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Prorrogan por treinta días más el régimen de excepción en El Salvador para combatir pandillas

Foto: @AsambleaSV

7 de diciembre | Redacción |

El pasado miércoles, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prórroga por treinta días adicionales del régimen de excepción en todo el territorio nacional. Esta herramienta, respaldada legalmente por la Constitución de la República, ha sido fundamental para brindar seguridad a los salvadoreños, especialmente ante la amenaza persistente de pandilleros, una problemática que afectó a la población en gobiernos anteriores.

La extensión del régimen de excepción iniciará el 13 de diciembre y concluirá el 11 de enero de 2024, según la decisión tomada por el parlamento. La solicitud para esta vigésima primera prórroga fue presentada por el Consejo de ministros y fue conocida con modificación de agenda durante la sesión, siendo aprobada posteriormente.

El gobierno salvadoreño solicitó la aprobación de esta medida tras enfrentar una ola de violentos asesinatos perpetrados por pandillas en doce de los catorce departamentos del país. En conjunto con el Plan Control Territorial (PTC), la estrategia ha conducido a la captura de más de 70,000 pandilleros, la recuperación de territorios previamente controlados por estas organizaciones criminales, y la interrupción de sus fuentes de financiamiento y actividades económicas.

Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública han reiterado que el régimen de excepción persistirá hasta que se haya detenido al último pandillero en el territorio nacional. Esta postura refleja el compromiso del gobierno salvadoreño en erradicar la amenaza de las pandillas y restaurar la paz y seguridad en el país.

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Las encuestas de opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional, subrayan el abrumador respaldo de la población hacia el régimen de excepción. La percepción general es que esta medida ha aportado tranquilidad a las comunidades, consolidando el apoyo de la ciudadanía hacia las acciones emprendidas por el gobierno para combatir la criminalidad.

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Centroamérica

TSE ajustará procesos tras reformas constitucionales para elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.

La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.

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Centroamérica

El Salvador: período presidencial será de seis años y se elimina segunda vuelta

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, una serie de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de actualizar el sistema electoral, optimizar recursos públicos y “fortalecer la democracia”, según lo expresado en la sesión plenaria.

Las modificaciones, propuestas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, permiten la reelección indefinida del presidente de la República, extienden el período presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.

Además, los legisladores aprobaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral, lo que permitirá realizar una única elección presidencial, legislativa y municipal. Esto implica que el mandato del presidente Nayib Bukele se acortará en dos años, pasando de 2029 a 2027.

La aprobación se dio durante la sesión plenaria ordinaria 66, y fue ratificada en la sesión plenaria ordinaria 67.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los cambios “no significan la creación de una nueva Constitución, sino reformas a la vigente de 1983”, recordando que esta ya ha sido modificada “no menos de 25 veces”, muchas de ellas entre 1992 y 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz.

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“Una de las ventajas para el pueblo es que cuando el pueblo elija a un presidente va a tener la oportunidad de premiar o castigar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo hasta ese momento”, afirmó Castro.

El legislador también aclaró que las reformas no alteran el proceso de elección de diputados ni de concejos municipales.

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Centroamérica

Adelantan elecciones presidenciales a 2027 en El Salvador

Los salvadoreños acudirán a las urnas en 2027 para elegir al próximo presidente de la República, dos años antes de lo previsto en el calendario electoral, luego de que la Asamblea Legislativa ratificara una reforma constitucionalimpulsada por la bancada de Nuevas Ideas, que modifica varios artículos de la Carta Magna para ordenar los ciclos electorales.

La propuesta, presentada por la diputada Ana Figueroa, fue aprobada con 57 votos en la sesión plenaria 66 y ratificada en la plenaria 67, sin el respaldo de los tres diputados de oposición de ARENA y VAMOS.

El decreto establece que, a partir de 2027, el período presidencial será de seis años, pero el actual mandato se reducirá a tres años para homologar los comicios presidenciales con los municipales y legislativos, de modo que las elecciones generales se realicen cada seis años.

Entre los cambios más relevantes, se incluye la posibilidad de reelección presidencial indefinida, siempre que la ciudadanía lo respalde en las urnas, y la eliminación de la segunda vuelta electoral, medida que —según Figueroa— generará un ahorro de 50 millones de dólares al Estado.

“El poder total reside en la población… usted, salvadoreño, es quien mejor puede juzgar si un funcionario está haciendo bien su trabajo”, afirmó la legisladora.

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Figueroa también argumentó que la idea de que la Constitución “no podía reformarse” fue un “candado” impuesto por los partidos tradicionales para mantener privilegios.

“El pueblo siempre tiene el derecho de revisar y cambiar su Constitución, y una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras. Nos han atado a leyes del pasado que ya no responden a nuestro entorno actual”, señaló.

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