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Centroamérica

Guatemala: MP sentenciará a Rubén Zamora el próximo 14 de junio

Guatemala: MP sentenciará a Rubén Zamora el próximo 14 de junio
Foto: Prensa Libre

31 de mayo | Redacción |

El pasado martes, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala solicitó que se apliquen las penas máximas a José Rubén Zamora Marroquín por los delitos de lavado de dinero, chantaje y asociación ilícita y que sea condenado a un total de 40 años de cárcel.

Luego de 28 días de juicio, la jueza Oly González, titular del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del Organismo Judicial del país, dio por cerrada la fase de conclusiones y ahora deberá anunciar su veredicto contra Zamora Marroquín.

El periodista, de 66 años, fue detenido el 29 de julio de 2022 en su hogar tras difundir fuertes críticas por corrupción contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en su medio de comunicación El Periódico.

El abogado defensor del periodista, Joel Reyes, aseguró que «o se comprobó ninguna vinculación de Zamora Marroquín con los tres delitos imputados” durante la exposición de sus conclusiones en la etapa final del juicio en su contra y agregó que algunas de las pruebas presentadas por el MP “carecen de legitimidad” por los métodos utilizados para obtenerlas.

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Durante la exposición, Reyes aseveró que la Fiscalía Especial contra la Impunidad no tomó en cuenta cuatro actas que revelan el origen de Q300 mil por los que se acusa de lavado de dinero.

“Hay cuatro actas que no se ofrecieron como prueba, ni mucho menos traer a las personas que participaron en las actas. El origen de los fondos estaba establecido en las actas, ese artículo 108 del Código Procesal Penal nos refiere a que la investigación lo que se obtenga debe de ser presentado al Tribunal sea en beneficio o perjuicio de la persona a la que se le imputa el delito”, aseveró Reyes.

Asimismo, el abogado Reyes señaló que las grabaciones de Ronald García Navarijo son clara “violación a los Derechos Humanos debido a que son ilegítimas de una operación encubierta”.

En la exposición de conclusiones el abogado señaló que se violentó el secreto de correspondencia. Ante la ilegitimidad que señala la defensa de Zamora, las grabaciones a su criterio no pueden usarse como prueba.

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Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

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Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

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