Internacionales
Indígenas y afros atizan su disputa por la tierra en Colombia
AFP | por Juan Sebastian SERRANO
En una hacienda tomada a la fuerza por indígenas nasa, el ganado avanza devorando la caña. Los nuevos ocupantes quieren destruir el monocultivo de la región azucarera de Colombia. Sus vecinos afro denuncian la «invasión» de sus predios.
El conflicto es latente en el fértil valle del norte del departamento de Cauca. Ambas comunidades se han enfrentado reclamando las tierras de sus ancestros.
El ascenso al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, muy popular entre los pueblos originarios, animó a los indígenas a «recuperar» nuevos territorios.
Cuando irrumpen por decenas chocan con los trabajadores de la industria de la caña y los negros asentados en el valle desde hace más de un siglo. «¿De dónde pueden decir (los Nasa) que esto es de ellos? Si nuestros ancestros toda la vida han estado aquí», se queja un líder negro en entrevista con AFP.
Alrededor de 2.500 afros viven en Severo Mulato, un terreno de 400 hectáreas que colinda con varias haciendas ocupadas. La mayoría se presenta como «pequeños y medianos cañicultores», el mismo cultivo que desprecian los Nasa porque, según ellos, seca los suelos y enriquece únicamente a los ingenios azucareros.
Los Nasa quieren «construir la casa de ellos sobre la nuestra», resume el afro, hablando bajo reserva por temor a los indígenas que, denuncia, usan bombas molotov en sus «invasiones».
«Piedra y garrote»
Las tomas son más frecuentes desde que se instaló el nuevo gobierno el 7 de agosto. Sólo en Cauca van 30, nueve de ellas en el último mes, según la policía.
Petro prometió redistribuir la propiedad rural en el país de Latinoamérica donde más se concentra, según la ONG inglesa Oxfam.
El acceso a la tierra está en el corazón del conflicto que por casi seis décadas ha desangrado a Colombia. Primero, campesinos se levantaron en armas exigiendo equidad y luego paramilitares de ultraderecha despojaron violentamente a miles de familias de sus predios para venderlos a terratenientes.
Ante el aumento de las invasiones, que se extienden a siete de los 32 departamentos colombianos, el gobierno manifestó su rechazo y advirtió que la policía hará desalojos «dentro de las 48 horas siguientes» a la toma.
Los Nasa «van cortando lo que se les viene a la cabeza (…) van construyendo rancho, quemando», relata el líder afro, señalando con su machete la caña chamuscada. Los indígenas, asegura, destruyeron cinco de sus hectáreas sembradas.
Tras la abolición de la esclavitud, en 1851, los negros compraron terrenos a cambio de trabajo. Hoy la mayoría siembra caña y la vende a grandes ingenios de la región. «Cuando nos hemos enfrentado (con los indígenas) nos ha tocado con piedra porque no tenemos otra arma: piedra y garrote», detalla.
Vida por tierra
Hasta hace un año el asentamiento de Severo Mulato colindaba con una hacienda azucarera. Unas 400 familias «sin tierra» ocuparon la propiedad. Sin puertas ni ventanas, en la casa duermen mujeres y niños agobiados por los mosquitos.
Decidimos «venir a poner nuestras vidas (en riesgo) por un derecho a un pedazo de tierra», explica a la AFP el líder del grupo, que cubre su rostro por miedo a la «persecución judicial».
La colonización y los terratenientes nos hicieron «correr hacia las cordilleras» donde las tierras son para la conservación y no para la agricultura. Conforme crecieron las poblaciones, se vieron forzados a tumbar bosque para cultivar alimentos a costa de la fauna y fuentes hídricas, añade.
Decidieron entonces «recuperar» el valle, destruir la caña y sembrar plátano, arroz y maíz para subistir. Los resguardos indígenas abarcan casi el 20 % del departamento de Cauca. Los originarios -casi el 20 % de la población- alegan que el 80 % de sus terrenos son de «vocación forestal».
«Si repartimos ese 20 % de tierra que tenemos algo productiva, nos tocaría un tercio de hectárea por familia, entonces nosotros no tenemos tierra», explica un indígena encapuchado que coordina las ocupaciones por radioteléfono.
Desde 2005, cuando se tomaron las primeras haciendas, 12 indígenas han muerto en choques con la fuerza pública. Hoy se asientan en 1.500 hectáreas. Troncos y zanjas impiden el avance de la policía que intenta desalojarlos.
El gremio de los cañeros denuncia la pérdida de «cerca de 6.000 mil empleos». La industria lleva más de 50 años generando «desarrollo en estas comunidades», dice Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores que bloquearon por 20 días una carretera reclamando su «derecho al trabajo».
Sin embargo, en Cauca los indicadores de pobreza (58 %) son más altos que el promedio nacional (39,5 %).
Hay «comunidades que no tienen escuelas, que no tienen vivienda, que no tienen acueducto ¿Dónde está el desarrollo?», cuestiona el coordinador de las ocupaciones.
Dentro de su programa de reforma, Petro prevé ceder a los «colombianos más vulnerables» propiedades incautadas a narcotraficantes y ha llamado a negros e indígenas a bajar la tensión.
Si el diálogo propuesto por el gobierno no avanza «entonces vamos a seguir nuestro proceso porque tenemos miles de familias que carecen de un pedazo de tierra», anticipa uno de los líderes ocupantes.
Internacionales
Captura de 12 presuntos miembros del CJNG desata bloqueos y quema de vehículos en Michoacán
La captura de 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó este miércoles bloqueos en carreteras y la quema de vehículos en Michoacán, uno de los principales estados agrícolas de México y el mayor proveedor mundial de aguacate.
El operativo fue ejecutado por el Ejército mexicano, que vinculó a los detenidos con el poderoso grupo criminal. Entre los arrestados se encuentran la pareja y la hija del presunto líder local de una célula del CJNG, quien permanece prófugo.
Durante el despliegue de seguridad también fueron decomisadas armas y vehículos. Las autoridades mantienen efectivos de seguridad locales y federales en la zona para restablecer y preservar el orden.
Los bloqueos se produjeron en un contexto de creciente presión sobre la industria del aguacate en Michoacán, actividad que ha sido blanco de extorsiones y otras acciones de organizaciones criminales debido a su importancia económica.
El operativo ocurrió pocos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente, durante una semana, las importaciones de aguacate mexicano debido a amenazas contra los inspectores estadounidenses encargados de supervisar los cultivos y las empacadoras.
La violencia y las extorsiones representan un desafío para la producción y comercialización del aguacate en Michoacán, cuya actividad exportadora tiene una importante presencia en el mercado internacional.
Economía
Colombia descarta nuevos impuestos tras declarar emergencia por terremoto
El Gobierno de Colombia no contempla la creación de nuevos impuestos dentro de las medidas adoptadas mediante el Decreto 1261 de 2026, con el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica durante 30 días tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.
La decisión de no establecer nuevas cargas tributarias se encuentra entre los principales aspectos del decreto, que plantea mecanismos alternativos para obtener liquidez y financiar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Ejecutivo reconoce que la situación fiscal del país ya enfrentaba dificultades antes del terremoto. Según el decreto, durante 2024 y 2025 cerca de uno de cada cuatro pesos recaudados por impuestos fue destinado al pago de intereses de la deuda pública.
A esta situación se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó desfinanciado después de que el Congreso no aprobara la Ley de Financiamiento. De acuerdo con el Gobierno, esta situación redujo aún más el margen fiscal disponible para atender los daños provocados por el desastre natural.
Medidas tributarias temporales
Aunque el decreto no establece nuevos impuestos, sí contempla medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal para enfrentar las consecuencias económicas del terremoto.
Entre las primeras acciones se encuentra la modificación del calendario tributario para los contribuyentes obligados a declarar en los territorios afectados por el sismo. La medida busca otorgarles mayor liquidez mientras se recuperan las actividades económicas y productivas.
El Gobierno también contempla alivios tributarios temporales para los damnificados y contribuyentes ubicados en las zonas afectadas.
Según el Ejecutivo, estas medidas no buscan resolver el déficit fiscal estructural del país, sino liberar recursos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y contribuir a la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
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