Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Más de 30,000 hondureños han sido deportados por EE.UU., México y Guatemala en 2026
Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Guatemala han deportado a 30,965 hondureños entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, informó este sábado el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Carlos Cordero.
Estados Unidos concentra la mayor cantidad de retornos, con 27,828 hondureños deportados por vía aérea. México, por su parte, ha enviado a 3,046 personas mediante autobuses, mientras que Guatemala deportó a otros 91 hondureños por vía terrestre.
Además, Honduras ha recibido a 374 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, como parte de un mecanismo de cooperación migratoria que permite trasladar temporalmente a territorio hondureño a personas de otras nacionalidades. Cordero indicó que otros 31 mexicanos llegarían este sábado.
El titular del INM explicó que las autoridades hondureñas coordinan las acciones necesarias para facilitar el traslado de los ciudadanos mexicanos hacia sus lugares de origen una vez que ingresan al país.
Incertidumbre por el fin del TPS
Las cifras de deportaciones se conocen en un contexto de preocupación entre algunos sectores hondureños ante un posible incremento de los retornos tras la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que amparaba a unos 55,000 hondureños residentes en Estados Unidos.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, descartó recientemente que la terminación del TPS vaya a provocar de inmediato un retorno masivo de hondureños o un impacto significativo en las remesas.
La funcionaria señaló que el Gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene gestiones con Washington para alcanzar una «transición ordenada» tras el fin del programa.
Por su parte, Asfura pidió a Estados Unidos analizar de manera individual la situación de los hondureños que estaban protegidos por el TPS ante eventuales procesos de deportación.
El mandatario atribuyó las dificultades para mantener el beneficio a las «malas relaciones bilaterales» durante el Gobierno de su antecesora, Xiomara Castro, entre 2022 y 2026.
La situación migratoria de los hondureños en Estados Unidos también representa un factor de importancia para la economía del país. Los hondureños residentes en el extranjero, principalmente en territorio estadounidense, envían más de $10,000 millones anuales en remesas familiares, según cifras oficiales.
Centroamérica
PNC reporta 199 días sin homicidios en El Salvador durante 2026
El Salvador cerró el viernes 21 de agosto con cero homicidios, informó la Policía Nacional Civil (PNC), con lo que agosto acumula 16 días sin muertes violentas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, julio concluyó con 27 jornadas sin homicidios, mientras que junio registró 28. En mayo fueron 26 días; abril cerró con 27; marzo, con 23; febrero, con 24, y enero, con 27.
En lo que va de 2026, el país acumula 199 días sin homicidios, según los datos divulgados por la PNC.
Asimismo, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, en marzo de 2022, se contabilizan 1,187 días sin homicidios. Mientras que desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019, el acumulado alcanza 1,301 jornadas sin muertes violentas.
El Gobierno atribuye la reducción de los homicidios a las acciones implementadas mediante el Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, que continúa vigente en el país.
Centroamérica
TSE anuncia centros de votación en Centroamérica y el Caribe para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció los centros de votación que estarán habilitados en Centroamérica y el Caribe para que los salvadoreños residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones de 2027.
Los votantes salvadoreños en la región podrán acudir a centros de votación ubicados en Belmopán, Belice; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, Honduras; Managua, Nicaragua; San José, Costa Rica; Ciudad de Panamá, Panamá; y Santo Domingo, República Dominicana.
El organismo electoral también recordó que los salvadoreños residentes en el extranjero que deseen votar en territorio nacional deben verificar previamente la dirección registrada en su Documento Único de Identidad (DUI).
Quienes tengan registrada una dirección de residencia en el exterior y quieran ejercer el sufragio en El Salvador deberán actualizar su domicilio por una dirección dentro del territorio nacional, con el fin de ser incorporados al padrón electoral correspondiente.
El TSE informó que la actualización del domicilio puede realizarse en línea a través de dui.sv y estableció como fecha límite el 27 de agosto de 2026.
La medida busca que los ciudadanos que residen fuera del país y planean votar presencialmente en El Salvador cuenten con sus datos actualizados antes del cierre del proceso de conformación del padrón electoral para los comicios de 2027.
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