Centroamérica

Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción

Foto: Johan Ordonez / AFP

| Por AFP | Edgar Calderón |

Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.

Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.

A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.

Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.

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«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.

Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.

Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.

«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.

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La línea

El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.

Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.

Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.

El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.

Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

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El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.

Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.

«Un parteaguas»

Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.

«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».

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«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.

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Choque entre autobús y cisterna deja al menos ocho muertos en Honduras

Al menos ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras la colisión entre un autobús y un camión cisterna en el oeste de Honduras, informaron autoridades la noche del domingo.

El accidente ocurrió en la comunidad de La Ceibita, en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, a unos 170 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

De acuerdo con Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), entre las víctimas mortales se encuentran los conductores de ambas unidades y seis pasajeros. El autobús regresaba de una excursión en Antigua Guatemala al momento del siniestro.

Por su parte, el director de Vialidad y Transporte, Lenin Andino, indicó que el camión transportaba cianuro, lo que obligó a las autoridades a asegurar la zona, evacuar a las personas cercanas y restringir el tránsito vehicular por motivos de seguridad.

Equipos de rescate continuaban trabajando durante la noche en la remoción de los vehículos y en la búsqueda de posibles sobrevivientes atrapados entre los restos del autobús.

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Las autoridades no han detallado aún las causas del accidente, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Centroamérica

Protección Civil reporta 179 rescates acuáticos y 11 fallecidos en Plan Verano 2026

El Gobierno de El Salvador presentó este lunes el balance final del Plan Verano 2026, destacando la respuesta coordinada de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil durante el período vacacional.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que se realizaron 179 rescates acuáticos, de los cuales 55 fueron clasificados como simples y 124 como profundos. Además, confirmó el fallecimiento de 11 personas por asfixia por inmersión, entre ellas nueve adultos y dos menores de edad.

En cuanto a incidentes en zonas montañosas, el funcionario señaló que se registraron únicamente dos rescates, lo que representa una reducción significativa respecto a períodos anteriores.

Durante las actividades religiosas, las autoridades brindaron al menos 150 atenciones entre el Domingo de Ramos y la vigilia pascual, incluyendo la cobertura de cuatro procesiones en el centro de San Salvador.

Amaya destacó que el operativo implicó un amplio despliegue en playas, parques recreativos, carreteras y eventos culturales y religiosos a nivel nacional. “Ha sido una semana de arduo trabajo, con esfuerzos coordinados y un firme compromiso institucional”, expresó.

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Por su parte, el director del Sistema de Emergencias Médicas, Carlos Orellana, detalló que durante el período se atendieron más de 1,400 emergencias médicas, garantizando asistencia a la población en distintos puntos del país.

Centroamérica

El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios en abril

Según la Policía Nacional Civil (PNC), El Salvador cerró el viernes 3 de abril con cero homicidios a nivel nacional.

Con este dato, los días 1, 2 y 3 de abril se suman a la lista de jornadas sin asesinatos en el país durante el presente mes.

Las autoridades también han destacado que, al cierre de 2025, el país alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, además de lograr un 0 % de impunidad en este delito.

Estos resultados, según el Gobierno, son atribuidos a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.