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Centroamérica

Fiscalía inicia proceso penal contra 180 pandilleros de la Mara Salvatrucha en La Libertad

En un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, la Fiscalía General de la República ha puesto en marcha un proceso penal contra 180 miembros de la Mara Salvatrucha, pertenecientes al programa Porteños. Estos individuos enfrentan cargos que incluyen homicidios, feminicidios, desapariciones de personas y privaciones de libertad.

La Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y Crimen Organizado ha llevado a cabo la investigación, que ha revelado la participación de pandilleros de varias clicas en actos delictivos durante los años 2017 y 2020 en municipios como el Puerto de La Libertad, Teotepeque, Chiltiupán, Jicalapa y Tamanique.

La documentación recopilada por fiscales y fuerzas policiales respalda la acusación de crimen organizado, y ahora se busca elevar el expediente a la etapa de instrucción. La audiencia de imposición de medidas está programada para la mañana de este viernes, donde se abordarán cargos que incluyen homicidio agravado, feminicidio agravado, desaparición de personas y proposición y conspiración de homicidios, así como el delito de agrupaciones ilícitas.

Uno de los fiscales destacó un caso particular que evolucionó de una privación de libertad a un feminicidio agravado. Después de una minuciosa investigación, se descubrieron restos óseos que, mediante pruebas de ADN, confirmaron la identidad de la víctima. Esta transformación en la naturaleza del delito destaca la gravedad de las acciones perpetradas por la Mara Salvatrucha.

Según la Fiscalía, la mayoría de los delitos imputados se cometieron en un lapso de tres años, respaldado por testimonios, documentos, pericias y análisis científicos. Además, agentes policiales realizaron un trabajo de campo para identificar territorios de operación, roles y funciones dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha, buscando así condenas severas de hasta 30 años por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Centroamérica

Fiscalía decomisa más de 20 mil medicamentos irregulares en San Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con diversas instituciones gubernamentales, continúa desarrollando operativos en inmuebles de San Salvador donde han sido encontrados medicamentos de dudosa procedencia presuntamente distribuidos en tiendas y farmacias del país.

Según informó la institución fiscal, hasta el momento han sido decomisados más de 20,000 fármacos que no cuentan con registro sanitario ni con permisos legales para su comercialización y consumo en territorio salvadoreño.

Las autoridades señalaron además que algunos de los productos incautados presentaban viñetas falsificadas con nombres de reconocidos laboratorios farmacéuticos, lo que incrementa las sospechas sobre una posible red de distribución ilegal de medicamentos.

En los procedimientos participan elementos de la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección General de Aduanas.

“Se ha determinado que estos medicamentos pudieron ser ingresados al país de manera ilícita. Se prevé que los registros continúen en los próximos días”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

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Los operativos forman parte de una investigación iniciada tras el allanamiento realizado el pasado 29 de abril en dos locales ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador Centro.

En esos inmuebles, las autoridades encontraron medicamentos sin registros sanitarios y productos identificados con etiquetas presuntamente falsificadas. La investigación busca determinar el origen de los fármacos y la posible existencia de estructuras dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de medicinas.

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Centroamérica

Panamá agradece respaldo internacional en disputa con China por el canal

El gobierno de Panamá agradeció este miércoles el respaldo recibido por parte de varios países, encabezados por Estados Unidos, en medio de la disputa con China relacionada con el canal de Panamá y la operación de puertos estratégicos en esa vía marítima.

La controversia surgió luego de que Panamá asumiera en febrero el control de dos puertos ubicados en el canal, anteriormente administrados por un conglomerado con sede en Hong Kong, tras una resolución emitida por la Corte Suprema panameña en enero.

Estados Unidos lideró una declaración conjunta junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que cuestionaron las acciones de Pekín y las calificaron como una amenaza para la soberanía regional.

“Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló el comunicado divulgado por el Departamento de Estado estadounidense.

El documento agregó que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”.

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Ante estas muestras de apoyo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a los países aliados.

“Agradecemos la solidaridad de países amigos. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el gobierno chino reaccionó a las declaraciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, calificó las acusaciones como “totalmente infundadas”.

La situación mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio marítimo mundial y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en la región.

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Centroamérica

SIP condena asesinato de periodista en Guatemala y exige investigación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical y pidió a las autoridades de Guatemala identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.

A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que este tipo de hechos representan una grave amenaza para la libertad de prensa en la región.

“El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, expresó Manigault.

Carlos Cal Ical falleció el pasado domingo luego de ser atacado a tiros por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la asociación de periodistas locales, el comunicador no había denunciado amenazas previas. Sin embargo, la organización indicó que no se descarta que el ataque esté vinculado con su trabajo periodístico.

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La SIP instó a las autoridades guatemaltecas a realizar una investigación exhaustiva y garantizar que el caso no quede en la impunidad.

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