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Internacionales

Juez recomienda anular sentencia de muerte contra madre latina en Texas por falta de pruebas clave

Un juez en Texas ha recomendado anular la sentencia de muerte contra Melissa Lucio, una madre latina, después de concluir que la Fiscalía no compartió pruebas clave que podrían haber contribuido a su defensa en el caso de la muerte de su hija de dos años en 2007, según informes de medios locales.

Arturo Nelson, el juez que presidió el juicio de Lucio en 2008, emitió esta recomendación luego de que la Fiscalía del condado de Cameron admitiera que retuvo pruebas a favor de Lucio. La acusación alegó que Lucio golpeó y torturó hasta la muerte a su hija Mariah Elizabeth Álvarez, la menor de sus 14 hijos.

La policía encontró a la niña inconsciente, con moretones y un brazo roto cuando respondió a una llamada de emergencia el 17 de febrero de 2007. Mariah fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

Lucio afirmó que su hija se cayó por las escaleras, pero la fiscalía no creyó su versión y buscó la condena a muerte.

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Se ha revelado que los testimonios de cinco de los hijos de Lucio, quienes aseguraron que su madre no abusó de ellos ni de Mariah, no fueron compartidos con la defensa.

Uno de los hijos le dijo a un investigador de Servicios de Protección Infantil que vio a Mariah caer por las escaleras y confirmó el relato de Lucio sobre las lesiones y el deterioro de la salud de la niña en los días posteriores al incidente.

La ejecución de Lucio, la primera latina en enfrentar la pena capital en Texas, fue suspendida dos días antes de la fecha prevista en abril de 2022, después de que varios miembros del jurado afirmaron públicamente que, de haber conocido todas las pruebas, hubieran dado otro veredicto.

Ahora el caso está en manos de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, que decidirá si Lucio enfrentará un nuevo juicio.

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Ecuador denuncia a México por violación de principios diplomáticos en caso Glas

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue uno de los principales líderes del Gobierno de Rafael Correa, ha sido objeto de una disputa diplomática entre Ecuador y México debido a su situación legal. Glas, quien también ocupó el cargo de vicepresidente al comienzo del mandato de Lenín Moreno, se refugió en la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023, solicitando asilo político al considerarse un perseguido político y víctima de lo que él llama ‘lawfare’, una táctica de utilización del sistema judicial contra opositores políticos, similar a la situación de Correa, actualmente refugiado en Bélgica.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha acusado a México de violar principios de derecho internacional y soberanía al otorgarle asilo a Glas. Según el Ejecutivo ecuatoriano, México ha infringido la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros tratados internacionales al brindar protección a Glas. Además, la Organización de los Estados Americanos ha condenado la incursión en la Embajada de México en Quito y ha instado al cumplimiento adecuado de las normas de asilo.

A pesar de que un tribunal ecuatoriano declaró la detención de Glas como ilegal y arbitraria debido al allanamiento de la Embajada de México, el exvicepresidente permanece en prisión debido a una condena pendiente de ocho años. Aunque el Gobierno mexicano ha exigido su entrega, Glas continúa recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde experimentó una descompensación poco después de su ingreso y fue hospitalizado durante varias horas.

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Biden y AMLO buscan soluciones rápidas a crisis migratoria en frontera

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han llegado a un acuerdo para implementar medidas inmediatas destinadas a reducir drásticamente los cruces irregulares de migrantes en la frontera compartida. Según un comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos el lunes, tras una llamada telefónica mantenida el domingo, se ha ordenado a los equipos de seguridad nacional de ambos países colaborar estrechamente para aplicar acciones concretas que disminuyan significativamente estos cruces, al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos.

Aunque no se han especificado cuáles serán estas medidas inmediatas, la Administración de Biden había presionado previamente a México para que intensificara los operativos destinados a interrumpir las rutas migratorias hacia el norte, especialmente aquellas que utilizan trenes de carga. Esta presión se intensificó después de que se registraran cifras récord de cruces fronterizos el año pasado.

Aunque durante enero y febrero la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos disminuyó, gracias en parte a las medidas restrictivas impuestas por México, no está claro si esta tendencia se mantendrá. La semana pasada, más de 1.000 migrantes llegaron a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, a bordo del tren de carga conocido como ‘La Bestia’, lo que muestra que el desafío migratorio persiste.

Este acuerdo entre Estados Unidos y México llega en un momento de creciente tensión entre ambos países debido a la cuestión migratoria, en medio de las campañas electorales que se están llevando a cabo este año en ambas naciones.

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Irak amplía ley contra la prostitución para castigar relaciones LGBT con prisión

El Parlamento de Irak aprobó este sábado enmiendas a la ley contra la prostitución, incluyendo la criminalización de las relaciones homosexuales y de las expresiones transgénero, lo que implica penas de hasta 15 años de cárcel.

Según un comunicado oficial, las enmiendas tienen como objetivo «preservar la decencia moral en la sociedad iraquí» frente a lo que consideran «llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo», y ante la ausencia de una legislación que castigue de manera disuasoria dichos actos.

El presidente interino de la Cámara baja, Mohsen al Mandalaui, afirmó que estas enmiendas son «necesarias para proteger la estructura de los valores de la sociedad y de los niños, que están expuestos a la depravación moral y a la homosexualidad».

La nueva legislación penaliza las relaciones homosexuales consensuadas con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Además, promover relaciones entre personas del mismo sexo acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión, junto con una multa de 10 millones de dinares iraquíes (aproximadamente 7,600 dólares).

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También se contempla una condena de uno a tres años de prisión para cualquier persona que se someta a una operación de «reasignación de sexo», así como para el médico que la lleve a cabo. Además, se establecen castigos para hombres que exhiban un «comportamiento afeminado».

La aprobación de esta ley ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), que la consideran un paso atrás en los derechos de las personas LGBT en Irak. La codirectora interina de HRW, Rasha Younes, calificó esta normativa como un «terrible historial de violaciones de derechos contra las personas LGBT en Irak».

A pesar de que las relaciones homosexuales consentidas no estaban explícitamente tipificadas como delito en Irak, las autoridades han utilizado leyes ambiguas relacionadas con la «moralidad» para perseguir a individuos del colectivo LGBT.

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