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Centroamérica

Informes de instituciones intervenidas por el Poder Ejecutivo de Honduras serán remitidos al Ministerio Público

Informes de instituciones intervenidas por el Poder Ejecutivo de Honduras serán remitidos al Ministerio Público
Foto: tiempo.hn

1 de junio | Redacción |

A más de 90 días de que la presidenta hondureña Xiomara Castro ordenara la intervención de la Oficina de Servicio Civil, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y el Sistema Nacional de Emergencia 911 surge la duda sobre cuáles son los resultados que se han dado en ellas.

En febrero inició la intervención en el Servicio Civil y finalizará en julio, mientras que el trabajo en la OABI concluirá en febrero de 2024. La comisión interventora del 911 culminará su labor en marzo del próximo año..

El abogado Rigoberto Portillo, interventor de la OABI, señaló que están “documentando casos de hallazgos y ahorita en junio vamos a presentar un informe a la presidenta Xiomara Castro” que servirá para que el Ministerio Público efectúe las investigaciones.

Los inspectores de la OABI detallaron que han pedido ayuda al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para realizar auditorías de los últimos años de gestión.

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Sobre los hallazgos, Portillo afirmó que han encontrado “inventarios falsos de bienes y vehículos, ventas y arrendamientos paralizados, inmuebles y empresas que han sido saqueadas. Nos encontramos con arrendamientos y los fondos recaudados no eran pagados a la OABI, sino a terceros”.

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Centroamérica

FGR y PNC desarticulan red de tráfico de personas en operativo realizado la madrugada del sábado

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo un operativo la madrugada de este sábado contra una red dedicada al tráfico de personas.

El operativo resultó en la captura de varios individuos, quienes según las investigaciones, cobraban entre 13 mil y 16 mil dólares por trasladar ilegalmente a salvadoreños hacia Estados Unidos.

Según la FGR, las víctimas provenían de los departamentos de La Libertad, San Miguel y Chalatenango, y eran llevadas a la frontera de El Poy, desde donde se les trasladaba a través de puntos ilegales hacia el extranjero. Esta información fue compartida en la cuenta oficial de la institución en X (antes Twitter).

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Centroamérica

Guatemala recibe patrullera donada por EE. UU. para fortalecer la lucha contra el narcotráfico

En una ceremonia realizada en una base militar en San José, un municipio costero en el Pacífico de Guatemala, el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, entregó una patrullera al gobierno guatemalteco.

Durante el evento, que también fue presidido por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, Robinson destacó que «esta donación ayudará a asegurar que Guatemala cuente con las herramientas necesarias para avanzar aún más en la lucha contra el narcotráfico».

La patrullera, bautizada como «Hunahpú», cuenta con 26,5 metros de eslora y 5,5 metros de manga, y tiene una capacidad de carga de hasta cuatro toneladas, según informó el gobierno guatemalteco.

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Centroamérica

Justicia para Usulután: 17 pandilleros sentenciados por múltiples delitos

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 17 pandilleros pertenecientes a las clicas Los Molinos y Leeward de la MS-13, por una serie de delitos cometidos en los municipios de Usulután y Tecapán entre mayo y septiembre de 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que vinculan a los acusados con homicidios, extorsiones y conspiración para asesinar.

Entre los crímenes comprobados, se incluyen dos homicidios agravados, cinco casos de extorsión, un secuestro y varios intentos de asesinato. Los líderes de la estructura, como Juan Bautista Carranza, alias «Despiadado», recibieron sentencias de hasta 112 años de prisión. José Feliciano Nieto Chicas, alias «Soberbio», fue condenado a 82 años, mientras que otros implicados, como Cristian Vladimir Hernández y Ricardo Bladimir Cárdenas, recibieron penas de 52 y 41 años, respectivamente.

Las extorsiones afectaron principalmente a microbuseros de Tecapán, quienes eran obligados a pagar $70 semanales a la pandilla a cambio de «protección».

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