Centroamérica

Guatemala: MP sentenciará a Rubén Zamora el próximo 14 de junio

Foto: Prensa Libre

31 de mayo | Redacción |

El pasado martes, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala solicitó que se apliquen las penas máximas a José Rubén Zamora Marroquín por los delitos de lavado de dinero, chantaje y asociación ilícita y que sea condenado a un total de 40 años de cárcel.

Luego de 28 días de juicio, la jueza Oly González, titular del Tribunal Octavo de Sentencia Penal del Organismo Judicial del país, dio por cerrada la fase de conclusiones y ahora deberá anunciar su veredicto contra Zamora Marroquín.

El periodista, de 66 años, fue detenido el 29 de julio de 2022 en su hogar tras difundir fuertes críticas por corrupción contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en su medio de comunicación El Periódico.

El abogado defensor del periodista, Joel Reyes, aseguró que «o se comprobó ninguna vinculación de Zamora Marroquín con los tres delitos imputados” durante la exposición de sus conclusiones en la etapa final del juicio en su contra y agregó que algunas de las pruebas presentadas por el MP “carecen de legitimidad” por los métodos utilizados para obtenerlas.

20260330_renta_mh_728x90

Durante la exposición, Reyes aseveró que la Fiscalía Especial contra la Impunidad no tomó en cuenta cuatro actas que revelan el origen de Q300 mil por los que se acusa de lavado de dinero.

“Hay cuatro actas que no se ofrecieron como prueba, ni mucho menos traer a las personas que participaron en las actas. El origen de los fondos estaba establecido en las actas, ese artículo 108 del Código Procesal Penal nos refiere a que la investigación lo que se obtenga debe de ser presentado al Tribunal sea en beneficio o perjuicio de la persona a la que se le imputa el delito”, aseveró Reyes.

Asimismo, el abogado Reyes señaló que las grabaciones de Ronald García Navarijo son clara “violación a los Derechos Humanos debido a que son ilegítimas de una operación encubierta”.

En la exposición de conclusiones el abogado señaló que se violentó el secreto de correspondencia. Ante la ilegitimidad que señala la defensa de Zamora, las grabaciones a su criterio no pueden usarse como prueba.

20260330_renta_mh_728x90

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

20260330_renta_mh_728x90

Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

20260330_renta_mh_728x90

El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.