El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles nuevas medidas de apoyo dirigidas a aproximadamente 200.000 familias del estado de Rio Grande do Sul, que se encuentra en estado de devastación tras graves inundaciones que han cobrado la vida de 150 personas y causado una gran destrucción.

Durante un acto en São Leopoldo, una ciudad parcialmente inundada en dicho estado, Lula aseguró que el Gobierno no solo auxiliará a las fuerzas productivas, sino que también brindará apoyo a cada familia afectada. Entre las nuevas ayudas destinadas «directamente a las personas», Lula anunció una asignación de 5.100 reales (aproximadamente 1.000 dólares) para las familias que perdieron sus utensilios domésticos, a ser entregada a través de la banca pública. Esta asistencia, que se estima beneficiará a unas 200.000 familias, representará un desembolso total de 1.200 millones de reales (unos 235 millones de dólares).

Además, se permitirá a los afectados acceder de manera anticipada a un fondo de garantías laborales y se facilitará el acceso al crédito público para la reconstrucción de viviendas o la compra de nuevas residencias.

En un movimiento para centralizar la asistencia federal, Lula formalizó la creación del Ministerio Extraordinario para la Recuperación de Rio Grande do Sul, liderado por Paulo Pimenta, actual titular de la cartera de Comunicación y originario de ese estado.

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Estas medidas se suman a otras propuestas anteriormente, como la suspensión por tres años del pago de la deuda de Rio Grande do Sul con el Tesoro, liberando así fondos para acciones inmediatas de reconstrucción de infraestructuras esenciales.

El presidente Lula ha visitado Rio Grande do Sul en tres ocasiones en las últimas dos semanas, mostrando un compromiso continuo con la recuperación de la región.

Además del apoyo nacional, Brasil también ha recibido ayuda financiera internacional, con organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y la CAF ofreciendo créditos por un total de aproximadamente 4.000 millones de dólares para respaldar los esfuerzos de reconstrucción en la región.

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El Gobierno colombiano ha oficializado su solicitud a España para que retorne el Tesoro Quimbaya, una colección de 122 piezas arqueológicas precolombinas que fueron regaladas al país europeo en 1893 y que actualmente se encuentran en el Museo de América de Madrid, según confirmaron fuentes oficiales este miércoles.

La petición fue enviada en una carta fechada el pasado 9 de mayo, firmada por los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y de las Culturas, Juan David Correa, dirigida a sus homólogos españoles, el canciller José Manuel Albares y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El asunto de la misiva es: «Propuesta para el retorno de la Colección Quimbaya a Colombia».

En la comunicación, los ministros colombianos señalan que diversas instancias han trabajado en busca de la recuperación y repatriación de la Colección Quimbaya, y en base a ello, solicitan el retorno de los Bienes de Interés Cultural asociados a dicha colección, que actualmente están en el Museo de América en Madrid.

La colección está compuesta por bienes arqueológicos, como cerámicas, orfebrería, utensilios líticos y objetos orgánicos, asociados al periodo Quimbaya Clásico, y fue entregada por el Gobierno colombiano al Reino de España en 1893, después de ser expoliada por guaqueros locales.

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Los ministros colombianos hacen la solicitud reconociendo el esfuerzo de las autoridades españolas en la conservación y protección de la colección, y enmarcan este gesto dentro de los modelos internacionales de descolonización de museos y el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos.

El Tesoro Quimbaya, descubierto en 1890 en el municipio de Filandia, departamento del Quindío, pertenece a la cultura precolombina Quimbaya y fue entregado a España por el entonces presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino, como muestra de agradecimiento por la ayuda prestada en una disputa limítrofe con Venezuela.

A pesar de esta solicitud formal, el Gobierno español afirmó en una respuesta parlamentaria el pasado 1 de febrero que «no hay dudas» sobre la titularidad española ni sobre la legalidad de la obtención del Tesoro Quimbaya.

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El Parlamento de Chile aprobó este lunes una ley destinada a resolver una millonaria deuda acumulada por las aseguradoras privadas de salud del país desde 2019, en cumplimiento de un fallo judicial. Esta medida también busca establecer una tabla única de precios para los planes de salud.

Con 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno a esta polémica norma, que ha generado fuertes críticas incluso dentro de la coalición de Gobierno liderada por el presidente progresista Gabriel Boric.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó que la ley busca servir a la justicia y brindar estabilidad al sistema de salud, aunque algunos legisladores de la oposición señalaron que es preocupante tener que legislar para regular el pago de una deuda en el ámbito de la salud privada.

La nueva ley establece que las aseguradoras privadas deberán presentar un plan de pago de la deuda a sus afiliados ante la Superintendencia de Salud. Se les otorga un plazo de 13 años para saldarla, extendido tres años más de lo propuesto inicialmente por el Gobierno.

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Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es que permite a las aseguradoras subir los precios de los planes con menos restricciones durante los próximos tres años, lo que ha generado preocupación entre algunos sectores de la sociedad.

Esta medida llega en un momento en que las Isapres, las instituciones de salud privada, se han declarado al borde de la quiebra debido a la pandemia y a un proceso judicial de 10 años que reconoció una serie de deudas de las empresas con sus clientes.