Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
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«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
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La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
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El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
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«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Protección Civil presenta el Plan Vacación 2026 y prevé 91,000 visitantes internacionales
La Comisión Nacional de Protección Civil presentó este viernes el Plan Vacación 2026, que reúne las acciones de prevención, seguridad y atención que serán ejecutadas durante las vacaciones en honor al Divino Salvador del Mundo, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y de los visitantes.
Durante la presentación, la ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció que por primera vez los Buses Alegres operarán de domingo a domingo durante las Fiestas Agostinas. Las unidades partirán desde el Parque Infantil e incorporarán nuevas rutas, además de los destinos tradicionales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).
La funcionaria indicó que los turistas también podrán visitar otros atractivos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Agregó que la población podrá solicitar información sobre los destinos turísticos a través del número 914.
Valdez informó que las autoridades proyectan la llegada de 91,000 visitantes internacionales durante la próxima semana vacacional, además de una movilización total de 2.8 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros.
La ministra destacó que El Salvador ya acumula 2.5 millones de visitantes internacionales en lo que va del año, acercándose a la meta gubernamental de 4.2 millones para 2026.
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Según las autoridades, el Plan Vacación 2026 contempla un despliegue interinstitucional para brindar seguridad, atención de emergencias y asistencia a turistas en los principales destinos del país durante el período vacacional.
Santa Rosa de Lima registra la temperatura más alta del país con 43.1 °C
El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró este viernes la temperatura más alta del país al alcanzar los 43.1 grados Celsius, de acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
La institución informó que la estación meteorológica ubicada en Santa Rosa de Lima reportó el mayor registro térmico de la jornada, con los picos de calor más intensos entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la radiación solar alcanza su mayor intensidad.
Otras zonas del país también experimentaron temperaturas elevadas. En Acahuapa se registraron 41.2 °C, mientras que en Jiquilisco los termómetros marcaron 39.7 °C, según el reporte del Marn.
Ante las altas temperaturas, la institución recomendó a la población mantenerse hidratada de forma constante, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, con el fin de prevenir complicaciones relacionadas con el calor.
VMT reforzará inspecciones al transporte colectivo durante vacaciones de agosto
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó ayer en la entrevista televisiva Frente a Frente que durante las vacaciones de agosto las autoridades de tránsito efectuarán inspecciones al transporte colectivo para garantizar que se cumpla la frecuencia del servicio y que se cobren las tarifas de pasajes autorizadas.
«Vamos a estar pendientes de que se esté prestando el servicio como es debido, recuerden que los empresarios del transporte reciben un subsidio para respetar la tarifa; si usted llega a detectar una anomalía en la tarifa que se está pidiendo puede denunciar», dijo.
También explicó que si encuentran a un conductor de transporte colectivo «in fraganti» cobrando tarifas de pasaje no autorizadas, se le impondrán sanciones administrativas, además de las multas.
«Esto puede representar sanciones administrativas a partir del contrato de concesión que tiene, en casos extremos esto puede jugar con la continuidad del permiso de línea que tiene o en casos menos graves puede no recibir subsidio por un período», aseguró.
