Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Honduras interviene unidad antipandillas tras asesinato de cinco agentes
El Ministerio de Seguridad de Honduras ordenó la intervención inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de que un operativo considerado irregular terminara con el secuestro y asesinato de cinco agentes de esa división policial.
Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades suspendieron al director, subdirector y jefe de operaciones de la unidad antipandillas. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que la cúpula de Dipampco será investigada para determinar por qué los agentes participaron en un allanamiento sin cumplir los protocolos institucionales establecidos.
De acuerdo con las autoridades hondureñas, los policías fueron asesinados por integrantes de una estructura criminal tras un operativo realizado el jueves en la aldea Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.
El Ministerio de Seguridad detalló en un comunicado que Dipampco ejecutó el allanamiento “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes”.
Las investigaciones preliminares señalan que el operativo estaba dirigido contra una estructura dedicada al narcotráfico liderada por Héber Noé Argueta Zavala, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agentes ingresaron en fila a la vivienda intervenida y fueron recibidos con disparos. Periodistas hondureños que acudieron al lugar señalaron que la organización criminal aparentemente ya conocía sobre la llegada de los uniformados antes del operativo.
Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades dentro de la unidad policial y determinar cómo se filtró la información sobre el procedimiento.
Centroamérica
PNC y Ejército aumentan vigilancia fronteriza ante violencia en Honduras
El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras tras las masacres ocurridas el jueves en territorio hondureño, donde al menos 24 personas murieron, incluidos cinco agentes policiales.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades mantienen vigilancia permanente en los pasos fronterizos y coordinación con cuerpos de seguridad hondureños para impedir el ingreso de los responsables de los ataques.
“Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para conocer el estado de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la zona y evitar que las personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También contamos con el apoyo del Ejército de Guatemala”, declaró el funcionario.
Las medidas de seguridad se concentran principalmente en las zonas limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron los patrullajes y los controles vehiculares.
Las autoridades guatemaltecas también informaron sobre el cruce de dos ciudadanos hondureños sospechosos de estar vinculados con la masacre de policías ocurrida en Honduras, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su situación migratoria o posibles capturas.
Centroamérica
Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales
Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.
Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.
El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.
“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.
Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.
De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.
La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.
“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.
Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.
Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.
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