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Amplían plazo de investigación en caso de desvío de fondos en la presidencia de El Salvador

Amplían plazo de investigación en caso de desvío de fondos en la presidencia de El Salvador
Foto: Factum

28 de noviembre | Redacción |

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha autorizado la ampliación del periodo de investigación por seis meses adicionales para que la Fiscalía General de la República concluya las pericias financieras contables relacionadas con la acusación contra el expresidente Sánchez Cerén y otras 17 personas. Están acusados de presuntamente desviar la considerable suma de $183 millones de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.

La resolución judicial, fechada el 23 de noviembre de 2023, concede la prórroga hasta el 17 de mayo de 2024 para la presentación de los dictámenes periciales solicitados por la Fiscalía. Esta decisión busca garantizar una investigación exhaustiva y precisa sobre el desvío de fondos, que supuestamente tuvo lugar entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019.

La acusación inicial formulada por la Fiscalía sostiene que los fondos desviados fueron transferidos a seis cuentas de terceros desde la Cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia. Se alega que estos fondos terminaron en cuentas particulares del exsecretario privado, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo de la presidencia, Manuel Ayala. La Fiscalía atribuye a Ayala el blanqueo del dinero a cuentas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

En el mismo contexto, la Fiscalía acusa al exasistente financiero Pablo Gómez y a Edgar Lizama, exjefe del OIE, de desviar $3,968,547 provenientes de fondos de la cooperación China-Taiwán.

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De los 18 acusados, cuatro se encuentran en prisión, entre ellos el exdirector ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala Orellana; el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo; la extesorera Daysi Armida Díaz y el dueño del taller «Frenos y Más», Alexander Benítez Peña.

Por otro lado, los imputados presentes, Jorge Alberto Herrera, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, tienen arresto domiciliario debido a su implicación en el caso Saqueo Público. El próximo 30 de noviembre, recibirán sentencia en relación con ese caso.

Entre los acusados en calidad de prófugos se encuentran el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado José Manuel Melgar Henríquez, y varios exfuncionarios de alto rango. La investigación en curso busca esclarecer las circunstancias del presunto desvío de fondos y llevar a los responsables ante la justicia.

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Centroamérica

Gobierno atiende inundaciones en Ciudad Marsella y suspende permisos a constructora

Tras los reportes de inundaciones registradas durante la noche del sábado en la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, los equipos de primera respuesta del Gobierno se movilizaron de manera inmediata para verificar la situación y brindar atención a las familias afectadas.

Personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de agua, así como para iniciar labores de limpieza en las viviendas impactadas. Estas acciones, según se informó, están a cargo de la empresa constructora responsable del proyecto habitacional.

Como parte del acompañamiento institucional, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó en la residencial para realizar inspecciones técnicas y constatar las afectaciones en las viviendas. Durante su visita, reiteró el respaldo del Gobierno a las familias perjudicadas y afirmó que se exigirán las responsabilidades correspondientes a la empresa involucrada.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria informó sobre la suspensión, a nivel nacional, de los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero, hasta que se garantice el cumplimiento de los procesos legales y se indemnice a las familias afectadas.

Sol añadió que, de manera preliminar, se han identificado posibles fallas en el sistema de drenaje del proyecto habitacional, situación que será confirmada mediante una inspección técnica especializada.

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Noticias

PNC reporta nueva jornada sin homicidios y refuerza tendencia a la baja en enero

El mes de enero continúa registrando jornadas sin asesinatos en El Salvador. De acuerdo con estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), el país sumó un nuevo día sin homicidios, elevando a siete el total de fechas sin muertes violentas en lo que va del mes.

La información fue divulgada a través de la cuenta oficial de la PNC en la red social X, donde se detalló que el viernes 9 de enero concluyó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.

Según los datos oficiales, los días sin asesinatos registrados durante enero son el 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9.

Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes y operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones que, según los informes oficiales, han contribuido a mantener un contexto social con bajos niveles de violencia y a posicionar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.

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Centroamérica

Continúa la baja de homicidios: El Salvador cierra otra jornada sin asesinatos

Banca privada busca trabajar con el Gobierno para mejorar perfil de deuda local

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 8 de enero transcurrió sin registrarse homicidios en todo el territorio salvadoreño, en un nuevo día sin muertes a causa de la violencia.

“Finalizamos el jueves 08 de enero con 0 homicidios en el país”, indicó la institución de seguridad a través de su cuenta oficial en la red social X.

La PNC destacó que la reducción sostenida de los índices de violencia ha sido una constante durante la administración del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con cifras oficiales, El Salvador cerró 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cual se redujo aún más al finalizar 2025, cuando se ubicó en 1.3.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país como parte de la estrategia de seguridad pública.

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