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Haitianos acusan a dominicanos de hacer arrestos y expulsiones por motivos raciales
| Por AFP | Richard Pierrin con Amelie Baron in Paris |
Su pasaporte haitiano estaba en orden, con visas al día, por eso cuando la Policía de República Dominicana lo detuvo por varias horas, Josue Azor tuvo la certeza de que lo hizo por el color negro de su piel.
El arresto del joven fotógrafo se dio en medio de una ola de expulsiones de migrantes haitianos por parte del gobierno de Santo Domingo, siendo las personas negras el objetivo específico, según grupos de defensa de Haití. Una acusación que rechazan los dominicanos.
Haití y República Dominicana comparten la isla caribeña La Española. Sin embargo, sus economías y condiciones de vida difieren dramáticamente.
Mucho más rica en comparación, República Dominicana y su pujante industria turística atrae ciudadanos haitianos en busca de una mejor vida. El flujo de migrantes se ha disparado por la creciente inseguridad y el caos político que hacen la vida en Haití cada vez más desafiante.
Sin embargo, Josue Azor viajaba por motivos profesionales, pues trabaja con amigos dominicanos en una película animada. Acababa de llegar a Las Terrenas, un destino turístico en la costa noreste dominicana, cuando fue interceptado por la policía.
«Desde las afueras de la ciudad hasta la estación policial, los policías recogían a hombres jóvenes al azar, escogiéndolos por el color de su piel», dijo a la AFP el fotógrafo de 36 años.
«Fue como una cacería de haitianos», dijo.
Azor dijo que la Policía «estaba humillando a la gente» y que se negó a verificar sus documentos o a hacer una llamada telefónica, para luego ponerlo en una celda con una docena de haitianos.
Allí estuvo por varias horas y solo tras el arribo de activistas dominicanos, que acudieron por el llamado de uno de sus amigos, se le permitió probar su estatus regular.
Muro fronterizo
Con las pandillas criminales tomando cada vez más control de los barrios en Puerto Príncipe, la capital haitiana, el flujo de migrantes hacia República Dominicana se ha disparado, provocando un endurecimiento de las políticas de Santo Domingo hasta incluso construir un muro a lo largo de la mitad de la frontera común.
Solo entre septiembre y noviembre, las autoridades dominicanas expulsaron a más de 56.300 haitianos, muchos más que los 15.530 del mismo periodo de 2021, según el Grupo de Apoyo a Expatriados y Refugiados (GARR).
El «odio» y la «discriminación racial» subyacen en esa tendencia, alega esta organización haitiana.
Grupos de defensa de migrantes tanto en Santo Domingo como en Puerto Príncipe afirman que algunas expulsiones se han ejecutado ilegalmente en cruces de frontera no oficiales, con frecuencia en la noche, y a veces involucran a menores sin compañía.
No solo las oenegés han levantado críticas. En noviembre, Naciones Unidas pidió a los países parar de inmediato la repatriación de haitianos, dada la grave crisis humanitaria que azota el país.
Y a finales de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que reconsideraran sus viajes a República Dominicana, argumentando que algunos viajeros se habían quejado de retrasos o detenciones por el color de su piel.
«Hay evidencia de un prejuicio racial y de discriminación contra personas de complexión oscura, haitianos, o aquellos que son percibidos como haitianos», rezaba un informe de seguridad estadounidense.
Las autoridades dominicanas arremetieron contra el informe, al que calificaron de «ambiguo», en tanto indicaron que no ofrecía ninguna prueba de que existiera una violación sistemática a los derechos de los migrantes.
Consultado por la AFP acerca de las acusaciones de expulsiones por motivos raciales, el gobierno de República Dominicana declinó a comentar.
A comienzos de diciembre, el presidente dominicano Luis Abinader dijo que «el sacrificio hecho por República Dominicana ante el exceso de migrantes irregulares excede las posibilidades de asimilación».
El mandatario instó a una mayor asistencia internacional para Haití.
Sin embargo, el supuesto racismo oficial de República Dominicana parece haber encontrado eco en un pequeño pero muy activo movimiento ultranacionalista del país, que insiste en su propia identidad latina.
Este grupo demuestra con regularidad su aversión hacia la población negra, compuesta no solo por migrantes haitianos sino por dominicanos cuyos ancestros fueron esclavizados bajo el poder de la colonia española.
«En TikTok puedes ver a dominicanos negros describiendo situaciones humillantes de las que han sido objeto en su propio país», dice Edwin Paraison, director ejecutivo del grupo binacional de amistad Zile Fundation.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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