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Centroamérica

Presidenta de Honduras va a ONU a sellar llegada de comisión investigadora anticorrupción

| Por AFP |

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, partió este domingo a la ONU para sellar la instalación de una comisión internacional que luche contra la corrupción en su país, similar a una que operó en Guatemala.

La mandataria izquierdista viajó en un vuelo comercial hacia Nueva York con su secretario privado, su hijo Héctor Zelaya, «para concretar la llegada de la CICIH al país» centroamericano, dijo el gobierno en un comunicado.

La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sería semejante a una entidad avalada por la ONU que comenzó a operar como fiscalía paralela en Guatemala en 2008, integrada por magistrados e investigadores extranjeros.

La ONU aceptó crear esta comisión, conocida como CICIG, porque el crimen organizado estaba enquistado en sensibles instituciones guatemaltecas, como la fiscalía y la policía.

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La CICIG fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien se negó a renovarle su mandato unos meses después de declarar «persona non grata» al magistrado colombiano que dirigía la Comisión.

Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, basó la campaña que la llevó al poder en enero en combatir la corrupción con la ayuda de la ONU.

En noviembre del 2021, ya como presidenta electa, inició las gestiones para crear esta comisión con el secretario general de la ONU, António Guterres.

La CICIH tiene también antecedente en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), establecida por la OEA durante cuatro años, que contribuyó a llevar ante la justicia a decenas de diputados, funcionarios y empresarios.

Pero el entonces presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se negó renovar este convenio con la Organización de Estados Americanos, por lo que la MACCIH dejó de existir el 19 de enero del 2020.

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Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril, acusado de conspirar para introducir unas 500 toneladas de cocaína, en complicidad con carteles colombianos y mexicanos entre 2004 y 2022.

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Centroamérica

Capturan en Honduras al presidente del INABVE por no declarar $60,000 en efectivo

La Policía Nacional de Honduras (PNH), a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), informó sobre la captura de Juan Alberto Ortiz Hernández, presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes de El Salvador (INABVE), por no declarar $60,000 al intentar salir del país por la frontera de El Amatillo, en el departamento de Valle.

Según los reportes oficiales, el funcionario no pudo justificar el origen del dinero, el cual estaba compuesto por billetes de diversas denominaciones y oculto dentro del vehículo en el que se transportaba. Las autoridades también le decomisaron dos teléfonos celulares, ambos con características similares, uno de ellos marca iPhone.

Ortiz Hernández, de 42 años, es originario del barrio Copen, en San Pedro Sula, Honduras, pero reside actualmente en San José de la Fuente, La Unión, El Salvador. Fue nombrado presidente del INABVE el 27 de agosto de 2021.

El Instituto que preside tiene como función la administración y distribución de beneficios sociales, económicos y médicos para los veteranos y excombatientes salvadoreños, así como sus familias.

Las autoridades hondureñas continúan con la investigación para esclarecer el caso y determinar el destino y la procedencia del dinero.

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Centroamérica

Corte Suprema de Costa Rica pide levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Por primera vez en la historia política de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad presidencial. El pedido recae sobre el presidente Rodrigo Chaves, quien enfrenta una acusación formal de corrupción presentada por el fiscal general Carlo Díaz.

La decisión fue tomada este lunes por la Corte Plena —instancia conformada por todos los magistrados del alto tribunal— con 15 votos a favor y 7 en contra, lo que autoriza el traslado del caso al Congreso, que deberá ahora resolver si procede con el desafuero del mandatario.

El fiscal Díaz acusa a Chaves, economista de 64 años, del delito de concusión, al presuntamente obligar a una empresa de comunicación contratada por la Presidencia a entregar $32,000 a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz. Según la Fiscalía, los fondos involucrados provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante una contratación que se habría realizado de manera “aparentemente indebida”.

Junto al mandatario, también se solicitó el levantamiento de inmunidad para el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por su presunta implicación en el mismo esquema.

Hasta el momento, el presidente Chaves no ha emitido declaraciones públicas, pero la diputada oficialista y jefa de fracción, Pilar Cisneros, tildó la solicitud como “insustancial, absurda y ridícula”, asegurando que el presidente “no tuvo nada que ver” con el contrato privado cuestionado.

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La Asamblea Legislativa deberá votar si retira el fuero que protege al jefe de Estado, decisión que marcará un precedente jurídico y político en Costa Rica.

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Centroamérica

El Salvador inicia julio sin homicidios y acumula 948 días de seguridad

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 1 de julio concluyó sin registrar ningún homicidio en El Salvador, manteniendo la tendencia positiva en materia de seguridad.

Durante junio, el país contabilizó 26 días sin jornadas violentas por asesinatos, sumándose a los buenos resultados de meses anteriores: enero registró 25 días sin homicidios, febrero 26, marzo 22, abril 25 y mayo también 25.

Desde junio de 2019 hasta el 30 de junio de 2025, El Salvador ha acumulado un total de 948 días sin homicidios, gracias a la implementación de la estrategia de seguridad conocida como Plan Control Territorial y al régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Desde la puesta en marcha del régimen de excepción, más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados y acusados por agrupaciones ilícitas, consolidando los avances en la reducción de la violencia en el país.

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