Centroamérica

España no entregará a pandillero salvadoreño debido a preocupaciones sobre garantías procesales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha recomendado al gobierno español que no extradite a El Salvador a un terrorista perteneciente a la pandilla 18, a pesar de que fue condenado en abril de 2023 a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública en El Salvador.

Según informa el diario español «el Periódico», el ministerio público español justificó esta recomendación en un escrito donde explica que «la situación actual» en El Salvador «resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales» y que existe un «estado penitenciario calamitoso».

El medio detalla que en la audiencia celebrada el pasado miércoles en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no se juzgaron los delitos presuntamente cometidos por el acusado, sino que se valoró si existen las garantías procesales mínimas en El Salvador para asegurar un juicio justo.

El informe de la Fiscalía salvadoreña revela que el imputado fue colaborador activo de la pandilla 18 entre 2012 y 2016, desempeñando el rol de «poste» para alertar sobre actividades policiales mientras la pandilla llevaba a cabo reuniones para planificar extorsiones, venta de drogas y adquisición de armas utilizadas en homicidios.

La decisión de la Fiscalía española de no extraditar al pandillero debido a presuntas vulneraciones de derechos contrasta con informes de comitivas internacionales que han verificado las condiciones carcelarias y han confirmado el respeto a los derechos de los reclusos.

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Uno de los testigos de este buen trato a los reclusos es el senador estadounidense Tom Cotton, quien durante su visita al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en marzo de este año, constató el respeto a los derechos de los privados de libertad, contradiciendo las afirmaciones de grupos de oposición. El legislador mencionó que los terroristas no son víctimas y respaldó los esfuerzos del presidente Bukele para restaurar el orden y el Estado de derecho en El Salvador.

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Centroamérica

Fiscalía decomisa más de 20 mil medicamentos irregulares en San Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con diversas instituciones gubernamentales, continúa desarrollando operativos en inmuebles de San Salvador donde han sido encontrados medicamentos de dudosa procedencia presuntamente distribuidos en tiendas y farmacias del país.

Según informó la institución fiscal, hasta el momento han sido decomisados más de 20,000 fármacos que no cuentan con registro sanitario ni con permisos legales para su comercialización y consumo en territorio salvadoreño.

Las autoridades señalaron además que algunos de los productos incautados presentaban viñetas falsificadas con nombres de reconocidos laboratorios farmacéuticos, lo que incrementa las sospechas sobre una posible red de distribución ilegal de medicamentos.

En los procedimientos participan elementos de la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección General de Aduanas.

“Se ha determinado que estos medicamentos pudieron ser ingresados al país de manera ilícita. Se prevé que los registros continúen en los próximos días”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

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Los operativos forman parte de una investigación iniciada tras el allanamiento realizado el pasado 29 de abril en dos locales ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador Centro.

En esos inmuebles, las autoridades encontraron medicamentos sin registros sanitarios y productos identificados con etiquetas presuntamente falsificadas. La investigación busca determinar el origen de los fármacos y la posible existencia de estructuras dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de medicinas.

Centroamérica

Panamá agradece respaldo internacional en disputa con China por el canal

El gobierno de Panamá agradeció este miércoles el respaldo recibido por parte de varios países, encabezados por Estados Unidos, en medio de la disputa con China relacionada con el canal de Panamá y la operación de puertos estratégicos en esa vía marítima.

La controversia surgió luego de que Panamá asumiera en febrero el control de dos puertos ubicados en el canal, anteriormente administrados por un conglomerado con sede en Hong Kong, tras una resolución emitida por la Corte Suprema panameña en enero.

Estados Unidos lideró una declaración conjunta junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que cuestionaron las acciones de Pekín y las calificaron como una amenaza para la soberanía regional.

“Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló el comunicado divulgado por el Departamento de Estado estadounidense.

El documento agregó que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”.

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Ante estas muestras de apoyo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a los países aliados.

“Agradecemos la solidaridad de países amigos. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el gobierno chino reaccionó a las declaraciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, calificó las acusaciones como “totalmente infundadas”.

La situación mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio marítimo mundial y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en la región.

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Centroamérica

SIP condena asesinato de periodista en Guatemala y exige investigación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical y pidió a las autoridades de Guatemala identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.

A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que este tipo de hechos representan una grave amenaza para la libertad de prensa en la región.

“El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, expresó Manigault.

Carlos Cal Ical falleció el pasado domingo luego de ser atacado a tiros por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la asociación de periodistas locales, el comunicador no había denunciado amenazas previas. Sin embargo, la organización indicó que no se descarta que el ataque esté vinculado con su trabajo periodístico.