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Corte Federal de Apelaciones ordena a Texas mover barrera flotante en el Río Bravo tras fallo en su contra

Corte Federal de Apelaciones ordena a Texas mover barrera flotante en el Río Bravo tras fallo en su contra
Foto: 3 de diciembre | Redacción |

3 de diciembre | Redacción |

Este viernes, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que Texas debe trasladar una barrera flotante instalada en el río Bravo, marcando un revés legal para el gobernador republicano Greg Abbott en su intento de frenar la entrada ilegal de migrantes en Estados Unidos. La barrera, de aproximadamente 300 metros, ha generado tensiones con México y es una de las medidas agresivas implementadas por Abbott.

La orden de la corte exige a Texas detener cualquier trabajo en la barrera y reubicarla en la orilla del río. Esta decisión respalda el fallo de septiembre emitido por un tribunal de menor instancia, que Abbott había previsto que sería revocado. El tribunal también falló en contra de Texas esta semana respecto al alambre de púas instalado a lo largo del río.

Las investigaciones de Estados Unidos sugieren que Miguel Martínez recibió «grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V» para inmunizar contra el COVID-19 y de haber confabulado con otros funcionarios del actual gobierno guatemalteco para «adjudicar ilegalmente contratos».

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Esta barrera flotante fue instalada entre las ciudades fronterizas texanas de Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila, en un intento de controlar la entrada ilegal de migrantes. Texas ha sostenido que ciertas secciones del río Bravo no están sujetas a leyes federales que protegen las aguas navegables, pero los tribunales han respaldado la posición del gobierno de Biden.

La administración de Biden demandó a Abbott bajo la Ley de Ríos y Puertos, alegando que la barrera amenazaba la navegación y las operaciones federales en el río Bravo. Abbott criticó la decisión como «claramente errónea» y anunció planes para buscar una nueva audiencia del tribunal, incluso llegando a la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario.

La barrera flotante fue instalada en un momento en que miles de personas cruzaban ilegalmente hacia Estados Unidos en esa zona. Aunque Texas ha argumentado su efectividad, los tribunales han cuestionado su justificación y han ordenado su reubicación. La tensión entre Estados Unidos y México ha aumentado, y la administración de Biden busca proteger las relaciones bilaterales y mantener una transición democrática en Guatemala.

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Internacionales

Estados Unidos veta por tercera vez resolución de la ONU sobre alto el fuego en Gaza

Estados Unidos ha ejercido su veto por tercera vez consecutiva en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Gaza, presentada por Argelia, que pedía un «alto el fuego inmediato» en el territorio palestino.

La resolución obtuvo 13 votos a favor, una abstención por parte del Reino Unido y el voto en contra de Estados Unidos, pero no logró ser aprobada debido al derecho de veto que posee EE.UU. como miembro permanente del Consejo de Seguridad, junto con Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

La embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, justificó el veto argumentando que la votación en ese momento podría poner en peligro las «delicadas negociaciones» en curso. Según Thomas-Greenfield, Estados Unidos está trabajando junto con Egipto y Catar en una iniciativa propia para lograr una pausa de seis semanas en los combates, y considera que la resolución argelina podría interferir en estas negociaciones y prolongar el conflicto entre Hamás e Israel.

Es importante destacar que esta es la tercera vez que Estados Unidos veta resoluciones relacionadas con el fin del conflicto en Gaza. Anteriormente, vetó resoluciones presentadas por Brasil y Emiratos Árabes Unidos que solicitaban pausas humanitarias y un alto el fuego inmediato, respectivamente.

El embajador chino, Zhang Jun, lamentó el resultado de la votación, indicando que el veto de Estados Unidos anula el consenso del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza.

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Internacionales

Rebeldes hutíes reivindican ataques contra buques y carguero en el mar Rojo y Eilat, Israel

Los rebeldes hutíes en Yemen reclamaron la responsabilidad de varios ataques dirigidos contra buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo, la ciudad costera de Eilat en Israel y un carguero de bandera liberiana llamado «MSC Silver». Esta información fue anunciada por el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea.

Según el comunicado del portavoz, el primer ataque involucró «varios drones» dirigidos a buques de guerra de Estados Unidos en el mar Rojo y el mar Árabe. Además, se atribuyeron el lanzamiento de aviones no tripulados contra «lugares sensibles del enemigo israelí» en Eilat, al sur de Israel.

El ataque más reciente, dirigido al carguero «MSC Silver», fue realizado con «varios misiles navales» mientras la embarcación transitaba por el golfo de Adén. Sarea afirmó que el barco era de propiedad israelí.

El portavoz hutí justificó estas acciones como una respuesta a la «agresión estadounidense y británica» contra Yemen, y como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino sometido a «agresión y asedio».

Estos ataques ocurren poco después de una serie de ataques anteriores contra buques comerciales y un dron de vigilancia estadounidense MQ-9, lanzados por los hutíes, quienes designaron a Estados Unidos y al Reino Unido como «Estados hostiles».

Entre los ataques anteriores, uno de los más significativos fue contra el buque «RUBYMAR», de propiedad británica y con bandera de Belice, que fue hundido por varios misiles. La tripulación pudo abandonar el barco y está a salvo.

Los rebeldes hutíes han intensificado sus ataques contra la navegación en el mar Rojo desde que Estados Unidos designó al grupo como terrorista el pasado 17 de febrero.

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Internacionales

Justicia venezolana libera a tres familiares de Rocío San Miguel; la activista permanece detenida

Los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el pasado viernes por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios, confirmó este martes uno de sus abogados.

“El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares confirma que se decretó la privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano”, informó en X el jurista José González Taguaruco.

Indicó que el lugar de reclusión de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas.

La defensa confirmó también la privativa de libertad contra Alejandro José González Canales, expareja de la activista, cuyo centro de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, quienes también habían sido detenidos, salieron de la cárcel con “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”, según dijo el abogado.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó este martes que San Miguel se presentó la noche del lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y el MP solicitó para ella una medida privación de libertad por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.

Revelación de secretos políticos y militares

Remarcó también que se solicitó prisión “preventiva” para González Canales por la “presunta” comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Saab aseguró que tanto la activista, como sus cinco familiares, aparecen “presuntamente involucrados” en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era “atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”.

En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.

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