Centroamérica
Levantan bloqueos en carreteras, pero las protestas exigen la renuncia de la fiscal general en Guatemala
23 de octubre | Redacción |
Después de 21 días de bloqueos y manifestaciones que paralizaron carreteras y calles en Guatemala, ayer se levantaron todos los obstáculos que impedían el tránsito. Sin embargo, los líderes indígenas anunciaron que las protestas para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, se concentrarán en la capital.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informó que los últimos tres tramos que permanecían cerrados en rutas de occidente, cerca de Sololá, fueron liberados, marcando el fin de las obstrucciones en las carreteras. No obstante, este levantamiento no pone fin a las protestas, ya que la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán anunció que continuará exigiendo la renuncia de Porras.
En una conferencia de prensa, el presidente de la mencionada organización indígena, Luis Pacheco, declaró: «Mantenemos nuestra postura» en cuanto a la dimisión de la fiscal general.
Los líderes indígenas han expresado su intención de mantener la presión frente a la sede del Ministerio Público en la capital, exigiendo no solo la renuncia de Consuelo Porras, sino también la de otros funcionarios, a quienes acusan de corrupción y de poner en peligro la democracia en el país.
A pesar de que algunos gremios empresariales han expresado su apoyo a la «voluntad popular claramente expresada a través del voto», han instado a cesar los bloqueos en las carreteras debido al daño económico que están causando al país.
Los líderes comunitarios han anunciado una estrategia de rotación para mantener un grupo de manifestantes frente a la sede del Ministerio Público, con el apoyo y representación de la mayoría de líderes comunitarios organizados, hasta que sus demandas sean atendidas.
La crisis política en Guatemala continúa sin una resolución clara, y aunque ha habido intentos de diálogo entre las autoridades electas, el sector empresarial y los líderes indígenas, no se han confirmado reuniones para esta semana. La población guatemalteca sigue dividida en cuanto a la gestión de la fiscal general y las demandas de cambio en el sistema judicial.
Centroamérica
Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.
Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.
“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.
Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.
El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.
Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios
La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.
Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.
Centroamérica
Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.
“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.
El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.
Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.
Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.
Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.
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