El presidente de la República, Nayib Bukele, informó este viernes sobre la incautación de 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $167 millones, durante una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Naval Tridenteen aguas del océano Pacífico.

Según detalló el mandatario, el operativo se desarrolló el 18 de junio de 2026 y permitió interceptar dos embarcaciones de bajo perfil utilizadas presuntamente para el transporte de droga.

La primera embarcación, tipo Low Profile Vessel (LPV), fue localizada a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. En ella viajaban tres personas —dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano— que transportaban 3.425 toneladas de cocaína.

Seis horas después, las autoridades detectaron una segunda embarcación con características similares a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste del mismo punto. En esta nave también fueron detenidos tres presuntos narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína.

Las autoridades informaron que el decomiso total alcanzó las 6.68 toneladas, convirtiéndose en la mayor incautación realizada por el país en una sola operación y superando el récord anterior de 6.606 toneladas, registrado el pasado 13 de febrero de 2026.

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De acuerdo con el presidente Bukele, con este nuevo procedimiento El Salvador acumula 13.286 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor estimado superior a los $332 millones.

El mandatario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de combate al narcotráfico internacional impulsada por las fuerzas de seguridad y defensa del país, orientada a interceptar cargamentos de droga en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.

“Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026”, señaló el jefe de Estado al dar a conocer los resultados de la operación.

Tres hombres murieron el jueves durante una operación del ejército de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico, en el marco de la campaña antidrogas que Washington desarrolla en la región desde septiembre de 2025.

El operativo fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos, organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe.

Según informó la institución, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba en rutas utilizadas para el tráfico de drogas en el Pacífico oriental y que presuntamente participaba en actividades vinculadas al narcotráfico.

“Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba en rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas”, indicó el Comando Sur a través de una publicación en redes sociales.

Las autoridades militares calificaron a los fallecidos como “narcoterroristas” y difundieron imágenes del operativo, entre ellas un video que muestra la explosión de una embarcación de pequeño tamaño.

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El incidente se produce apenas dos días después de otra acción similar en la que murió una persona, también en el contexto de la operación denominada Lanza del Sur.

De acuerdo con recuentos periodísticos, esta campaña ha dejado más de 200 fallecidos desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, convirtiéndose en una de las operaciones de seguridad más controvertidas impulsadas por Washington en la región.

La administración del presidente Donald Trump sostiene que las acciones están dirigidas contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Sin embargo, hasta ahora no ha divulgado pruebas concluyentes que vinculen públicamente a todas las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas.

Diversos expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la legalidad de estas operaciones, advirtiendo que algunos de los ataques podrían ser objeto de cuestionamientos bajo normas internacionales relacionadas con el uso de la fuerza.

Las críticas se centran en la falta de procesos judiciales previos y en la necesidad de garantizar que las acciones militares respeten los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

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Mientras tanto, el Gobierno estadounidense mantiene su estrategia de presión contra las redes de narcotráfico que operan en las rutas marítimas del Pacífico, una de las principales vías utilizadas para el traslado de drogas hacia Norteamérica.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una estructura señalada de dedicarse al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, una actividad que habría generado pérdidas económicas estimadas en más de $152,000.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los implicados desarrollaron una aplicación informática que les permitía obtener de forma ilícita la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país y posteriormente comercializar el servicio a terceros.

La Fiscalía indicó que la estructura utilizaba herramientas tecnológicas especializadas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los mecanismos de seguridad implementados por la compañía afectada y ofrecer paquetes de datos a través de redes sociales y grupos de mensajería privada.

Los servicios eran comercializados por montos que oscilaban entre los $3 y $20, dependiendo de las características del paquete ofrecido.

Como resultado del operativo fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, identificado como exdocente de informática y presunto creador de la aplicación utilizada para sustraer la señal; Óscar Iván Melgar Monge, quien supuestamente se encargaba de contactar clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, señalado de administrar los pagos recibidos mediante cuentas bancarias.

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Según la acusación, los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.

Durante los allanamientos realizados por las autoridades se incautaron diversos equipos y dispositivos electrónicos, entre ellos dos unidades centrales de procesamiento (CPU), una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, un disco duro y una tarjeta de débito.

Las investigaciones apuntan a que la actividad ilegal habría iniciado en septiembre de 2025 y se mantuvo operando durante varios meses, generando beneficios económicos para los involucrados a costa de la empresa afectada.

La Fiscalía informó que las indagaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas al esquema y establecer el alcance total de las operaciones desarrolladas por la estructura.

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