El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue uno de los principales líderes del Gobierno de Rafael Correa, ha sido objeto de una disputa diplomática entre Ecuador y México debido a su situación legal. Glas, quien también ocupó el cargo de vicepresidente al comienzo del mandato de Lenín Moreno, se refugió en la Embajada de México en Quito el 17 de diciembre de 2023, solicitando asilo político al considerarse un perseguido político y víctima de lo que él llama ‘lawfare’, una táctica de utilización del sistema judicial contra opositores políticos, similar a la situación de Correa, actualmente refugiado en Bélgica.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha acusado a México de violar principios de derecho internacional y soberanía al otorgarle asilo a Glas. Según el Ejecutivo ecuatoriano, México ha infringido la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros tratados internacionales al brindar protección a Glas. Además, la Organización de los Estados Americanos ha condenado la incursión en la Embajada de México en Quito y ha instado al cumplimiento adecuado de las normas de asilo.

A pesar de que un tribunal ecuatoriano declaró la detención de Glas como ilegal y arbitraria debido al allanamiento de la Embajada de México, el exvicepresidente permanece en prisión debido a una condena pendiente de ocho años. Aunque el Gobierno mexicano ha exigido su entrega, Glas continúa recluido en La Roca, la prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde experimentó una descompensación poco después de su ingreso y fue hospitalizado durante varias horas.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han llegado a un acuerdo para implementar medidas inmediatas destinadas a reducir drásticamente los cruces irregulares de migrantes en la frontera compartida. Según un comunicado conjunto emitido por ambos gobiernos el lunes, tras una llamada telefónica mantenida el domingo, se ha ordenado a los equipos de seguridad nacional de ambos países colaborar estrechamente para aplicar acciones concretas que disminuyan significativamente estos cruces, al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos.

Aunque no se han especificado cuáles serán estas medidas inmediatas, la Administración de Biden había presionado previamente a México para que intensificara los operativos destinados a interrumpir las rutas migratorias hacia el norte, especialmente aquellas que utilizan trenes de carga. Esta presión se intensificó después de que se registraran cifras récord de cruces fronterizos el año pasado.

Aunque durante enero y febrero la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos disminuyó, gracias en parte a las medidas restrictivas impuestas por México, no está claro si esta tendencia se mantendrá. La semana pasada, más de 1.000 migrantes llegaron a Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, a bordo del tren de carga conocido como ‘La Bestia’, lo que muestra que el desafío migratorio persiste.

Este acuerdo entre Estados Unidos y México llega en un momento de creciente tensión entre ambos países debido a la cuestión migratoria, en medio de las campañas electorales que se están llevando a cabo este año en ambas naciones.

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El Parlamento de Irak aprobó este sábado enmiendas a la ley contra la prostitución, incluyendo la criminalización de las relaciones homosexuales y de las expresiones transgénero, lo que implica penas de hasta 15 años de cárcel.

Según un comunicado oficial, las enmiendas tienen como objetivo «preservar la decencia moral en la sociedad iraquí» frente a lo que consideran «llamamientos a la homosexualidad que han invadido el mundo», y ante la ausencia de una legislación que castigue de manera disuasoria dichos actos.

El presidente interino de la Cámara baja, Mohsen al Mandalaui, afirmó que estas enmiendas son «necesarias para proteger la estructura de los valores de la sociedad y de los niños, que están expuestos a la depravación moral y a la homosexualidad».

La nueva legislación penaliza las relaciones homosexuales consensuadas con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Además, promover relaciones entre personas del mismo sexo acarrea una pena de entre uno y tres años de prisión, junto con una multa de 10 millones de dinares iraquíes (aproximadamente 7,600 dólares).

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También se contempla una condena de uno a tres años de prisión para cualquier persona que se someta a una operación de «reasignación de sexo», así como para el médico que la lleve a cabo. Además, se establecen castigos para hombres que exhiban un «comportamiento afeminado».

La aprobación de esta ley ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), que la consideran un paso atrás en los derechos de las personas LGBT en Irak. La codirectora interina de HRW, Rasha Younes, calificó esta normativa como un «terrible historial de violaciones de derechos contra las personas LGBT en Irak».

A pesar de que las relaciones homosexuales consentidas no estaban explícitamente tipificadas como delito en Irak, las autoridades han utilizado leyes ambiguas relacionadas con la «moralidad» para perseguir a individuos del colectivo LGBT.

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