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Amplían plazo de investigación en caso de desvío de fondos en la presidencia de El Salvador

Amplían plazo de investigación en caso de desvío de fondos en la presidencia de El Salvador
Foto: Factum

28 de noviembre | Redacción |

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha autorizado la ampliación del periodo de investigación por seis meses adicionales para que la Fiscalía General de la República concluya las pericias financieras contables relacionadas con la acusación contra el expresidente Sánchez Cerén y otras 17 personas. Están acusados de presuntamente desviar la considerable suma de $183 millones de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.

La resolución judicial, fechada el 23 de noviembre de 2023, concede la prórroga hasta el 17 de mayo de 2024 para la presentación de los dictámenes periciales solicitados por la Fiscalía. Esta decisión busca garantizar una investigación exhaustiva y precisa sobre el desvío de fondos, que supuestamente tuvo lugar entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019.

La acusación inicial formulada por la Fiscalía sostiene que los fondos desviados fueron transferidos a seis cuentas de terceros desde la Cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia. Se alega que estos fondos terminaron en cuentas particulares del exsecretario privado, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo de la presidencia, Manuel Ayala. La Fiscalía atribuye a Ayala el blanqueo del dinero a cuentas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

En el mismo contexto, la Fiscalía acusa al exasistente financiero Pablo Gómez y a Edgar Lizama, exjefe del OIE, de desviar $3,968,547 provenientes de fondos de la cooperación China-Taiwán.

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De los 18 acusados, cuatro se encuentran en prisión, entre ellos el exdirector ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala Orellana; el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo; la extesorera Daysi Armida Díaz y el dueño del taller «Frenos y Más», Alexander Benítez Peña.

Por otro lado, los imputados presentes, Jorge Alberto Herrera, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, tienen arresto domiciliario debido a su implicación en el caso Saqueo Público. El próximo 30 de noviembre, recibirán sentencia en relación con ese caso.

Entre los acusados en calidad de prófugos se encuentran el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado José Manuel Melgar Henríquez, y varios exfuncionarios de alto rango. La investigación en curso busca esclarecer las circunstancias del presunto desvío de fondos y llevar a los responsables ante la justicia.

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ASES ratifica liderazgo y destaca crecimiento del mercado de seguros en El Salvador

La Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) confirmó la continuidad de su junta directiva para el período 2026-2027, dando seguimiento a la gestión iniciada en 2025 y reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector asegurador en El Salvador.

El anuncio se realizó durante una jornada en el hotel Barceló, en San Salvador, donde también se presentaron los resultados del sector correspondientes a 2025.

La presidenta de ASES, Ana Yansi Montano de Figueroa, informó que las primas netas alcanzaron los $1,011 millones, lo que representa un crecimiento del 9 % respecto a 2024. Asimismo, las indemnizaciones sumaron $452 millones, con un incremento del 7.4 %, mientras que la siniestralidad se situó en 44.7 %.

Según la gremial, estos resultados evidencian el dinamismo del sector y su capacidad de respuesta ante riesgos, en un entorno que exige mayor innovación y cercanía con los asegurados.

ASES también destacó que la penetración del seguro en el país se mantiene en un 21 %, es decir, dos de cada diez adultos cuentan con algún tipo de cobertura privada, lo que refleja un amplio margen de crecimiento.

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En términos operativos, por cada $100 en primas, $49 se destinan a indemnizaciones, $24 a gastos de intermediación y $26 a administración, dejando una rentabilidad de $0.94.

La gremial reiteró su apuesta por fortalecer el sector como un pilar clave para la estabilidad económica, la protección de las familias y el desarrollo de capacidades resilientes en el país.

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Asamblea avanza en reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua

Los diputados de la comisión política de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable para ratificar una reforma constitucional y aprobar cambios a leyes secundarias que habilitan la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo.

La propuesta contempla la modificación del artículo 27 de la Constitución, así como ajustes al Código Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil. Durante su análisis participaron representantes del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, quienes aportaron criterios técnicos y jurídicos.

Como parte del proceso, los dictámenes fueron enviados al pleno legislativo para su discusión final y eventual ratificación en la sesión plenaria programada para este jueves.

Entre las enmiendas impulsadas por el Ejecutivo se incluye la incorporación de la pena perpetua en el inciso segundo del artículo 27, estableciendo que esta sanción aplicará exclusivamente a quienes cometan homicidio, violación o terrorismo.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, afirmó que las reformas están en concordancia con el ordenamiento jurídico y refuerzan principios constitucionales.

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Por su parte, el sociólogo René Martínez sostuvo que la medida responde a una visión centrada en las víctimas. Según explicó, la cadena perpetua sería proporcional al daño causado y contribuiría a proteger a sectores vulnerables como la niñez y la adolescencia. También cuestionó la postura de la oposición frente a estas iniciativas.

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Fiscalía habilita centro especializado para investigar caso Credicash

La Fiscalía General de la República habilitó un centro especializado para el procesamiento de evidencia en el caso Credicash, con el objetivo de agilizar las investigaciones y brindar una respuesta más efectiva a las personas afectadas.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que este espacio permitirá organizar la documentación incautada, contrastarla con la evidencia física recolectada en la sede de la empresa, así como analizar contratos y registros financieros para identificar a las posibles víctimas.

Hasta el momento, las autoridades han localizado alrededor de 18,000 contratos de mutuo; sin embargo, únicamente 180 personas se han presentado formalmente como afectadas.

Según el funcionario, el centro cuenta con un equipo de 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas, quienes trabajarán en la revisión de la información para avanzar en el proceso.

Delgado subrayó que el objetivo principal es establecer mecanismos que permitan el reintegro de fondos a las víctimas debidamente acreditadas, al tiempo que advirtió que quienes no puedan comprobar esa condición podrían enfrentar otro tipo de evaluaciones legales.

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