El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador ordenó que pasen al Estado un inmueble, tres vehículos y $9,587 en efectivo, vinculados a una estructura de crimen organizado que operaba en la zona oriental del país.

El inmueble está ubicado en la urbanización El Molino, en San Miguel. Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía acreditó que el dinero y la propiedad constituían productos indirectos de actividades ilícitas atribuidas a Guadalupe Adalberto Orellana Gómez.

Además, el tribunal determinó que los tres vehículos fueron utilizados por integrantes de un grupo delincuencial para cometer hurtos en instituciones financieras de San Miguel, Usulután y La Unión.

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y agosto de 2020. El 4 de agosto de ese año, durante un allanamiento realizado en la vivienda de Orellana, ubicada en la colonia El Molino, las autoridades decomisaron el dinero y uno de los vehículos.

Como parte del proceso, la Fiscalía presentó la certificación del expediente correspondiente al Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, utilizado como parte de los elementos para sustentar la solicitud de extinción de dominio.

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CEL

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla condenó por enriquecimiento ilícito al exministro de Relaciones Exteriores Jaime Alfredo Miranda Flamenco y a su esposa, Alicia del Carmen Medina Aguilar de Miranda, por un incremento patrimonial no justificado de $277,203.61.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las irregularidades se registraron durante los distintos cargos que Miranda Flamenco ocupó en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2009 y 2019, incluidos los de viceministro de Cooperación para el Desarrollo, ministro de Relaciones Exteriores y viceministro de Integración y Promoción Económica.

El exfuncionario ejerció como ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2014, durante la administración de Mauricio Funes, y posteriormente ocupó el cargo de viceministro de Integración y Promoción Económica entre 2018 y 2019, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

Según la Fiscalía, durante sus períodos como viceministro se detectó un incremento patrimonial no justificado de $213,364.35. La Cámara determinó que Miranda Flamenco no logró justificar seis irregularidades identificadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el caso de su esposa, la resolución establece la devolución de $63,839.26, correspondientes a tres irregularidades patrimoniales.

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CEL

La demanda fue presentada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía a partir de nueve irregularidades detectadas durante las investigaciones de la Sección de Probidad.

Las anomalías estuvieron relacionadas con depósitos bancarios, pago de deudas y otras prestaciones. De acuerdo con el Ministerio Público, los involucrados tuvieron la oportunidad de presentar argumentos y documentación para justificar el origen de los fondos, pero no lograron desvirtuar las observaciones realizadas.

Para emitir su resolución, los magistrados analizaron informes de Probidad, documentación bancaria y una pericia financiera, patrimonial y contable.
Con base en las pruebas incorporadas al proceso, la Cámara concluyó que existió un incremento patrimonial que no pudo ser justificado y determinó la responsabilidad por enriquecimiento ilícito del exfuncionario y su esposa.

Los accidentes de tránsito se han convertido en uno de los principales riesgos para la población salvadoreña, en un contexto en el que los homicidios mantienen una tendencia a la baja.

Entre el 1.º de enero y el 10 de agosto de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró 879 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que la Policía Nacional Civil contabilizó 37 homicidios durante el mismo período.

Las cifras reflejan un cambio en los principales factores de riesgo que enfrenta la población. Las autoridades atribuyen la reducción de los homicidios a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

De acuerdo con Onasevi, la principal causa de fallecimientos en accidentes de tránsito durante 2026 ha sido la distracción del conductor, con 286 víctimas.

Le siguen la invasión del carril, con 130 fallecidos; no respetar la señal de prioridad, con 30; y no guardar la distancia de seguridad, con 23 víctimas mortales.

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CEL

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que la distracción representa actualmente el principal problema para la seguridad vial.

“El enemigo público número uno de la seguridad vial es la distracción”, afirmó Reyes, quien advirtió sobre los riesgos de utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

El funcionario señaló que acciones como responder mensajes, revisar el teléfono o tomar fotografías durante la conducción pueden provocar accidentes con consecuencias mortales.