Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
El Salvador acumula 1,174 días sin homicidios desde el régimen de excepción
El Salvador acumuló 1,174 días sin registrar homicidios desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las estructuras criminales y reforzar la seguridad en el territorio nacional.
Según el reporte diario de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 6 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional. Con esta jornada, el país suma nuevos registros de días sin muertes violentas desde la implementación de la medida.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y contempla la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales, lo que amplió las facultades de las autoridades para realizar capturas de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.
Las autoridades atribuyen a esta estrategia una reducción significativa de los homicidios y de otros delitos como las extorsiones y los robos.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en junio de 2019, las estadísticas oficiales muestran una tendencia descendente en los homicidios. Durante su administración, la PNC contabiliza 1,288 jornadas sin asesinatos.
La tendencia también se mantiene durante 2026. En lo que va del año, las autoridades reportan 185 días sin homicidios, mientras que 2025 también cerró con indicadores favorables en materia de seguridad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado que el Gobierno mantendrá las acciones para localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que aún permanezcan activos.
“Todos aquellos que pretendan continuar con esa cultura de muerte que las pandillas impusieron en el pasado, sepan que ahora tenemos un Estado que será implacable en hacer cumplir la ley”, afirmó Villatoro.
El funcionario sostuvo que las autoridades continuarán trabajando para erradicar las estructuras criminales y mantener la reducción de los índices de violencia registrados en los últimos años.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios, reporta la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el jueves 6 de agosto sin registrar homicidios a nivel nacional, con lo que el país acumuló tres días consecutivos sin asesinatos.
A través de sus redes sociales, la institución confirmó el resultado con el mensaje: “Finalizamos el jueves 06 de agosto con cero homicidios en el país”.
Con esta jornada, las autoridades suman tres días consecutivos sin reportes de homicidios, un indicador que, según el Gobierno, refleja el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en el territorio nacional.
La PNC señaló que los resultados forman parte de la tendencia registrada en los últimos años, durante los cuales los días sin homicidios se han vuelto cada vez más frecuentes.
Las autoridades sostienen que la reducción de los índices de violencia responde a las medidas de seguridad y a las acciones desarrolladas para combatir la criminalidad en el país.
Centroamérica
OCDE ubica a Panamá entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina
Panamá se mantiene entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá», elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El reporte sitúa al país en el penúltimo lugar de la región en ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB), solo por encima de Guyana.
Según el estudio, la recaudación tributaria panameña representó el 11.3 % del PIB en 2024, cifra que se ubica 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, que alcanzó el 21.7 %, y muy distante del promedio de los países miembros de la OCDE, que fue del 34.1 %.
El informe también evidencia un deterioro en la capacidad recaudatoria del país durante las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2024, la carga tributaria cayó de 15 % a 11.3 % del PIB, una reducción de 3.7 puntos porcentuales, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe aumentó de 16.8 % a 21.7 % en el mismo período.
Asimismo, entre 2023 y 2024 la recaudación tributaria panameña disminuyó de 11.9 % a 11.3 % del PIB, en contraste con el incremento de 0.2 puntos porcentuales registrado por el promedio regional.
Los datos coinciden con las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muestran una tendencia descendente en los ingresos del Gobierno Central. La relación entre los ingresos tributarios y el PIB pasó de 13 % en 2012 a 7.1 % en 2025, mientras que los ingresos totales del Gobierno Central disminuyeron de 18.7 % a 11.7 % en el mismo período.
Especialistas consultados atribuyen este desempeño a la amplia cantidad de incentivos y exoneraciones fiscales vigentes en el país.
El economista Aristides Hernández sostuvo que Panamá mantiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo debido a los beneficios fiscales otorgados a sectores como los puertos, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, el turismo, las empresas multinacionales, las energías renovables, el sector inmobiliario, el ferrocarril y otras actividades económicas.
En la misma línea, el exdirector general de Ingresos, Publio R. Cortés Carvajal, calificó el sistema tributario panameño como un «archipiélago de exonerados fiscales», al considerar que numerosos incentivos permanecen sin evaluaciones sobre su impacto económico y terminan generando inequidades en la carga tributaria.
Cortés también señaló que la administración tributaria enfrenta limitaciones institucionales y de recursos que dificultan combatir la evasión fiscal, especialmente en casos relacionados con empresas multinacionales y precios de transferencia.
Por su parte, Hernández estimó que por cada punto porcentual del PIB que el Estado deja de recaudar se pierden aproximadamente 900 millones de dólares en ingresos fiscales. Bajo esa estimación, la reducción de cerca de cinco puntos porcentuales en la capacidad recaudatoria durante los últimos 15 años representaría pérdidas cercanas a 4,500 millones de dólares anuales para las finanzas públicas.
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