Centroamérica
Arévalo nombrará en mayo al nuevo fiscal general y pondrá fin a la era de Consuelo Porras
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, una decisión que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, quien ha dirigido el Ministerio Público desde 2018 y ha sido sancionada por corrupción tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.
La salida de Porras, tras ocho años al frente del ente investigador, pondrá fin a un período ampliamente cuestionado por la comunidad internacional, señalado por retrocesos en el sistema de justicia, la persecución de operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, así como por los intentos de obstaculizar la investidura del actual mandatario guatemalteco.
De acuerdo con la ley, el nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será elaborada por una comisión de postulación. Este órgano estará integrado por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y de las universidades del país que cuentan con facultades de Derecho.
Hasta el momento, no han surgido aspirantes visibles al cargo, aunque el proceso de selección se inició oficialmente este lunes. Analistas advierten que Porras podría intentar incidir en la conformación de la nómina final, con el objetivo de incluir perfiles cercanos a su entorno en la lista que será remitida al Ejecutivo.
El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y ejercerá el cargo por un período de cuatro años, hasta 2030. Se trata de una posición de alto poder institucional y con escasos mecanismos de control, ya que la legislación guatemalteca solo permite la destitución del fiscal general en casos de delito flagrante, lo que explica la permanencia de Porras pese a las múltiples acusaciones en su contra.
Centroamérica
Gobierno de Honduras disuelve unidad antidrogas tras operativo que dejó cuatro policías muertos
El Gobierno de Honduras anunció la disolución de la Dirección Policial Antimaras y Contra el Crimen Organizado (Dipamco), una unidad especializada que estaba bajo cuestionamientos por presuntos abusos a los derechos humanos y cuya cúpula ya había sido suspendida tras un fallido operativo antidrogas que terminó con la muerte de cuatro agentes policiales.
La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente Nasry Asfura, luego de una investigación que detectó irregularidades en la operación realizada el pasado 21 de mayo en la localidad de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala.
Según las autoridades, el procedimiento se ejecutó sin contar con una orden judicial y existió un presunto encubrimiento sobre la verdadera naturaleza y propósito de la misión.
Los agentes fallecidos participaban en una intervención dirigida contra una vivienda donde supuestamente operaban integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico mexicano.
El Gobierno indicó que la Dipamco será sustituida por una nueva unidad especializada, cuya estructura y funcionamiento serán definidos en los próximos meses.
La unidad ahora desarticulada también había sido objeto de cuestionamientos por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, que inicialmente colaboró en la capacitación de sus miembros, retiró posteriormente su respaldo durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
Centroamérica
Diáspora salvadoreña gana protagonismo con reformas electorales y voto electrónico
La Asamblea Legislativa ha incorporado como uno de sus ejes de trabajo el fortalecimiento de la relación del Estado con la diáspora salvadoreña, especialmente durante las legislaturas 2021-2027, en las que el partido Nuevas Ideas mantiene mayoría parlamentaria.
De acuerdo con la diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el órgano legislativo ha impulsado una transformación en la forma en que el país se vincula con sus connacionales fuera del territorio nacional.
Según explicó, durante años la diáspora ha sostenido una parte importante de la economía salvadoreña mediante el envío de remesas, que en ciertos períodos han representado hasta el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, señaló que históricamente su participación en la vida política del país ha sido limitada.
Figueroa afirmó que las reformas actuales buscan avanzar hacia una visión de ciudadanía transnacional, en la que los salvadoreños en el exterior sean reconocidos no solo por su aporte económico, sino también como actores políticos, sociales y estratégicos en el desarrollo del país.
Entre los principales avances mencionados se encuentra la implementación del voto electrónico para la diáspora, mecanismo que permitió la participación de 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero en las elecciones de 2024.
La diputada señaló que esta medida representó un cambio significativo en la participación electoral, al eliminar barreras que anteriormente dificultaban el ejercicio del sufragio desde el exterior, y consideró que posiciona al país como referente regional en este tipo de mecanismos.
Asimismo, destacó la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, que habilita la creación de una circunscripción electoral para la diáspora, la cual permitirá la elección de seis diputados que representen a los salvadoreños en el exterior, conforme a las reformas a la legislación secundaria.
Centroamérica
Tegucigalpa enfrenta emergencia hídrica por ola de calor y escasez de agua
La capital de Honduras enfrenta una severa emergencia hídrica provocada por la ola de calor y la reducción de los niveles de las principales represas que abastecen a Tegucigalpa, situación que amenaza con agravarse por la influencia del fenómeno de El Niño.
“Aquí vivimos secos”, lamentó Santiago Rodríguez, residente de un populoso barrio de la capital hondureña, donde miles de familias enfrentan problemas de desabastecimiento de agua potable.
La canícula y el retraso de la temporada lluviosa han provocado que los dos principales embalses que abastecen a Tegucigalpa, ciudad de 1.7 millones de habitantes, se encuentren apenas al 34 % y 42 % de su capacidad, según autoridades locales.
En sectores como Lomas del Carmen, la situación se ha vuelto crítica debido a que incluso los camiones cisterna públicos y privados han reducido el suministro hacia los residentes.
Rodríguez, de 61 años, aseguró que la falta de agua afecta las actividades básicas diarias y obliga a las familias a buscar alternativas para almacenar el recurso.
Una situación similar vive Leticia Lara, de 55 años, quien depende del abastecimiento irregular de camiones cisterna en su barrio de calles polvorientas y expuesto a altas temperaturas.
La mujer relató que el servicio por tubería llega únicamente entre uno y tres días al mes y que un barril de agua entregado por las cisternas apenas alcanza para cubrir las necesidades de tres o cuatro días.
Ante el deterioro de las condiciones climáticas, las autoridades declararon el pasado martes una emergencia hídrica en Tegucigalpa.
Los pronósticos meteorológicos indican además que el fenómeno de El Niño podría extender el período seco entre mayo y julio, aumentando la presión sobre las reservas de agua de la ciudad.
“La crisis va a continuar y tenemos que prepararnos”, advirtió el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.
Como parte de las medidas adoptadas frente a las altas temperaturas, el Gobierno hondureño decidió reducir temporalmente la jornada escolar y habilitar clases virtuales en algunos centros educativos.
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