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Colombia evaluará cada dos meses el cese al fuego pactado con grupos armados
| Por AFP |
El gobierno de Colombia evaluará cada dos meses el cumplimiento del cese al fuego pactado con los principales grupos armados y que regirá durante el primer semestre del año, informó este lunes el ministerio del Interior.
«La labor más difícil que hay es la verificación (…) Se prevé que cada dos meses se haga un corte de cuentas de cómo evoluciona en cada uno de los territorios, con cada una de estas organizaciones», explicó el jefe de la cartera, Alfonso Prada, en entrevista con Blu Radio.
La víspera de Año Nuevo, el presidente izquierdista Gustavo Petro anunció una tregua bilateral entre el gobierno y cinco grupos armados desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023 con miras a negociaciones que permitan desactivar el prolongado conflicto interno.
El gobierno mantiene bajo reserva los decretos donde se detallan los acuerdos de cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.
Bajo su política de «paz total», Petro aspira detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016.
Sin ahondar en detalles, Prada aseguró que los diálogos serán «diferentes» con cada organización, dependiendo de si «se mueven en la economía ilegal» o «tienen estatus político».
«No vamos a tenerla fácil, lo tenemos clarísimo», admitió el vocero presidencial.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica apoyaron la tregua.
Sin desmilitarización
Unos 15 mil combatientes se acogerán a esta decisión según cálculos recientes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las operaciones de la fuerza pública contra el narcotráfico y la minería ilegal «continúan» y que lo único que se evitará es «que haya una confrontación con el grupo ilegal».
«No significa el cese al fuego bilateral una autorización para que se continúen cometiendo delitos», declaró Velásquez a medios.
Desde noviembre el gobierno negocia con el ELN, la última guerrilla reconocida en el país. Los rebeldes concedieron una tregua unilateral de Navidad que comenzó el 24 de diciembre y se prorrogó con el reciente anuncio.
El ministro Prada aseguró que la fuerza pública mantendrá el control de «todo el territorio» y no se van a desmilitarizar regiones para que las organizaciones «se muevan a sus anchas» como ocurrió en negociaciones de paz anteriores.
«Aquí no se para la presencia de las fuerzas armadas, se paran los disparos de un lado y del otro», añadió.
El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) desmilitarizó 42.000 km2 en la región del Caguán (sur) durante una negociación fallida con las FARC, que los rebeldes aprovecharon para fortalecerse.
Tregua entre organizaciones
Petro, un exguerrillero que firmó la paz y depuso los fusiles en 1990, se convirtió el 7 de agosto de 2022 en el primer presidente de izquierda de Colombia.
La política de «paz total» ha sido blanco de críticas de la oposición que la considera una «apología a la criminalidad y a la impunidad».
El gobierno no ha informado si las mesas de diálogo se instalarán en Colombia o en otros países, como ocurre con el ELN que inició una primera etapa de negociación en Venezuela y seguirá en México en una fecha por definir.
Según el ministro de Defensa, «se están adelantando conversaciones entre organizaciones armadas que tienen presencia en un mismo territorio para que también entre ellas cese la confrontación».
«Es lo que podría garantizar la tranquilidad para la población» que suele quedar en medio del fuego cruzado, añadió.
Los demás alzados en armas que quedaron fuera de los acuerdos de cese al fuego serán «perseguidos sin límite alguno», indicó el gobierno.
Colombia vive un conflicto armado que en seis décadas deja nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados.
El narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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