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Centroamérica

Guatemala: 20 guardias entre los acusados por facilitar abuso de menores a manos de pandilleros

Un tribunal en Guatemala ha iniciado un proceso legal contra 29 individuos, incluidos 20 guardias de prisiones, por su presunta implicación en el ingreso ilegal de menores a centros penitenciarios para ser abusadas sexualmente por pandilleros encarcelados. La fiscalía hizo esta revelación el viernes pasado.

Según María José Mansilla, vocera de la fiscalía, entre los acusados se encuentra un oficial de policía y ocho miembros de la pandilla Barrio 18. Las investigaciones revelaron que menores de entre 12 y 16 años fueron llevadas a las prisiones, donde sufrieron abusos sexuales y fueron coaccionadas para unirse a la pandilla Barrio 18 y sus diferentes clicas.

«Las jóvenes eran captadas por medio de redes sociales, aplicaciones de mensajería, conexiones humanas y centros educativos», detalló Mansilla. Posteriormente, las menores eran instruidas para cometer delitos como nuevas integrantes de la pandilla y preparadas para las visitas a las cárceles, donde eran sometidas a abuso sexual.

Los guardias penitenciarios enfrentarán cargos por incumplimiento de deberes y el oficial de policía está acusado de violación con circunstancias agravantes. Los otros ocho acusados serán procesados por trata de personas en modalidad de reclutamiento de menores para actividades delictivas organizadas y explotación sexual, además de lavado de dinero y otros delitos.

La problemática de las pandillas en Guatemala es una fuente continua de violencia, con las autoridades reportando que los líderes pandilleros organizan extorsiones y ordenan asesinatos desde prisión. En 2023, la violencia relacionada con pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha resultó en 4,361 homicidios, la mitad de los cuales estaban relacionados con la lucha por el control territorial y extorsiones a comerciantes y transportistas.

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Centroamérica

Reforma impulsada por Ortega plantea más años de gobierno y cambios al sistema electoral

Nicaragua cancela personería jurídica de cinco ONGs y aprueba cierre "voluntario" de otras diez

La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años y establecer nuevas restricciones para la participación de sectores opositores en los procesos electorales, según informó este martes la Asamblea Nacional.

El proyecto fue recibido por el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, y está previsto que sea aprobado a inicios de septiembre junto con otras modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló al presentar la iniciativa que el nuevo modelo de gobierno plantea un período presidencial de siete años con posibilidad de renovación.

“Propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables”, expresó Porras al leer parte del documento, cuyo contenido completo aún no ha sido divulgado.

Según el legislador oficialista, la ampliación del mandato permitiría garantizar continuidad en los planes de gobierno y responder a los desafíos del país.

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La iniciativa también plantea impedir la participación electoral de sectores identificados por el gobierno como “vendepatrias” y “golpistas”, términos utilizados por Ortega y sus aliados para referirse a sus opositores políticos.

La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, afirmó que el proyecto fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y aseguró que antes de su aprobación se realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.

La nueva propuesta se suma a una reforma constitucional aprobada en 2024, que ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.

Esa modificación también retrasó hasta noviembre de 2027 las elecciones generales que estaban previstas originalmente para finales de 2026.

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Centroamérica

Perú y Honduras retoman diálogo bilateral tras restablecer relaciones diplomáticas

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, destacaron este martes el fortalecimiento del diálogo bilateral entre ambos países tras la reciente restitución de embajadores.

Los mandatarios sostuvieron un encuentro en Lima, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, previo a la ceremonia de toma de mando de Fujimori en el Palacio Legislativo.

Durante la reunión, en la que también participó el canciller peruano designado, Carlos Espá, se resaltó el nuevo impulso de la relación diplomática entre Perú y Honduras luego de que ambos gobiernos otorgaran en marzo pasado el beneplácito para reactivar la representación diplomática a nivel de embajadores.

Las relaciones entre ambos países habían atravesado un período de tensión desde 2023, cuando Perú retiró a su representante diplomático en Honduras tras cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte.

La Cancillería peruana informó que los dos países también acordaron compartir experiencias relacionadas con la gestión portuaria, como parte de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral.

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Asfura llegó a Lima para participar en la investidura de Fujimori y aprovechar su visita para fortalecer vínculos con Perú y otros países de la región. Según informó el Gobierno hondureño, su agenda incluyó reuniones con empresarios, autoridades y representantes internacionales para impulsar nuevas oportunidades de cooperación.

A su llegada a la capital peruana, el mandatario hondureño y la canciller Mireya Agüero fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Berthin Gómez Vela, y la embajadora de Honduras en Lima, Vania García Morales.

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Centroamérica

Régimen de excepción continuará vigente hasta agosto tras nueva aprobación legislativa

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga número 53 del régimen de excepción, una medida vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y que continuará aplicándose durante un mes más en todo el territorio nacional.

La extensión recibió 57 votos favorables durante la sesión plenaria y tendrá vigencia desde el 30 de julio hasta el próximo 28 de agosto. La aprobación contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

La solicitud fue presentada por el Consejo de Ministros, que argumentó ante los legisladores que la medida ha contribuido a fortalecer las acciones de seguridad pública, reducir los homicidios, capturar integrantes de estructuras criminales y recuperar zonas que anteriormente estaban bajo control de pandillas.

Durante la discusión legislativa, los diputados que apoyaron la prórroga destacaron los resultados obtenidos por la estrategia de seguridad del Gobierno y señalaron que el régimen de excepción ha sido una herramienta clave en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra de la extensión. Por su parte, la fracción de ARENA no contó con asistencia completa durante la votación; sus diputados Marcela Villatoro y Francisco Lira ingresaron al Salón Azul después de que finalizara el proceso nominal y público.

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Los legisladores que aprobaron la medida resaltaron que El Salvador acumula 1,167 días sin homicidios y que durante 2026 se han registrado 179 jornadas sin muertes violentas. Además, señalaron que en la administración del presidente Nayib Bukele el país suma 1,281 días sin asesinatos.

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