Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción
| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Bukele propone a Petro recibir a reclusos salvadoreños tras críticas al sistema penitenciario
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, recibir a la totalidad de la población carcelaria salvadoreña, incluidos los denominados “presos políticos”, tras las críticas del mandatario colombiano al sistema penitenciario del país.
La propuesta surgió luego de que Petro afirmara en la red social X que en El Salvador existen personas inocentes recluidas en condiciones que calificó como “campos de concentración”, cuestionando las políticas de seguridad implementadas.
En respuesta, Bukele recordó que anteriormente planteó una iniciativa similar a Hillary Clinton, sin haber obtenido respuesta, y extendió nuevamente la invitación, esta vez al presidente colombiano.
“Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”, expresó Bukele.
El mandatario salvadoreño añadió que su gobierno está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de la población carcelaria, incluyendo cualquier caso que, a juicio de Petro, vulnere su política de “amor y la vida”.
La declaración se enmarca en un intercambio de posturas entre ambos líderes sobre las estrategias de seguridad y el manejo del sistema penitenciario en El Salvador.
Centroamérica
El Salvador suma 80 días sin homicidios en 2026 tras jornada sin asesinatos
La Policía Nacional Civil informó que el martes 7 de abril cerró con cero homicidios a nivel nacional, convirtiéndose en la sexta jornada del mes sin muertes violentas y la número 80 en lo que va de 2026.
De acuerdo con los registros oficiales, durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 1,182 días sin asesinatos, de los cuales 1,068 se han alcanzado bajo el régimen de excepción.
Las autoridades también destacaron que estas medidas han contribuido a que El Salvador se consolidara en 2025 como el país de Centroamérica con menor número de homicidios. Ese año cerró con 82 asesinatos, muy por debajo de los registrados en Guatemala (3,022), Honduras (2,330), Costa Rica (856) y Panamá (588).
Según estadísticas de la Fiscalía General de la República, del total de homicidios registrados en 2025, el 91 % (74 casos) estuvo vinculado a conflictos sociales y disputas familiares. De estos, 43 fueron atribuidos a intolerancia social y 31 a conflictos familiares, mientras que únicamente ocho homicidios estuvieron relacionados con la delincuencia.
En cuanto a la distribución mensual, los meses con mayor número de homicidios derivados de conflictos sociales fueron enero, febrero y noviembre, con cinco casos cada uno. Por su parte, marzo fue el mes con más asesinatos asociados a disputas familiares, con seis registros.
Centroamérica
El Salvador registra su menor promedio histórico de homicidios en 2026
El Salvador inició 2026 con una tendencia sostenida a la baja en los homicidios, al cerrar el primer trimestre con un promedio de 0.20 asesinatos diarios, el más bajo en la historia reciente del país, según datos de la Policía Nacional Civil.
Entre enero y marzo se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Estas cifras contrastan con años como 2015, cuando el país reportaba un promedio de hasta 18 homicidios diarios.
En detalle, el promedio mensual fue de 0.12 homicidios diarios en enero, 0.17 en febrero y 0.32 en marzo, manteniendo una tendencia a la reducción en comparación con años anteriores. En el mismo periodo, el promedio fue de 0.26 en 2025, 0.31 en 2024 y 0.40 en 2023.
Datos de la Fiscalía General de la República reflejan que en enero de 2025 se registraron siete homicidios, frente a nueve en 2024 y 13 en 2023. Para febrero, se reportaron cinco casos en 2025, comparados con siete en 2024 y 13 en 2023. En marzo, las cifras fueron de 13 homicidios tanto en 2025 como en 2024, mientras que en 2023 se contabilizaron 11.
Las autoridades señalan que el 74 % de los homicidios en los últimos años han estado vinculados a hechos de intolerancia social y familiar, una tendencia que se mantiene en 2026.
Entre los casos recientes, destaca la captura de Miguel Ángel Sandoval Castaneda, de 55 años, señalado como responsable de un homicidio en Atiquizaya. El hecho ocurrió en una venta de granos básicos tras una discusión con la víctima, quien falleció en el lugar luego de ser golpeada con un objeto contundente.
Asimismo, la PNC reportó otro homicidio en Suchitoto el pasado 10 de marzo. La víctima, un hombre de 25 años, fue atacada con un corvo y falleció posteriormente en un hospital de San Salvador. El presunto responsable, Manuel de Jesús Torres López, de 39 años, fue capturado y enfrentará cargos por homicidio.
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