Al menos cinco personas murieron y más de 1,800 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias que azotan el occidente, sur y parte del oriente y norte de Honduras, informó este miércoles la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo con la institución, diez de los 18 departamentos del país —varios de ellos fronterizos con Guatemala, El Salvador y Nicaragua— se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo.
Otros tres departamentos del centro, este y norte del territorio permanecen en alerta verde, como medida de precaución.

“El país continúa bajo la influencia de una vaguada en superficie, la cual favorece el transporte de humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico”, precisó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales en un comunicado.

Las autoridades reportaron, entre la semana pasada y este miércoles, 1,833 familias afectadas, de las cuales 697 están damnificadas y 11 han sido evacuadas.
Además, se contabilizan 1,500 viviendas dañadas, 19 destruidas por completo y 51 comunidades incomunicadas a causa del desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y daños en carreteras.

En la capital, Tegucigalpa, las lluvias han provocado inundaciones, hundimientos y derrumbes en varios barrios ubicados en zonas de alto riesgo, informó el alcalde Jorge Aldana.

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Habitantes de distintas regiones afectadas reportaron también pérdidas en cultivos agrícolas, agravando la situación de cientos de familias rurales.

El Gobierno de Guatemala presentó este miércoles ante el Congreso un proyecto de “Ley Antipandillas”, que propone endurecer las penas por extorsión y construir una cárcel de máxima seguridad, en respuesta al incremento de los homicidios registrados en el país.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos, mantienen una fuerte presencia en Guatemala y Honduras, donde se dedican principalmente a la extorsión de comerciantes y transportistas.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que la iniciativa busca aumentar de 8 a 15 años de prisión la pena por extorsión, entre otras reformas al Código Procesal Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

“Las maras y pandillas son un grupo de crimen organizado, claramente identificado, con jerarquía, mandos establecidos y un interés de ocupar más territorio y ampliar su gama de negocios”, señaló Jiménez ante una comisión legislativa.

El proyecto contempla además la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad, diseñado especialmente para pandilleros, que contaría con tecnología biométrica, celdas para dos reos y un hospital interno que evitaría el traslado de los detenidos a centros de salud externos.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó esta semana que la ley “responde a una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas para construir un país más seguro”. No obstante, el mandatario descartó replicar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuyo régimen de excepción ha llevado a prisión a miles de presuntos pandilleros, pero también ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la violencia, que ha llevado al gobierno guatemalteco a buscar medidas más severas sin apartarse del marco legal y los derechos fundamentales, según han asegurado las autoridades.

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa, contempla una asignación de $3,951 millones para el desarrollo social, lo que representa el 37.4 % del total de $10,555 millones proyectados en el plan de gastos anual.

Según el Ejecutivo, estos recursos se destinarán a programas, proyectos y áreas que fortalezcan las condiciones de vida de la población salvadoreña, con énfasis en la educación, la salud y la atención a sectores prioritarios.

Dentro de este componente, el área de Educación recibirá $1,641 millones, equivalentes al 41.54 % del monto total asignado al desarrollo social. La inversión permitirá continuar con el programa “Dos Escuelas X Día”, que impulsa la renovación integral de la infraestructura escolar pública, incluyendo reconstrucciones totales o remodelacionessegún las necesidades de cada centro educativo.

El área de Salud será la segunda más priorizada, con $1,265 millones (32.03 %), dirigidos al fortalecimiento del Sistema Integrado de Salud. El objetivo es ampliar la cobertura y garantizar el acceso a servicios médicos para la primera infancia, niñez, adolescencia, mujeres y personas adultas mayores.

Además, el presupuesto incluye recursos para asegurar el funcionamiento del Centro de Enfermedades No Transmisibles, que brinda atención especializada a pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicasque requieren tratamiento permanente.

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