Centroamérica
Misión de observación de la Unión Europea expresa profunda preocupación por acciones de la Fiscalía en Guatemala
13 de noviembre | Redacción |
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) ha presentado su informe final sobre el proceso electoral en Guatemala, expresando «estupor y profunda preocupación» por las acciones de la Fiscalía que allanaron la sede del ente encargado de las votaciones, revisaron papeletas y secuestraron documentos.
Jordi Cañas, jefe del grupo, destacó la amenaza que estas acciones representan para el proceso de transición de Gobierno liderado por el presidente electo Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla. Cañas enfatizó el compromiso de la Unión Europea de no dejar solos a los guatemaltecos y de luchar por la democracia.
El representante comunitario elogió la participación ciudadana en defensa de la democracia y destacó la labor de las Juntas Electorales y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes mostraron resiliencia y compromiso en un entorno caracterizado por limitaciones a la separación de poderes y restricciones a las libertades de expresión y de prensa.
El informe incluye 26 recomendaciones, entre ellas la necesidad de aclarar los criterios constitucionales para la inscripción de candidaturas y la definición de disposiciones sobre campaña anticipada para garantizar la libertad de expresión y el derecho al sufragio pasivo.
La MOE UE subraya que más de ocho mil observadores nacionales e internacionales acompañaron la segunda vuelta electoral en Guatemala, marcando un hito histórico en supervisión electoral. Sin embargo, continuas acciones de la Fiscalía provocaron protestas en las calles del país, lideradas por autoridades indígenas y organizaciones sociales que llevan 43 días consecutivos de manifestaciones.
En las últimas semanas, las protestas han cambiado su enfoque, centrándose en un plantón frente a la sede del Ministerio Público (MP) y exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana. La MOE UE insta a una resolución pacífica y democrática de las tensiones políticas en Guatemala.
Centroamérica
Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.
Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.
“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.
Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.
El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.
Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios
La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.
Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.
Centroamérica
Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.
“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.
El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.
Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.
Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.
Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.
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