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Centroamérica

Exdiputados y sus familias enfrentan procesos por millonarios incrementos patrimoniales no justificados

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió en abril enviar a juicio civil por enriquecimiento ilícito a cinco exdiputados de la Asamblea Legislativa —tres de Arena y dos de GANA— junto a sus familiares, tras encontrar indicios razonables de incrementos patrimoniales no justificados durante sus períodos en el cargo.

La decisión se tomó con base en los informes presentados por la Sección de Probidad y fue aprobada en la sesión plenaria del 24 de abril de 2025, según consta en el acta número 30 de la Corte Plena.

Los exlegisladores enfrentarán procesos civiles por presuntos aumentos patrimoniales que van desde los $214,683 hasta más de $3.8 millones.

El caso más alto corresponde a la exdiputada de Arena, Silvia Estela Ostorga de Escobar, y su esposo, quienes presentan un incremento no justificado de $3,822,778.28. La Sección de Probidad detectó 67 inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales de tres períodos legislativos, entre 2012 y 2021.

Por su parte, Abilio Orestes Rodríguez Menjívar, diputado de Arena entre 2012 y 2015, tiene un incremento patrimonial sospechoso de $214,683.22, atribuible a él y su cónyuge.

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El exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo (2012-2015), será procesado junto a su esposa por un enriquecimiento ilícito de $392,989.62, detectándose 25 inconsistencias, incluyendo depósitos bancarios sin respaldo, compra injustificada de vehículos y pagos de deudas.

También enfrenta juicio civil Jesús Grande, exlegislador de 2012 a 2015, por un supuesto enriquecimiento no justificado de $352,119.41.

Finalmente, el exdiputado de Arena, David Ernesto Reyes Molina, con períodos entre 2012 y 2021, tendrá que responder por un incremento patrimonial injustificado de $225,942.49, identificado en sus tres períodos, con 33 inconsistencias detectadas, entre ellas depósitos bancarios y adquisición de bienes.

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Centroamérica

Zamora denuncia irregularidades y pide su liberación ante la Corte Suprema de Guatemala

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022, exigió este martes su liberación durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva, en un proceso que calificó como plagado de irregularidades.

“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora ante el pleno, al denunciar que su caso se desarrolla dentro de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

Durante la diligencia, la defensa del periodista sostuvo que se han vulnerado sus derechos constitucionales, particularmente con la revocatoria de medidas sustitutivas basada en lo que calificaron como premisas falsas. El abogado Francisco Vivar aseguró que el Ministerio Público argumentó la existencia de audios escuchados en audiencias en las que Zamora nunca estuvo presente, lo que, según la defensa, evidencia una manipulación del proceso judicial para mantenerlo en prisión.

Zamora también denunció las condiciones de reclusión en la base militar Mariscal Zavala, donde permanece detenido. Según relató, se restringen visitas familiares sin previo aviso, se impide el ingreso de medicamentos y se aplican tratos que calificó de “sádicos” contra los internos, por órdenes arbitrarias del comandante de la instalación.

El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta además nuevas acusaciones, entre ellas una denuncia por discriminación presentada por la fiscal general Consuelo Porras. Al respecto, Zamora afirmó que su derecho a la crítica debe prevalecer en una democracia y calificó la actuación de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, sostuvo.

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La detención del periodista ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —relacionados con presunto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como fabricados y carentes de sustento. Zamora fue arrestado cinco días después de que elPeriódico publicara investigaciones que señalaban presuntos actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.

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Centroamérica

Informe acusa a Ortega y Murillo de profundizar el autoritarismo y perseguir la disidencia

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha profundizado su carácter autoritario mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de las medidas represivas contra la disidencia, según un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).

El documento advierte que el presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, y Murillo —recientemente designada como “copresidenta” tras las enmiendas constitucionales— han reforzado la persecución contra críticos del régimen, incluso aquellos que se encuentran en el exilio. Además, señala un proceso continuo de desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, sostiene el informe de HRW.

La organización recuerda que, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional —controlada por el partido oficialista— aprobó una reforma constitucional que designó a Murillo, entonces vicepresidenta y esposa de Ortega, como “copresidenta”, además de otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes Judicial y Legislativo.

HRW subraya que Ortega gobierna sin límites de mandato desde que una enmienda constitucional aprobada en 2014eliminó las restricciones a la reelección presidencial.

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El informe también denuncia que, durante 2025, el Ejecutivo amplió la represión para incluir a antiguos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre de ese año, se contabilizaban al menos 77 presos políticos en el país.

Asimismo, HRW alertó que en agosto murieron bajo custodia el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, tras permanecer semanas en condición de desaparición forzada. Con estos casos, el número de muertes bajo custodia estatal asciende a seis desde 2019, según la organización defensora de derechos humanos.

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Centroamérica

PNC reporta un nuevo día sin muertes violentas en El Salvador

El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con la institución de seguridad, durante la jornada del martes 3 de febrero no se registraron muertes violentas en el territorio nacional. “Finalizamos el martes 03 de febrero, con 0 homicidios en el país”, informó la corporación policial.

Con este resultado, el país suma dos días sin homicidios en lo que va del mes de febrero, correspondientes a los días 1 y 3, según el recuento oficial.

El Salvador ha sido señalado en los últimos años por la implementación de diversas estrategias de seguridad, que han permitido reducir de manera sostenida los índices de violencia y devolver la tranquilidad a las familias salvadoreñas, tras la captura de miles de pandilleros.

Entre las principales medidas destacan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que han sido observadas por otros países interesados en conocer el modelo de seguridad aplicado para el combate del crimen.

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