Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
El Salvador aplica 26,000 vacunas contra el sarampión en una semana
El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, informó este lunes que el país ha aplicado cerca de 26,000 vacunas contra el sarampión en el transcurso de una semana, como parte de la campaña nacional de inmunización.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario destacó que esta cifra refleja una alta aceptación de la población hacia la vacuna. “Esto nos dice que la aceptación ha sido importante”, afirmó.
La jornada de vacunación es impulsada por el Ministerio de Salud, que desde el pasado 10 de abril activó una campaña especial dirigida a reforzar la protección contra el sarampión, especialmente en la primera infancia.
Como parte de esta estrategia, se incorporó una dosis adicional para niños de entre 6 y 11 meses de edad, con el objetivo de inmunizarlos antes de cumplir el primer año, etapa en la que tradicionalmente se administra la primera vacuna según el esquema nacional.
Alabi recordó que el esquema regular contempla la aplicación de dosis a los 12 y 18 meses. En ese sentido, destacó que en 2025 se alcanzó una cobertura del 98.4 % en la primera dosis y del 96.6 % en la segunda, superando el umbral del 95 % recomendado para garantizar la protección colectiva.
Centroamérica
Transportistas buscan acuerdos con el Gobierno ante alza de combustibles en El Salvador
El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, aseguró que existe apertura por parte del Gobierno de El Salvador para dialogar sobre medidas que permitan mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre el transporte público.
El acercamiento se realiza a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, encabezado por Romeo Rodríguez, con quien los transportistas sostuvieron una reunión para plantear distintas propuestas.
Regalado explicó que el incremento actual en el precio del combustible, que ronda los $0.88 por galón, eleva significativamente los costos operativos. “Con 25 galones diarios promedio que consume una unidad, son $22 adicionales, lo que significa que necesito alrededor de $120 para operar”, detalló.
Entre las principales solicitudes del sector se encuentra el establecimiento de un precio máximo para el diésel, así como la revisión de la nivelación tarifaria, al considerar que el transporte público es uno de los pocos sectores que no ha registrado ajustes en sus tarifas en los últimos años.
“Consideramos que fijar el precio del combustible para el sector transporte aliviaría significativamente el costo operativo diario, sin eliminar la compensación. También se propuso autorizar un galonaje específico, revisar la nivelación tarifaria y aumentar la compensación”, añadió el vocero.
Asimismo, Regalado indicó que el titular del MOPT se comprometió a cancelar el saldo pendiente correspondiente al subsidio destinado a los empresarios del transporte público.
Centroamérica
Congresista de EE.UU. destaca “dramática transformación” en seguridad de El Salvador
El legislador, representante por Nueva Jersey, aseguró que cualquier análisis serio sobre el país debe partir de lo que calificó como “un hecho básico e innegable”: el cambio significativo en las condiciones de seguridad bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
“Hace apenas unos años, El Salvador estaba entre los países más violentos del mundo, con pandillas que ejercían control sobre la vida diaria, extorsionaban a las familias, reclutaban niños y aterrorizaban comunidades enteras”, afirmó Smith durante su intervención.
El congresista sostuvo que ese panorama ha cambiado de forma drástica en los últimos años. “Las tasas de homicidio se han desplomado, la extorsión ha disminuido y los salvadoreños pueden realizar sus actividades diarias con un nivel de seguridad antes inimaginable. Hoy, El Salvador es una de las comunidades más seguras del mundo”, agregó.
Las declaraciones fueron emitidas en un espacio en el que participaron abogados y representantes de diversas organizaciones, entre ellas APES, Cristosal, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, quienes también expusieron sus posturas sobre la situación de derechos humanos en el país.
Durante su participación, Smith recordó sus visitas a El Salvador en años anteriores, cuando —según relató— el país enfrentaba altos niveles de violencia, y contrastó esa experiencia con la situación actual.
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