Internacionales
Los disturbios incitan a Haití a extender las medidas de emergencia, toque de queda en la región de la capital
El gobierno haitiano ha extendido el estado de emergencia por un mes en el Departamento Oeste, que incluye la capital, Puerto Príncipe, y ha prolongado el toque de queda durante cuatro días más frente a la situación de seguridad y la violencia en curso.
En un decreto publicado en una edición especial del boletín oficial de Haití, «Le Moniteur», y firmado por el Consejo de Ministros, se anuncia que «se ha emitido la orden de establecer un estado de emergencia en asuntos de seguridad en todo el Departamento del Oeste por un período de un mes».
Específicamente, en una declaración posterior firmada por el primer ministro interino Patrick Michel Boivert, en ausencia del primer ministro Ariel Henry, se detalla que el estado de emergencia estará en vigor desde el 7 de marzo hasta el 3 de abril.
Además, el gobierno ha decretado un toque de queda en ese departamento para este jueves, viernes y sábado de 6:00 p. m. a 5:00 a. m., hora local (11:00 p. m. a 10:00 a. m. GMT), y el domingo de 8:00 p. m. a 5:00 a. m., hora local (1:00 a. m. a 10:00 a. m. GMT).
El objetivo de esta medida, de la que se excluye a los agentes de seguridad pública, los bomberos, el personal de ambulancias, el personal médico y los periodistas debidamente identificados, es «restablecer el orden y tomar las medidas adecuadas para recuperar el control de la situación», añade el texto.
Además, cualquier manifestación pública, tanto de día como de noche, está prohibida en el Departamento Oeste.
«Se ha encomendado a las fuerzas del orden que utilicen todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a aquellos que lo violen», según el comunicado.
Estas decisiones se llegan después de que el estado de emergencia anterior y el toque de queda renovable de 72 horas decretado para esa área expiraran el miércoles debido a la escalada de la tensión en el país durante la última semana a manos de pandillas armadas y en ausencia de Ariel Henry, que actualmente se encuentra en Puerto Rico.
La violencia se intensificó tras el anuncio del jueves pasado del compromiso del Primer Ministro de celebrar elecciones a más tardar en agosto de 2025.
Desde entonces, las pandillas, que afirman estar persiguiendo la destitución del poder de Ariel Henry, han aumentado sus ataques y los tiroteos se han vuelto más frecuentes, especialmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe.
El sábado, el asalto a las dos prisiones principales de la capital por parte de grupos armados permitió la fuga de más de 3.000 reclusos.
La escalada de violencia comenzó con Ariel Henry fuera del país después de asistir a la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Guyana y viajar a Kenia para discutir la misión de seguridad multinacional aprobada por la ONU, que será dirigida por la nación africana.
Henry está ahora en Puerto Rico, donde llegó el martes después de no poder aterrizar en la República Dominicana y pasar varios días en un lugar desconocido.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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