Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Bukele critica a organizaciones de derechos humanos tras caso de eutanasia en España
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó nuevamente el papel de organizaciones defensoras de derechos humanos, al referirse al caso de una joven española que será sometida a eutanasia este jueves.
A través de la red social X, el mandatario expuso el caso de Noelia Castillo, una mujer de 25 años originaria de Barcelona, quien recibirá el procedimiento tras un proceso judicial en ese país.
Bukele afirmó que este caso refleja, a su juicio, el resultado de las posturas impulsadas por ciertas organizaciones de derechos humanos, y reiteró que en El Salvador no se adoptarán criterios similares, pese a las críticas que dichas entidades han realizado sobre las políticas de seguridad del Gobierno.
El presidente ha sostenido en reiteradas ocasiones que los señalamientos por supuestas vulneraciones a derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción, priorizan a los victimarios por encima de las víctimas.
El caso de Castillo fue analizado en distintos tribunales españoles, que autorizaron la eutanasia tras considerar su situación médica. La joven quedó parapléjica luego de un intento fallido de suicidio, vinculado —según su testimonio— a un cuadro de depresión tras haber sido víctima de una agresión sexual en 2022.
En declaraciones al programa televisivo «Y ahora Sonsoles», de Antena 3, la joven expresó su decisión y el impacto que esta tendría en su entorno familiar.
En ese contexto, Bukele reiteró sus críticas hacia organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de no priorizar la protección de las víctimas. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el enfoque de estas entidades y su rol en temas de seguridad y políticas públicas, tanto en El Salvador como a nivel internacional.
Centroamérica
Bukele alcanza 94 % de aprobación, el nivel más alto desde el inicio de su Gobierno
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzó un 94 % de aprobación ciudadana, según el más reciente estudio de opinión pública elaborado por CID Gallup.
De acuerdo con la firma, este resultado representa el nivel más alto de respaldo desde el inicio de la actual administración, en un período previo a la Semana Santa.
El mandatario reaccionó a los resultados a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por el respaldo ciudadano. “94 %. El nivel más alto de aprobación desde el inicio de nuestro Gobierno. Gracias a Dios”, publicó.
El sondeo fue realizado entre el 15 y el 21 de marzo de 2026, mediante entrevistas telefónicas a una muestra de 1,200 salvadoreños. Según el informe, la alta aprobación responde principalmente a la percepción positiva sobre la gestión en áreas como seguridad y educación.
En particular, el estudio señala que el manejo de la seguridad pública es uno de los aspectos mejor valorados por la población, con un 95 % de aceptación, atribuido en gran medida a las acciones implementadas para combatir la criminalidad.
Además, los encuestados destacaron la generación de condiciones de seguridad jurídica para la inversión y los negocios como otro factor relevante en la evaluación del Gobierno.
En paralelo, la Asamblea Legislativa de El Salvador podría ratificar una iniciativa impulsada por el Ejecutivo para establecer la pena perpetua en casos de delitos graves, como asesinatos, violaciones y crímenes vinculados a pandillas, como parte de las medidas orientadas a reforzar la seguridad en el país.
Centroamérica
Encargada de Negocios de EE. UU. recorre Golfo de Fonseca junto a unidad antinarcóticos
La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, realizó un recorrido por el Golfo de Fonseca junto a la división STORM de la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de su agenda de trabajo en la zona oriental del país.
Durante la visita, la diplomática conoció de primera mano las operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico que se desarrollan en la zona costera, según informó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. La sede diplomática destacó que las labores de esta unidad son fundamentales para la seguridad regional.
La actividad forma parte de una serie de encuentros que Fellows sostuvo en el oriente del país, donde también se reunió con voluntarios del Peace Corps, quienes compartieron detalles sobre sus proyectos en comunidades rurales enfocados en mejorar la calidad de vida y fomentar el liderazgo local.
Asimismo, en la ciudad de San Miguel, la funcionaria sostuvo un encuentro con exbecarios y participantes de programas del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes expusieron cómo sus experiencias en ese país han contribuido al desarrollo y la innovación en sus comunidades.
La visita refuerza los lazos de cooperación entre ambos países en áreas como seguridad, desarrollo comunitario y formación profesional.
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