Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Denuncian que Nicaragua anuló permisos de trabajo a 2,000 abogados sin explicación
Alrededor de 2,000 abogados habrían quedado imposibilitados de ejercer su profesión en Nicaragua luego de que sus nombres fueran eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia, según denunciaron juristas y medios de comunicación nicaragüenses en el exilio.
De acuerdo con el diario La Prensa, la exclusión de los profesionales del sistema judicial se produjo en los últimos días y se realizó sin una explicación pública por parte de las autoridades, lo que ha generado críticas de organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos.
Una abogada nicaragüense exiliada, que solicitó mantener su identidad en reserva, confirmó a la agencia AFP que ya no aparece registrada como profesional activa en la plataforma digital de la Corte Suprema.
«Es un mensaje político de control y represión […], una muerte civil», afirmó la jurista, quien consideró que la medida forma parte de un patrón de persecución contra personas identificadas con la defensa de la democracia y recordó que en años recientes también se ha retirado la nacionalidad a diversos críticos del Gobierno.
Por su parte, Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que monitorea la situación de los derechos humanos en Nicaragua, cuestionó la decisión y señaló que evidencia la falta de independencia judicial en el país.
«Nicaragua no cumple ni el estándar mínimo de independencia judicial. Borrar a abogados del registro de la Corte Suprema, sin aviso, sin proceso, es cerrar el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano», declaró a AFP.
La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la medida al sostener que convierte el ejercicio de la abogacía «en una ciencia supeditada a las consignas y antojadizos designios políticos de la dinastía» Ortega-Murillo.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Corte Suprema de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.
Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas. Diversos organismos internacionales han cuestionado el deterioro de las libertades públicas y los derechos humanos en el país, especialmente desde la represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 fallecidos, según cifras de la ONU.
Centroamérica
El país acumula 1,266 días sin homicidios durante la actual administración
El Salvador registró cero homicidios el jueves 9 de julio, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), manteniendo la tendencia de reducción de la violencia homicida que las autoridades atribuyen a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.
Con este resultado, el país acumula 163 días sin homicidios en lo que va de 2026, mientras que desde el inicio de la actual administración, el 1 de junio de 2019, se contabilizan 1,266 jornadas con cero asesinatos, según cifras oficiales.
Las estadísticas también reflejan que desde la entrada en vigor del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022, El Salvador ha registrado 1,152 días sin homicidios, en el marco de las medidas implementadas para combatir a las estructuras de pandillas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que los resultados responden a la estrategia de seguridad desarrollada por el Gobierno.
«Hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, que son las pandillas», afirmó el funcionario.
De acuerdo con información oficial, más de 92,000 presuntos integrantes de pandillas han sido capturados desde el inicio del régimen de excepción, una medida que el Gobierno asegura ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en el país.
Las autoridades también sostienen que este escenario ha favorecido el crecimiento del turismo y ha incidido en la actualización de las recomendaciones de viaje emitidas por diversos países. Entre ellos figuran México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, más recientemente, Suecia, que han reducido sus niveles de alerta para quienes visitan El Salvador.
El Gobierno mantiene que los resultados en materia de seguridad continuarán siendo una prioridad como parte de su estrategia para reducir la criminalidad y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y social del país.
Centroamérica
El Salvador y Google exploran nuevas oportunidades de cooperación en inteligencia artificial
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con representantes de Google para analizar los avances tecnológicos del país y explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con inteligencia artificial (IA), educación, innovación y modernización de los servicios públicos.
De acuerdo con la Vicepresidencia, los representantes de la compañía tecnológica expresaron su disposición de ampliar la colaboración con El Salvador en áreas como investigación, formación de talento, emprendimiento y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.
Durante el encuentro, la delegación de Google destacó el potencial de la comunidad salvadoreña de desarrolladores y emprendedores tecnológicos, así como el crecimiento del ecosistema de startups en el país.
Por su parte, Ulloa señaló que El Salvador busca utilizar la inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras, eficientes y seguras que beneficien a la población. Además, destacó que el país cuenta con un marco jurídico orientado a impulsar el desarrollo y uso responsable de esta tecnología.
La Vicepresidencia indicó que entre las posibles áreas de cooperación se encuentran la salud digital, mediante herramientas como DoctorSV; la educación, con iniciativas para fortalecer capacidades de aprendizaje; y proyectos de inteligencia artificial enfocados en el bien público, especialmente en la gestión del riesgo.
La delegación salvadoreña manifestó su interés en continuar fortaleciendo la relación con Google para impulsar la adopción responsable de tecnologías emergentes y consolidar al país como un referente regional en soluciones digitales.
Google inauguró sus oficinas en El Salvador en abril de 2024, como parte de su estrategia de expansión y colaboración tecnológica en la región.
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