Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Cohesión entre Ejecutivo y Asamblea acelera financiamientos para el desarrollo turístico
La gobernabilidad alcanzada entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, resultado directo de la decisión ciudadana en las urnas, se ha convertido en un pilar fundamental para asegurar la continuidad de la política de seguridad que posiciona a El Salvador como el país más seguro del continente. Además, esta cohesión institucional ha sido clave para garantizar el financiamiento de los programas y proyectos turísticos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«La gobernabilidad hace un Estado más eficiente, permite una apuesta al mejoramiento de la infraestructura y al aumento de la empleabilidad. No se puede perder esa visión de dar gobernabilidad para lograr un verdadero desarrollo y transformación de país», señaló Nelson Flores, analista y especialista en administración pública.
Con 54 de los 60 votos en la Asamblea Legislativa, el partido Nuevas Ideas mantiene la mayoría necesaria para aprobar iniciativas que requieren mayorías simples o calificadas, entre ellas la autorización y ratificación de financiamientos multilaterales destinados a proyectos de desarrollo.
Un ejemplo de ello son los dos dictámenes favorables provenientes de la Comisión de Hacienda que fueron ratificados ayer por el pleno legislativo. Estos corresponden a un financiamiento de $135 millones para el Programa Surf City Fase II, que permitirá fortalecer la infraestructura vial y mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en ríos y bocanas de la franja turística de La Libertad, en playas como El Mahahual, Conchalío y Cangrejera. La dinamización económica y turística de la zona forma parte de los objetivos de esta inversión.
Del total financiado, $70 millones provienen del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y $65 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La autorización para adquirir estos créditos fue aprobada el 7 de octubre con los votos de Nuevas Ideas y partidos aliados.
La gobernabilidad también posibilitó la aprobación y ratificación, en marzo pasado, de $113.9 millones para la Fase I de Surf City, que incluye la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta El Zonte, así como la construcción de un intercambiador sobre el corredor Pacífico, en la intersección entre la carretera El Litoral y la vía hacia Acajutla.
La actual correlación entre Ejecutivo y Legislativo se consolidó el 1.º de mayo de 2021, cuando 56 diputados de Nuevas Ideas asumieron sus cargos tras las elecciones del 28 de febrero. Como parte de esa gobernabilidad, en febrero de 2023 la Asamblea también aprobó una reforma al presupuesto del Ministerio de Turismo para incorporar $15.8 millonesprovenientes de un préstamo del BID destinado al «Programa de apoyo a la recuperación y expansión del sector turismo de El Salvador».
El sociólogo y analista Mauricio Rodríguez destacó que esta gobernabilidad —criticada por sectores de oposición— ha sido decisiva para impulsar proyectos no solo turísticos, sino también en áreas sociales como salud y educación. «En el pasado hubo una democracia y gobernabilidad pagada, donde los maletines negros propiciaban votos en la Asamblea Legislativa. La actual gobernabilidad está determinada por el mandato que da en las urnas el soberano, que es el pueblo salvadoreño», afirmó.
Centroamérica
Gobierno destina $66.9 millones para fortalecer el turismo en 2026
El gobierno del presidente Nayib Bukele reforzará el Ministerio de Turismo (MITUR) en 2026 con una asignación presupuestaria de $66.9 millones, destinados a impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan el sector y potencien su aporte a la economía nacional.
Según la información presentada ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el MITUR ejecutará al menos 12 proyectos clave durante el próximo ejercicio fiscal, los cuales abarcan infraestructura, desarrollo productivo y formación de talento humano.
En materia de infraestructura pública, se priorizará el fortalecimiento del turismo en la zona oriental del país. Entre las obras proyectadas se encuentran la construcción de un mirador en Alegría, así como el diseño de miradores en Berlín y Punta Mango para mejorar la experiencia de los visitantes. Además, se planifica la modernización del sistema de señalética turística, la construcción del Centro de Alto Rendimiento para promover el turismo deportivo y la instalación de sistemas de saneamiento y agua potable en destinos priorizados.
En el ámbito productivo, el MITUR continuará expandiendo Gastro-Lab Surf City en La Libertad, Santa Ana, San Miguel y La Unión, con el objetivo de elevar la calidad del servicio turístico en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). También se desarrollará el Sistema Integrado de Información Turística y se establecerá un marco normativo para la gestión costera y el ordenamiento territorial.
Finalmente, el componente de talento humano contempla programas de capacitación en idiomas, formación en innovación tecnológica, así como asistencia técnica y empresarial para emprendimientos turísticos liderados por mujeres, entre otras iniciativas.
Centroamérica
UPAN otorga doctorado honoris causa a Salvador Gómez Góchez por su labor con la diáspora
La Universidad Panamericana (UPAN), en Ahuachapán, otorgó el título de doctor honoris causa a Salvador Antonio Gómez Góchez, comisionado presidencial para la Atención de Salvadoreños en el Exterior, en reconocimiento a su «liderazgo transnacional para el bienestar integral de los salvadoreños en el exterior». Este es el primer doctorado honorífico que la institución entrega a un salvadoreño.
La distinción resalta la trayectoria de Gómez Góchez y su labor en beneficio de la diáspora, entre la que destaca la creación del Día del Salvadoreño en Estados Unidos, reconocido oficialmente en ese país desde 2006.
Durante la ceremonia, el rector Óscar Armando Morán Folgar destacó la dedicación del homenajeado, originario de Atiquizaya, Ahuachapán Norte, y su aporte al desarrollo del país y de las comunidades migrantes.
«Es un honor para la Universidad Panamericana celebrar este acto solemne en el que reconocemos a una figura cuya trayectoria ha impulsado el crecimiento de Ahuachapán, de El Salvador y más allá de nuestras fronteras. Hoy investimos como doctor honoris causa a Salvador Antonio Gómez Góchez», expresó.
Gómez Góchez, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y afirmó que se siente “como profeta en su tierra”, al recibir un homenaje en el departamento que lo vio nacer y del cual emigró, como miles de salvadoreños, en busca del sueño americano.
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