El contingente de ayuda humanitaria enviado por El Salvador a Venezuela entregó este miércoles asistencia a familias afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, como parte de las labores de apoyo que desarrolla en ese país.

La entrega se realizó en la clínica dispensario Padre Machado, ubicada en la parroquia El Paraíso, en Caracas, donde fueron distribuidos alimentos destinados a personas que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia, según información oficial.

Paralelamente, el equipo USAR El Salvador continúa desplegado en distintas zonas afectadas, realizando labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento el contingente ha rescatado con vida a siete personas, además de recuperar víctimas mortales y rescatar mascotas atrapadas entre los escombros.

El Gobierno salvadoreño reiteró que mantendrá su apoyo al pueblo venezolano mediante acciones de asistencia humanitaria mientras continúan las labores de respuesta a la emergencia.

El Ministerio de Economía (Minec), en coordinación con el Centro Nacional de Registros (CNR), presentó ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) los instrumentos de adhesión a cuatro tratados internacionales orientados a fortalecer la protección de marcas, patentes y diseños industriales en El Salvador.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, informó que la incorporación a estos acuerdos forma parte de la estrategia del Gobierno para modernizar el marco jurídico en materia de propiedad intelectual y promover un entorno más favorable para la inversión y la innovación.

Los tratados presentados son el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativa al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños Industriales.

De acuerdo con la funcionaria, la adhesión a estos instrumentos permitirá fortalecer la seguridad jurídica, agilizar los procesos relacionados con la propiedad intelectual y facilitar que las empresas salvadoreñas protejan sus marcas, patentes y diseños industriales en mercados internacionales.

El Canal de Panamá prevé reducir gradualmente el calado permitido para los buques que transiten por las esclusas de la ampliación hasta los 44 pies (13.41 metros) durante el verano de 2027, como medida para enfrentar los efectos de un fuerte fenómeno de El Niño y la disminución de las reservas de agua.

La administradora designada de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, explicó que, de acuerdo con las proyecciones actuales de lluvias y el volumen de tránsito marítimo, no será necesario restringir el número de embarcaciones que utilizan la vía interoceánica.

«Estamos anticipando que para abril o mayo de 2027 llegaremos a un calado de 44 pies. No estamos previendo una reducción de tránsitos», afirmó durante una conferencia de prensa.

El Canal de Panamá, por donde circula entre el 3 % y el 5 % del comercio marítimo mundial, depende del agua almacenada en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela, que además abastecen de agua potable a más de la mitad de la población panameña.

Actualmente, las esclusas de la ampliación permiten un calado máximo de 50 pies (15.24 metros). Sin embargo, desde el pasado 3 de julio el límite fue reducido a 49.5 pies (15.09 metros), mientras que a partir del 24 de julio disminuirá nuevamente hasta 49 pies (14.94 metros).

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Espino de Marotta indicó que las medidas de conservación de agua comenzaron a implementarse con mayor anticipación que en 2023, cuando una intensa sequía provocada por El Niño obligó al Canal a reducir el calado hasta 44 pies y limitar el tránsito diario de embarcaciones de unas 35 o 36 a solo 22 buques.

La funcionaria explicó que las precipitaciones registradas durante junio estuvieron un 17 % por debajo del promedio histórico, lo que aumenta el riesgo de que la situación hidrológica sea incluso más compleja que la experimentada hace tres años.

La reducción del calado implica que los buques deben navegar con menor carga para poder cruzar el Canal, una situación que también afecta los ingresos de la vía, ya que las tarifas se calculan en función del tonelaje transportado.

Las autoridades indicaron que evalúan el impacto financiero de estas medidas como parte de la preparación del presupuesto del año fiscal 2027, el cual deberá ser aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal, el Gabinete y la Asamblea Nacional.

Espino de Marotta subrayó además la importancia estratégica del proyecto de construcción del embalse de Río Indio, una obra que considera fundamental para garantizar el abastecimiento de agua tanto para las operaciones del Canal como para el consumo de la población.

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Según explicó, la construcción de la nueva presa tomaría aproximadamente cuatro años y permitiría fortalecer la seguridad hídrica del país frente a los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático y los fenómenos extremos asociados a El Niño.