El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará esta semana a Grecia con el objetivo de fortalecer la confianza de uno de los principales usuarios de la bandera panameña para buques mercantes, en medio de preocupaciones por el incremento de las retenciones de estas embarcaciones en puertos de China.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario informó que partirá este jueves hacia Grecia, donde permanecerá aproximadamente una semana sosteniendo encuentros con autoridades y actores vinculados al sector marítimo.

La visita ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre Panamá y China, luego de que las autoridades panameñas reconocieran un aumento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos. Estas acciones se realizan bajo las facultades del Estado Rector del Puerto, pero han generado inquietud en la industria naviera internacional.

Según fuentes oficiales, la situación se ha intensificado tras la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales estratégicas ubicadas cerca del Canal de Panamá, un hecho que ha impactado las relaciones bilaterales entre ambos países.

Grecia representa un socio clave para Panamá en el sector marítimo, ya que es uno de los mayores usuarios de su registro naval. La flota mercante panameña se mantiene entre las más importantes del mundo, con 8,638 buques abanderados y un registro de 233.2 millones de toneladas brutas, de acuerdo con los datos más recientes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

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Como parte de los esfuerzos para reducir las fricciones diplomáticas, los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron esta semana una reunión en Nueva York. Se trató del primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos desde el inicio de las tensiones, con el propósito de buscar soluciones que permitan normalizar la situación que afecta al sector marítimo panameño.

El Gobierno de Honduras anunció la disolución de la Dirección Policial Antimaras y Contra el Crimen Organizado (Dipamco), una unidad especializada que estaba bajo cuestionamientos por presuntos abusos a los derechos humanos y cuya cúpula ya había sido suspendida tras un fallido operativo antidrogas que terminó con la muerte de cuatro agentes policiales.

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente Nasry Asfura, luego de una investigación que detectó irregularidades en la operación realizada el pasado 21 de mayo en la localidad de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala.

Según las autoridades, el procedimiento se ejecutó sin contar con una orden judicial y existió un presunto encubrimiento sobre la verdadera naturaleza y propósito de la misión.

Los agentes fallecidos participaban en una intervención dirigida contra una vivienda donde supuestamente operaban integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico mexicano.

El Gobierno indicó que la Dipamco será sustituida por una nueva unidad especializada, cuya estructura y funcionamiento serán definidos en los próximos meses.

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La unidad ahora desarticulada también había sido objeto de cuestionamientos por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, que inicialmente colaboró en la capacitación de sus miembros, retiró posteriormente su respaldo durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

La Asamblea Legislativa ha incorporado como uno de sus ejes de trabajo el fortalecimiento de la relación del Estado con la diáspora salvadoreña, especialmente durante las legislaturas 2021-2027, en las que el partido Nuevas Ideas mantiene mayoría parlamentaria.

De acuerdo con la diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el órgano legislativo ha impulsado una transformación en la forma en que el país se vincula con sus connacionales fuera del territorio nacional.

Según explicó, durante años la diáspora ha sostenido una parte importante de la economía salvadoreña mediante el envío de remesas, que en ciertos períodos han representado hasta el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, señaló que históricamente su participación en la vida política del país ha sido limitada.

Figueroa afirmó que las reformas actuales buscan avanzar hacia una visión de ciudadanía transnacional, en la que los salvadoreños en el exterior sean reconocidos no solo por su aporte económico, sino también como actores políticos, sociales y estratégicos en el desarrollo del país.

Entre los principales avances mencionados se encuentra la implementación del voto electrónico para la diáspora, mecanismo que permitió la participación de 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero en las elecciones de 2024.

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La diputada señaló que esta medida representó un cambio significativo en la participación electoral, al eliminar barreras que anteriormente dificultaban el ejercicio del sufragio desde el exterior, y consideró que posiciona al país como referente regional en este tipo de mecanismos.

Asimismo, destacó la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, que habilita la creación de una circunscripción electoral para la diáspora, la cual permitirá la elección de seis diputados que representen a los salvadoreños en el exterior, conforme a las reformas a la legislación secundaria.