Centroamérica
Guatemala: MP sentenciará a Rubén Zamora el próximo 14 de junio
31 de mayo | Redacción |
El pasado martes, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala solicitó que se apliquen las penas máximas a José Rubén Zamora Marroquín por los delitos de lavado de dinero, chantaje y asociación ilícita y que sea condenado a un total de 40 años de cárcel.
Luego de 28 días de juicio, la jueza Oly González, titular del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del Organismo Judicial del país, dio por cerrada la fase de conclusiones y ahora deberá anunciar su veredicto contra Zamora Marroquín.
El periodista, de 66 años, fue detenido el 29 de julio de 2022 en su hogar tras difundir fuertes críticas por corrupción contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en su medio de comunicación El Periódico.
El abogado defensor del periodista, Joel Reyes, aseguró que «o se comprobó ninguna vinculación de Zamora Marroquín con los tres delitos imputados” durante la exposición de sus conclusiones en la etapa final del juicio en su contra y agregó que algunas de las pruebas presentadas por el MP “carecen de legitimidad” por los métodos utilizados para obtenerlas.
Durante la exposición, Reyes aseveró que la Fiscalía Especial contra la Impunidad no tomó en cuenta cuatro actas que revelan el origen de Q300 mil por los que se acusa de lavado de dinero.
“Hay cuatro actas que no se ofrecieron como prueba, ni mucho menos traer a las personas que participaron en las actas. El origen de los fondos estaba establecido en las actas, ese artículo 108 del Código Procesal Penal nos refiere a que la investigación lo que se obtenga debe de ser presentado al Tribunal sea en beneficio o perjuicio de la persona a la que se le imputa el delito”, aseveró Reyes.
Asimismo, el abogado Reyes señaló que las grabaciones de Ronald García Navarijo son clara “violación a los Derechos Humanos debido a que son ilegítimas de una operación encubierta”.
En la exposición de conclusiones el abogado señaló que se violentó el secreto de correspondencia. Ante la ilegitimidad que señala la defensa de Zamora, las grabaciones a su criterio no pueden usarse como prueba.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.
En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.
“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.
La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.
Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.
En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.
Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.
“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.
Centroamérica
Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.
Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.
“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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