El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, tras la emisión de una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa e embajador designado ante el Vaticano, Iván Velásquez.

Durante un consejo de ministros transmitido en vivo, Petro instruyó a la canciller Laura Sarabia para que expidiera el acto administrativo correspondiente: «No entra (Porras) a Colombia, se prohíbe su entrada por denostar a gente honesta colombiana y burlarse de la dignidad colombiana».

La orden de detención contra Camargo y Velásquez fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, luego de una solicitud presentada por el Ministerio Público de Guatemala en el marco del caso Odebrecht. Según autoridades guatemaltecas, Velásquez y Camargo habrían aprobado acuerdos anómalos con directivos brasileños de la constructora en 2017 durante su paso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta sala judicial ha sido cuestionada por expertos por decisiones polémicas, incluyendo la detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos concretos, y por fallos contra el partido oficial Movimiento Semilla y exfuncionarios del sistema electoral.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró que Velásquez y Camargo gozan de inmunidad vinculada a su labor en la CICIG, por lo que la orden de captura carecería de validez legal. «El personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo con el Gobierno de Guatemala, tiene inmunidad frente a procesos judiciales relacionados con actos realizados en el ejercicio de su misión», indicó el portavoz de Guterres.

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CEL

La filial de Chiquita Brands en Panamá anunció el despido masivo de sus 1,600 empleados restantes tras más de un mes de huelga en rechazo a una reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno. La decisión fue confirmada este lunes 2 de junio en medio de una crisis sociopolítica que afecta al país desde marzo.

La reforma a la Seguridad Social, aprobada por el Congreso panameño, ha generado protestas masivas en la capital y en varias regiones, sin que el Ejecutivo haya retrocedido en su iniciativa. El malestar social se extiende también por otras controversias, como la posible reapertura de una mina de cobre y un acuerdo que permitiría la llegada de tropas militares estadounidenses para participar en la seguridad del Canal de Panamá.

En la región occidental del país, fronteriza con Costa Rica, las manifestaciones y bloqueos de carreteras continúan, con un fuerte protagonismo de los empleados de Chiquita, quienes mantienen su huelga a pesar de las propuestas del Gobierno.

Esta semana, la filial panameña anunció la terminación de todos los contratos de sus trabajadores y el traslado de sus operaciones a otros países. En mayo, la empresa ya había despedido a cerca de 5,000 jornaleros, medida que se justificó por el paro prolongado que suspendió la producción.

Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fueron capturados esta semana por los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la investigación, los policías obligaban a ciudadanos a retirar dinero de cajeros automáticos bajo amenazas. En caso de que las personas se negaran, eran arrestadas de forma arbitraria.

El caso salió a la luz tras la denuncia de dos víctimas, y fue respaldado por videos de cámaras de vigilancia que documentaron los hechos. Con base en esa evidencia, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal emitió las órdenes de captura el pasado 28 de mayo.

Los agentes detenidos fueron identificados como Hermenegildo Gómez (34 años), Ana Catalina Caal Bol (34), Elías Rodrigo Morente Volvito (28) y Pablo Ajsoc Dionisio (37). La Inspectoría General, unidad encargada de los controles internos dentro de la PNC, estuvo a cargo del caso.

El viceministro de Seguridad, José Portillo, condenó lo ocurrido y aseguró que «no se tolerará ningún acto de corrupción dentro de la institución».

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