «resistencia pacífica».

«Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia», dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.

El activista comentó que los daños de la minería «son irremediables y no hay forma de mitigarlos».

Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estás prácticas «ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas».

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En tanto, el gerente de la Mancomunidad Trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la AFP que el gobierno de Guatemala «no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería».

Además, adelantó que como mancomunidad impulsará «varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala» para que se respete el resultado de la consulta.

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MARN1

Centroamérica

Fiscalía de El Salvador recupera más de $23 millones en un año

La Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado en El Salvador ha logrado recuperar más de $23 millones en el período comprendido entre junio de 2022 y mayo de 2023, provenientes de diversos rubros como impuestos, multas, cuotas laborales y otros conceptos, según datos proporcionados por el ministerio público.

Según el informe de la Fiscalía, las principales áreas de recuperación incluyen la evasión de impuestos (impuesto sobre la renta y IVA) con un total de $7,414,974.38, seguido del impuesto sobre la renta con $5,175,910.29, y multas por $2,093,613.25. Otros rubros significativos son el IVA con $1,603,141.51 y la apropiación o retención indebida con $367,749.87.

En marzo de 2023, como parte del Plan Antievasión, la Fiscalía presentó acusaciones contra individuos como Yessika Beatríz Zumba de Lemus, Ana Lorena Amaya Turcios y José Raúl Castaneda Villacorta por evasión de impuestos y actos de corrupción relacionados con sus actividades comerciales.

La Unidad Penal del Estado lideró la recuperación con un total de $14,532,804.73 en 2,685 casos, destacando la sede de San Salvador con $13,665,498.67 en 1,241 procesos. Por su parte, la Unidad de Impuestos demandó $5,786,754.48 en 399 expedientes y logró recuperar $6,991,134.90 mediante 24 casos judicializados.

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Centroamérica

Presidente Bukele transforma El Salvador y enfrenta corrupción, según abogada española

Durante una entrevista digital, la abogada y política española, Macarena Olona, elogió las acciones emprendidas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, destacando su enfoque en la seguridad y la lucha contra la corrupción.

Olona resaltó cómo Bukele ha logrado transformar a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica, abordando de manera efectiva el problema de la seguridad, que ha sido un desafío persistente tras la guerra civil que azotó al país durante 12 años.

En cuanto al combate a la corrupción, la abogada expresó su asombro por la valentía de Bukele al enfrentarse a poderosos enemigos políticos y económicos, resaltando la propuesta de construir una cárcel similar al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) para encerrar a los corruptos.

Olona elogió la determinación del presidente Bukele al anunciar una «guerra frontal» contra la corrupción y al tomar medidas concretas como la captura de funcionarios corruptos, como el expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, y Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos.

La abogada también destacó el discurso del presidente Bukele sobre la reducción del gasto público ineficiente mediante la reducción de alcaldías y diputados en la Asamblea Legislativa, subrayando la necesidad de optimizar los recursos y eliminar la carga política que recae sobre los ciudadanos salvadoreños.

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Centroamérica

Tribunal Electoral de Panamá retira voto electrónico ante desconfianza de partidos políticos

El Tribunal Electoral de Panamá ha decidido suspender el uso del voto electrónico en el Centro de Convenciones Atlántico Pacífico (Atlapa) de la capital, donde estaba previsto que 10,000 electores votaran de esta manera en las próximas elecciones del 5 de mayo. La decisión afecta a 20 mesas de votación que ahora adoptarán el sistema de votación y escrutinio manual, como el resto de las 32 mesas del mismo centro, conforme a lo estipulado en el Código Electoral.

Esta medida se tomó tras una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Partidos Políticos y su subcomisión técnica el pasado martes, donde se expresaron preocupaciones sobre la seguridad y la confianza en el voto electrónico. Además, el inicio del voto anticipado por internet el 23 de abril sufrió problemas técnicos, incluyendo un error en el orden de aparición de los candidatos en la papeleta digital, lo que provocó reclamaciones de los votantes y los partidos políticos.

El Tribunal Electoral afirmó que la suspensión del voto electrónico busca «mantener la transparencia del sistema electoral y eliminar causas de preocupación para asegurar la integridad del proceso».

Este 5 de mayo, cerca de 3 millones de panameños están convocados a votar para elegir al presidente y vicepresidente del país, así como a otros cargos públicos que incluyen 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Ocho candidatos aspiran a la presidencia, con cuatro de ellos destacándose en las encuestas como principales contendientes: José Raúl Mulino por el partido Realizando Metas, Rómulo Roux representando la alianza de Cambio Democrático y el Partido Panameñista, Ricardo Lombana por el Movimiento Otro Camino, y el expresidente Martín Torrijos por el Partido Popular.

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