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Centroamérica

Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción

Foto: Johan Ordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderón |

Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.

Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.

A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.

Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.

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«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.

Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.

Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas. 

«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar. 

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La línea

El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.

Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.

Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas. 

El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.

Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.

«Un parteaguas»

Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.

«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».

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«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos. 

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Centroamérica

Gobierno anuncia amplio dispositivo de seguridad para el Carnaval de San Miguel 2025

Las autoridades del Gobierno anunciaron este jueves el dispositivo de seguridad que se desplegará durante el Carnaval de San Miguel, que se realizará el sábado 29 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix y en las principales calles y avenidas de la ciudad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que más de 5,400 elementos policiales y militares garantizarán el orden antes, durante y después del evento.
“Este año estamos enfocados en la operatividad del Carnaval de San Miguel. El Gabinete de Seguridad trabajará para brindar protección a todos los salvadoreños y turistas que participen”, afirmó.

Villatoro señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) desplegará a más de 2,400 agentes, entre personal uniformado, investigadores y equipos especializados.
“Vamos a brindar la paz y tranquilidad que los salvadoreños merecen. Hemos incluido personal de todas las áreas, porque policía somos todos”, añadió. También destacó que cuentan con tecnología para identificar y capturar a cualquier persona con antecedentes o que intente cometer delitos durante el festejo.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que la Fuerza Armada reforzará el operativo con más de 3,000 efectivos.
“La institución pondrá a disposición 3,000 elementos para apoyar en materia de seguridad a la Policía”, indicó.

Además, el despliegue incluirá tres aeronaves —helicópteros estacionados en la Tercera Brigada— listas para atender emergencias, así como equipos caninos que participarán en las tareas de inspección y prevención.

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Centroamérica

Kast quiere reunirse con Bukele si gana en Chile: “El Salvador ya es un país libre de violencia”

El candidato presidencial chileno del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresó este jueves su interés en reunirse con el presidente salvadoreño Nayib Bukele si resulta electo en la segunda vuelta del 14 de diciembre. “Ya son un país libre de violencia y ya no tienen más maras en las calles”, afirmó al referirse a los cambios en materia de seguridad en El Salvador.

Kast, quien se medirá en el balotaje contra la candidata de izquierda Jeannette Jara, visitó recientemente El Salvador, donde, aunque no sostuvo un encuentro con Bukele, conoció de primera mano detalles sobre la estrategia que permitió enfrentar a las pandillas.

Su propuesta de gobierno se centra en una política firme contra el crimen y el control de la migración irregular. En ese contexto, también ha visitado Italia y Hungría para estudiar modelos de seguridad y gestión fronteriza.

El giro en seguridad que ha experimentado El Salvador ha despertado el interés de diversos países de la región. Delegaciones de Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Honduras, Brasil e incluso Estados Unidos han buscado conocer la implementación del régimen de excepción y del Plan Control Territorial, estrategias que el Gobierno salvadoreño atribuye a la eliminación de las pandillas en su territorio.

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Centroamérica

Costa Rica acelera la descentralización sanitaria para acercar tratamientos y mejorar la atención del cáncer

Costa Rica impulsa una estrategia de descentralización sanitaria con el objetivo de acercar los servicios de salud a las comunidades y mejorar la detección y el tratamiento temprano de enfermedades como el cáncer. La iniciativa busca reducir los desplazamientos hacia la Gran Área Metropolitana y elevar la calidad de vida de los pacientes mediante una red más amplia y accesible.

La descentralización “no solo son medicinas; implica recursos humanos, equipos, infraestructura y una estructura integral que debemos fortalecer y trasladar a las zonas rurales”, afirmó el director de Farmacoepidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ricardo Pérez, durante un foro en el evento Expomed.

Según datos aportados por Pérez, en 2025 se encuentran habilitadas seis unidades descentralizadas de medicamentos, que han atendido a 1,319 pacientes y administrado 12,000 tratamientos que antes solo podían realizarse en los grandes hospitales del país, ubicados en el área metropolitana.

Un ejemplo de este modelo es la unidad para tratamiento oncológico del hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste, que desde hace tres años ha brindado 9,000 atenciones. Su jefa de Farmacia, Mailyn Ulate, destacó el impacto social y emocional del proyecto: “El desgaste físico y emocional que implica viajar largas distancias es enorme. El beneficio es intangible, pero totalmente real”.

Ulate agregó que, gracias a la atención local de pacientes con cáncer en Liberia, la CCSS ha ahorrado alrededor de 3 millones de dólares solo en costos de transporte al evitar traslados hacia San José.

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La institución desarrolla un plan de regionalización que busca desconcentrar tratamientos de menor complejidad desde los hospitales centrales hacia las Unidades Desconcentradas de Medicamentos Especializados (UDAME). Con ello, se pretende reducir brechas de acceso, modernizar los servicios, elevar la productividad y generar ahorros.

En Costa Rica, el 50 % de la población vive fuera del área metropolitana, lo que en muchos casos supone viajes de hasta ocho horas para recibir atención especializada. Para el gerente general de Roche para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, Álvaro Soto, brindar tratamiento cerca del hogar potencia el impacto de las terapias en etapas tempranas.

El país enfrenta desafíos demográficos, epidemiológicos y territoriales —una población envejecida y una alta carga de enfermedades crónicas como el cáncer— que convierten la descentralización en una apuesta clave para un sistema de salud más equitativo y eficiente.

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